El Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica mantiene en alerta a comunidades mapuche, especialistas y parlamentarios, porque no existió consulta previa sobre materias que afectan a los pueblos, por ello no descartan frenar el proceso en instancias internacionales.
Existen distintos aspectos del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que afectan de forma particular a los pueblos indígenas. Uno de ellos tiene que ver con la pugna entre los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales.
El tratado señala que los derechos de propiedad intelectual serán protegidos, siempre que estén en el sistema de registro genético y de propiedad intelectual. Sin embargo, por lo general, los conocimientos de los pueblos indígenas no están inscritos, sino, por el contrario, son registrados por actores privados, o por corporaciones que se han apropiado de estos conocimientos.
En ese sentido, representantes del pueblo mapuche presentaron ante Naciones Unidas una acción denunciando a Chile por transgresión a los derechos humanos. La petición insta a que las autoridades de la ONU recomienden al gobierno rechazar la ratificación del TPP dado que el acuerdo amenaza los derecgos de todos los habitantes; también piden requerir que el Estado cumpla con la Consulta Indígena y que proteja los conocimientos tradicionales y lugares sagrados de los pueblos.
El Co-Director del Observatorio Ciudadano José Aylwin recordó también que el TPP reitera la obligación de Chile a ratificar el convenio UPOV-91 de obtentores vegetales, a lo que nuestro país ya se había comprometido con Estados Unidos.
Además, Aylwin advirtió sobre los conflictos que se pueden generar en materia de inversión: “Las inversiones que atraen estos tratados de libre comercio en el caso de nuestros países son, generalmente, inversiones extractivas de recursos naturales o inversiones asociadas. En el caso de Chile, los Tratados de Libre Comercio (TLC) claramente han incidido en las inversiones de la minería en el norte, las forestales y la salmonicultura en el sur, y que se sobreponen totalmente con las demandas de tierras y territorios de los pueblos indígenas”.
Aylwin afirmó que estas empresas han abierto mercado a firmas nacionales como las forestales, por ejemplo, Mininco del Grupo Matte, que cuenta con una fuerte oposición por parte de dirigentes mapuche por el uso y destrucción de terrenos ancestrales.
A esto se suma que, en el capítulo sobre inversiones del TPP, los Estados se comprometen a entregar a los inversionistas “un trato justo, equitativo y a darles seguridad plena”. Además, a no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, ya sea de forma directa o indirecta. Esto consideraría legislaciones que puedan “interferir en las expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, explicó el experto.
Por lo mismo, José Aylwin sostuvo que “no cabe la duda de que las disposiciones del TPP afectan directamente los derechos del sector y, por lo mismo, al amparo del Convenio 169 de la OIT, se afirma que se debe consultar a los pueblos originarios”.
Sin embargo, la Dirección de Comunicaciones (Direcom) realizó un diagnóstico preliminar y señaló que el tratado no afectaría a los pueblos indígenas por lo que éstos no deberían ser consultados.
Ana Llao Consejera Mapuche para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) acusó que detrás del TPP no solo hay interés económico, sino también político: “A un sector le interesa que este tratado se aplique y la Presidenta les ha dado señales claras al grado de que, nuevamente, estamos actuando sobre hechos consumados, pero no sé qué están pensando las autoridades porque hay varias contradicciones, por no decir incoherencias ante los discursos”.
Ana Llao afirmó que se están desarrollando diversas reuniones en las que el pueblo mapuche se está articulando para tomar medidas contra el tratado. Esto pese a que la Presidenta Michelle Bachelet piensa suscribirlo de aquí a febrero, previa aprobación del Congreso.
Sin embargo, diputados como la PC Camila Vallejo, o Gabriel Boric y Giorgio Jackson, advirtieron que si se pretende aprobar, se requiere una Consulta Indígena. En ese marco, el diputado de Revolución Democrática sostuvo que “es preocupante que los derechos se pasen a llevar tan fácilmente, pasando por encima de la ciudadanía con un acuerdo que no es un simple tratado comercial, sino una regulación amplia de alcances insospechados”.
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Publicado el 12 de diciembre de 2015
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