Consejo de Pueblos Atacameños asistió a la comisión que investiga acuerdo Corfo-SQM

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del acuerdo conciliatorio entre Corfo-SQM invitó al Consejo de Pueblos Atacameños a exponer sobre el caso. Organismo que busca clarificar el acuerdo que se celebró en enero de este año, a través del cual la Corporación entregó permisos de extracción hasta el año 2031 y aumentó la cuota de extracción de 180 toneladas de a 500 toneladas de litio.

El Consejo expuso sobre la cosmovisión Licanantay y la historia de su pueblo, sobre el extractivismo que existe por parte de las empresas mineras que están instaladas hoy en día en el salar de Atacama, las que extraen cerca de 4.000 litros de agua por segundo, además de los procesos judiciales que se viven actualmente entre Corfo y la empresa SQM.

"Se afecta a todos"
"Hoy en día nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, ya que tenemos una amenaza constante con el recurso hídrico, se habla de un desarrollo económico del país y se dejan de lado las condiciones básicas de un pueblo", sentenció el presidente del Consejo que aglutina a 18 comunidades atacameñas de la cuenca del salar, Manuel Salvatierra.

"La concentración y abuso de las empresas afectan a los bofedales y humedales, que existen en torno al salar de Atacama donde se realiza pastoreo. Tenemos una problemática, si se afecta un pueblo, se afectan todos", agregó el dirigente atacameño en la Comisión que preside el diputado de la región, Esteban Velásquez.

En tanto, el presidente de la comunidad de Peine, Sergio Cubillos, dijo que "la principal preocupación es cómo se entregan los permisos de agua actualmente, la minería ha existido siempre, pero no con los abusos que existen hoy en día. Nos parece irresponsable firmar contratos sin saber el estado en que se encuentra el salar de Atacama, cómo podemos seguir otorgando permisos de agua", cuestionó el comunero.

Los diputados asistentes a la comisión, por su parte, realizaron consultas sobre la relación Corfo-SQM, aristas legales, si existió o no consulta previa a las comunidades de la zona, qué tipo de contrato fue el celebrado, entre otras.

En julio, la Cámara aprobó la creación de la Comisión Especial Investigadora del acuerdo conciliatorio entre Corfo-SQM, para determinar las responsabilidades de los gobiernos en el origen, adopción y ejecución del convenio y el rol de Julio Ponce. Además de determinar si hay daño ambiental en la cuenca del salar.