La comunidad indígena de San Pedro de Atacama logró que la justicia revocara el permiso entregado a tres empresas de globos aerostáticos para operar en la zona. Eso luego que no se les consultara sobre la posibilidad de concretar la actividad turística que afectaría directamente sus territorios.
Los daños “se refieren principalmente al sobrevuelo a baja altura, ruidos molestos e invasión a la privacidad, y la vulneración al patrimonio arqueológico. Estos globos se mueven según la dirección del viento y no tienen lugar fijo para aterrizar ni despegar”, dijo a La Tercera la abogada de las comunidades, Carolina Sagredo, quien añadió que “para las comunidades tiene una enorme significación alterar los sitios de los abuelos, es una ofensa enorme para ellos”.
Wilson Reyes, consejero del pueblo atacameño ante la Conadi, señaló que “es necesario que los servicio públicos tomen conciencia de que los pueblos indígenas existimos y tiene que tomar en cuenta nuestra opinión antes de entregar permisos a privados”.
Ante los reclamos, la Corte Suprema emitió un fallo donde se indica que los permisos para operar los globos aerostáticos son inválidos dado que afectan el bienestar de las comunidades autóctonas de la región.
Al respecto, Ana Ramos, presidenta de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, hizo ver que “este fallo marca un precedente. Los globos tenían permiso para volar, pero no para invadir nuestra privacidad y, además, aterrizaban en cualquier parte, incluso en sitios patrimoniales o ahuyentando la fauna local con el ruido del motor”.
Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que permite este tipo de actividades, explicaron que no se hizo una consulta previa debido a que la regulación aeronáutica nacional e internacional no lo exigen. Sin embargo, con el fallo en sus manos señalaron que ya se dispuso la realización de un proceso de consulta a las comunidades que estarían afectadas.
Atacama Balloons es una de las empresas que ofrecía el servicio turístico. Cada paseo en globo cuesta alrededor de $200 mil y ante la decisión de la justicia indicaron que han tenido que devolver muchas reservas, quedando con pérdidas “enormes”.