Apurar el tranco era la instrucción de La Moneda. Por eso, en menos de tres meses, la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, y su equipo corrieron por el encargo que les hizo el Presidente Sebastián Piñera: diseñar un proyecto de ley para una cirugía mayor al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la ley 19.300.
Así, los primeros días de junio, la cartera ya contaba con un texto para esta reforma, que ha ido perfeccionando con la Segpres, desde donde se apresta su envío a la Cámara de Diputados mañana.
El punto de partida fue aprovechar todos los insumos disponibles, sin convocar a una mesa de expertos que dilatara la misión. Y uno de los más importantes fue el informe de 492 páginas de la Comisión Asesora Presidencial para Revisión del SEIA en el gobierno anterior, que integraron diversos expertos del mundo académico, gremial y de las organizaciones sociales. Esa instancia, que lideró el ex ministro Pablo Badenier, trabajó durante nueve meses en un diagnóstico y posibles soluciones para hacer más efectivo y objetivo el proceso de calificación ambiental al que deben someterse los proyectos de inversión de distintos sectores de la economía. Lo entregaron a la Presidenta Bachelet en 2016, pero la tarea quedó postergada.
Según explica la ministra Cubillos -quien asistirá el martes a la sala de la Cámara para exponer-, el proyecto que ingresará a la Cámara tiene como base varias coincidencias con ese informe de la comisión asesora. Entre ellas, una mirada crítica a la labor de las comisiones evaluadoras regionales y al Consejo de Ministros, cuyas atribuciones se eliminan, y la necesidad de uniformar los criterios, potenciar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), definir mejor el tipo de proyectos que ingresan al sistema, cambiar la forma de otorgar los permisos ambientales sectoriales y ampliar la participación ciudadana.
En parte, la reforma al SEIA toma de ahí la idea de establecer una exigencia previa de un proceso de "participación anticipada de la comunidad", según la denomina el proyecto. Esa es la puerta que el titular de un proyecto deberá abrir, con una metodología regulada, para poder ingresar a calificación su estudio de impacto ambiental (EIA). No obstante, la fórmula difiere con la propuesta por la comisión asesora, que recomendaba un "relacionamiento temprano" con la comunidad, pero de carácter voluntario.
"Optamos por participación ciudadana previa obligatoria para los EIA, porque estamos convencidos de que es un proceso necesario para corregir las asimetrías de información que hoy sufren las comunidades. Cuando la participación se da solo después de ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, los proyectos se les presentan a las comunidades ya definidos. Eso genera desconfianza, y la desconfianza genera rechazo", enfatiza la ministra Cubillos.
Según la iniciativa del Ejecutivo, esta etapa puede extenderse por un plazo máximo de 18 meses, el cual corre desde que se publica en el Diario Oficial la convocatoria a la comunidad para que participe. Al final, todo termina en un acta protocolizada de eventuales acuerdos y desacuerdos, los cambios que se hicieron en el proyecto a raíz de este proceso, y debe incorporarse en los "términos de referencia ambientales" que sirven de base para la presentación del estudio de impacto ambiental en su ingreso a calificación. Una vez ingresado el EIA, se mantiene la etapa de actual participación (art. 29), pero se reduce el plazo para observaciones de 60 a 30 días.
En el caso de las obras y actividades que requieren solo declaraciones de impacto (DIA), la participación ciudadana previa será de carácter voluntario.
Al igual que ahora, los resultados de la participación ciudadana no serán vinculantes, advierten en el Ministerio del Medio Ambiente, porque más allá de los acuerdos y desacuerdos entre proponente y la comunidad, la evaluación de riesgos y medidas de mitigación en la zona de influencia tiene que ser técnica.
Se prevé que puede aumentar la injerencia de las comunidades donde se inserta un proyecto y lograr que el proponente haga cambios antes de tramitar su EIA.
El proyecto de reforma al SEIA contempla una estructura nueva para la calificación de los proyectos, que implica eliminar las comisiones de evaluación regionales y el Consejo de Ministros. Los permisos ambientales, si se aprueba el proyecto de ley, serán otorgados por una Comisión de Evaluación Macrozonal del área donde se desarrollen las obras materiales del proyecto ingresado al SEIA.
La iniciativa define tres comisiones macrozonales: Norte, con asiento en Antofagasta, integrada por las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; Centro, con asiento en Santiago, para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule; y Sur, para las regiones Ñuble, Biobío; La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Una vez obtenida la resolución de calificación ambiental (RCA), las quejas se pueden dirigir al tribunal ambiental correspondiente.
A su vez, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se desconcentrará territorialmente en las tres direcciones macrozonales correspondientes, las cuales se coordinarán con la dirección ejecutiva del SEA para establecer los criterios y lineamientos de evaluación de impacto. Pero se mantendrán oficinas regionales, donde se canalizará la participación ciudadana.
ENTRE LOS CAMBIOS propuestos al sistema, este proceso se plantea como obligatorio para las obras que requieren aprobar un estudio de impacto ambiental, pero en el caso de las declaraciones será voluntario. Luego, durante la evaluación, se mantiene la opción de observaciones ciudadanas, pero con un plazo que se reduce de 60 a 30 días.
Tweet
Publicado el 29 de julio de 2018
Visto 285 veces
