Los grises del litio [Capítulo I]

El árbol es enorme. Es difícil adivinar su tamaño porque está solo. No hay ningún rastro de vegetación hasta que se pierde la vista en un paisaje en tonos ocres. Es la ventaja que tiene la soledad: no permite comparación. El viento desatado, algo violento, provoca un murmullo en sus ramas frondosas, de donde cuelgan pequeños botones algodonados de color amarillo.  

Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta y doctora en microbiología, se baja de su camioneta y va directo hacia él, como quien se encuentra con un viejo amigo. Lleva sombrero, lentes de sol y la ropa de alguien que sabe habitar el desierto.

—Creo que es un algarrobo—, dice Cristina Dorador mientras revisa las hojas. Luego apunta hacia los vestigios de lo que alguna vez fue una aldea.

—Esta fue una oficina salitrera. Hasta aquí llegaba la gente engañada y debía trabajar todo el día bajo el sol—, agrega frunciendo el ceño con la luz que llega directo hacia su rostro.

En 105.000 kilómetros cuadrados (40.540.73mi²), casi dos veces la superficie de Croacia, se ubica este desierto, el más seco e irradiado del planeta.  En el que se inspiraron poetas como Gabriela Mistral. O donde la NASA crea un campamento anual para simular que está en Marte. O donde se han filmado películas como Diarios de Motocicleta, sobre el viaje del Che Guevara. O donde se encuentra ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo. Hasta este rincón de Chile, entre la cordillera de los Andes y la de la Costa llegan— o llegaban antes de la pandemia— turistas, aventureros, empresarios, científicos y trasnacionales mineras.

Cuando comenzó la cuarentena por la Covid-19, en abril de 2020, los turistas desaparecieron, pero la minería siguió funcionando. En esos meses de hoteles vacíos, la gran minería del Cobre aumentó su producción. Y mientras el mundo comenzaba a encerrarse, el país con la mayor reserva de cobre en el planeta conseguía ganancias  por US$ 3.990 millones,un 38% más que en mismo período de 2019.

Cristina Dorador cuenta que la relación de esta región con la minería no es nueva. Que al hablar con personas oriundas de la zona, con padres, madres, abuelas y abuelos, casi todos han tenido algún tipo de dependencia laboral con actividades  extractivistas. Dice, también, que esa relación ha dejado secuelas, pues aunque parezca lo contrario, las reservas económicas del desierto se agotan.

—Aunque el salitre no se agotó— me dijo Dorador con precisión de científica— sino que siguió estas lógicas de reemplazo. Antes fue el guano, luego el nitrato de sodio, el salitre; después el cobre y ahora el litio. Ahora se habla del hidrógeno verde y al final es lo mismo. Todo se regula respecto a lo que quiere el hemisferio Norte.

Cristina Dorador nació en Antofagasta, una ciudad ubicada entre el desierto y el océano Pacífico, a unos mil 300 kilómetros (800 millas) desde Santiago. Emigró para estudiar y volvió para ejercer en un territorio que aún mantiene viva su capacidad de asombro. Por ejemplo, Cristina Dorador se sorprende de los colores del paisaje como quien observa por primera vez una pintura. Describe con el mismo entusiasmo los contrastes de los cerros, las nubes, el sonido del viento, el árbol solitario o los microorganismos que estudia. Es en su ejercicio cotidiano como científica e investigadora que ha visto las consecuencias del extractivismo en Chile, pues asegura que estas prácticas no involucran la conservación y el cuidado del ambiente, sino más bien realizan trámites administrativos o burocráticos para ejecutar  los megaproyectos, como ocurre actualmente con la minería del litio.

—Los salares son sistemas muy frágiles –me dice Dorador sentada en un salón de la Universidad de Antofagasta—Son sitios de alta biodiversidad, por algo muchos están protegidos en reservas o incluso en parques nacionales, pero también está esta paradoja de que son vistos como yacimientos. Son ecosistemas altamente complejos que tienen que ser vistos de esa manera.

La microbióloga explica que Chile lleva la marca de la minería en base al cobre y que ese modelo ha determinado una forma de hacer las cosas en las que cerros completos han desaparecido para ser convertidos en minerales y luego ser exportados.

En el caso del litio— dice Cristina Dorador—se transforma un ecosistema absolutamente.

Tanto la computadora donde escribo o el teléfono inteligente con el que nos comunicamos funcionan gracias a las baterías de iones de litio. Pero fue el auto eléctrico el que aumentó considerablemente su demanda en los mercados internacionales de los países más ricos de Europa y Asia. Los titulares se apresuran en asegurar que los autos eléctricos son “vitales para combatir el cambio climático”. El mismo día que Tesla anuncia que sus acciones rozan un máximo histórico, otra publicación, en el mismo medio, asegura que el aporte al planeta puede ser gracias a un coche de cuatro ruedas que no depende de gasolina. Una profecía autocumplida.

El 23 de septiembre de 2020, el presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso ante la 75º Asamblea General de la ONU, en el que destacó que “la abundancia del cobre y el litio nos otorga un gran potencial en todo lo que se refiere a la electromovilidad”. Sin embargo, este país con un poco más de 18 millones de habitantes, con un salario mínimo de  326.000 pesos — unos U$ 400— y que solo exporta el mineral en bruto, ya que no produce baterías, no vislumbra la llegada de la electromovilidad.

—Acá no va a llegar la electromovilidad, con los grandes problemas sociales que tenemos como país, la gran desigualdad que existe— advierte sería Dorador.

Dice que debemos asumir que somos un país pobre. Dice, también, que la mayoría de la gente gana muy poco dinero y no van a acceder a un auto eléctrico. Que tampoco la electromovilidad cumplirá su objetivo si no cambiamos nuestro estilo de vida y forma de consumir.

La mancha de la dictadura

Son las cuatro de la tarde del primer martes de diciembre en el Ayllu de Solcor, una comunidad ubicada en San Pedro de Atacama. Sonia Ramos sale de su casa rodeada por perros que la siguen batiendo sus colas y nos acompañan a la pequeña parcela que tiene al otro lado del camino. Si hay algo que le preocupa a esta mujer atacameña— 69 años, hablar despacio, gestos suaves— son los salares y el respeto a todo tipo de vida. No cree en el discurso que justifica la intervención a los salares asegurando que lo se extrae no es agua sino salmuera.

—Lo que está diciendo la minería no es lo correcto- dice Sonia Ramos- Para nosotros,  desde nuestra cosmovisión, la parina significa agua. Cuando las parinas emigran es porque hay carencia de agua en lugar donde había  habitualmente.

Sonía Ramos dice que la ausencia de estas aves rosadas de patas largas y delgadas que habitan el altiplano chileno es un indicador de que las aguas están disminuyendo a pasos agigantados y que por eso no ha parado de trabajar para proteger el salar. Varios hidrólogos de distintos países le han dicho que hay una conexión entre los salares y que la situación en que se encuentran es alarmante. Pero tenemos un Estado- dice- que legalmente no los va ayudar.

Fue precisamente la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), un organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional, la que entregó el control estratégico del Salar de Atacama. Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, comenzó a gestar un contrato a principios de la décadas de los ‘80 y que una década después le permitiría tener el control de este yacimiento de litio, el  más grande del mundo con 2.800 km (1739 millas). El Estado renunció a su rol de fiscalización y regulación, lo que le significó enormes pérdidas, permitiendo que Ponce Lerou se enriqueciera con el negocio minero. Pero esta millonaria fuga de capitales tuvo también otra arista: SQM Salar, la sociedad creada por Ponce Lerou para explotar el litio, protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en Chile, a través del financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos que salió a la luz a finales de 2014.

Además de SQM, el resto del litio chileno es explotado por empresas trasnacionales como la estadounidense Albemarle Corporation. Sonia Ramos considera que el extractivismo es el problema, pues necesitan grandes cantidades de agua en una región árida donde la sequía es una constante amenaza. La defensora del desierto, como prefiere denominarse, cree que sus ancestros aprovechaban los recursos sin intervenir al nivel de la gran minería.

—Ojalá antes de partir de la tierra pueda demostrar que es posible sobrevivir en el desierto con una economía sana

—Algunos dicen que el salar ya está perdido. ¿Usted no lo cree?

—No. No. Es una promesa que no se va a perder— dice segura Sonia Ramos

Apenas termina de responder una ráfaga impone silencio. Los árboles se sacuden por unos segundos.

—Aplaudieron, ¿se da cuenta? — dice en un tono cómplice— son los ancestros que aplaudieron

¿Quién decide?

El salar al que Sonia Ramos dedica su trabajo es la cuna de la cultura Licanantay, un pueblo indígena que habita lo que hoy se conoce como Atacama, según el nombre que los españoles entregaron a esta región. Su lengua principal fue el cunza, que predominó hasta fines del siglo XVII, y obligó a que los colonos necesitaran  intérpretes en sus visitas a los Ayllus, lo que en la actualidad se entiende como comunidades y que en su origen respondía a la organización familiar de estos pueblos indígenas andinos. San Pedro, Toconao, Soncor, Socaire y Peine, son algunas de las aldeas, pequeños oasis alrededor del gran Salar de Atacama.

Cristina Dorador comparte la preocupación con Sonia Ramos. A la científica le inquieta que la extracción de la salmuera se realice sin una previa investigación de los salares y las empresas mineras tomen decisiones que no se basan en la ciencia, sin suficiente evidencia. Los estudios de impacto ambiental son otro tema de controversia, pues en muchos casos existen conflictos de interés entre las consultoras que hacen estos informes y las compañías mineras, quienes tampoco transparentan toda la información.

—La legislación chilena no da el ancho para estudiar ambientes extremos como son los salares, desde el punto de vista ambiental— dice Dorador.

La particular geografía de Chile recorre unos 4 mil 200 kilómetros (2.609 millas) de largo. Si en Europa puedes recorrer 8 países en 2 mil kilómetros (1240 millas), en este país latinoamericano llegarías apenas a la mitad de su territorio. Las grandes distancias, pero sobre todo su forma de gobernar, lo han posicionado como el país más centralista de América Latina, recibiendo constantes llamados de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, para que adopte una perspectiva regional de desarrollo y aplique políticas de descentralización.

Quienes habitan estos territorios asumen las decisiones que se toman en Santiago, la capital, a unas 22 horas de distancia viajando por tierra desde San Pedro de Atacama. La comunidad local, los pueblos indígenas o los líderes comunitarios no  participan de manera vinculante o concreta en la toma de  decisiones  sobre su entorno.

—La participación ciudadana es un simulacro—me dice Dorador.

Chile tuvo la oportunidad de revertir estas políticas. El Acuerdo de Escazú, el primer gran tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe, fue firmado en 2018 por 22 países. Promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el convenio fue impulsado por Costa Rica y Chile, después de años de negociaciones. Pero en un giro que las comunidades y organizaciones ambientales no logran entender, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó firmarlo.

El acuerdo tiene un gran objetivo: garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Es decir, si en las últimas tres décadas hubiese existido un acuerdo con las características de Escazú, quizá la empresa minera canadiense Kinross no hubiese secado por completo las 70 hectareas que comprendían los humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. O no se hubiese autorizado el proyecto de oro y plata de Salares Norte, de la minera sudafricana Gold Fields, que implicó la relocalización de una colonia de 25 chinchillas, una especie en peligro crítico de extinción, y en cuyo traslado murieron dos y otra quedó herida. O quizás, la minera Collahuasi no hubiese secado el Salar de Michincha, ni La Escondida el Salar de Punta Negra. O incluso, al Salar de Coposa no le hubieran metido tuberías por debajo, obligando a regar los bofedales -lagunas altiplánicas- con manguera. Incluso, es probable, que la minera Cerro Colorado no hubiese provocado que entre los años 2000 y 2005 se secaran bofedales, una laguna y vertientes por causa de la extracción de agua. Si Chile hubiese firmado Escazú quizá impediría que el Salar de Atacama se seque por completo a causa de la extracción del litio y que esto provoque la muerte lenta de los ecosistemas y biodiversidad que habitan en él.

Todos los colores del litio

Cuando la exportación del litio se posicionó como una de las más importantes para la economía chilena, la prensa lo celebró. Unos años después, a medida que las prácticas mineras han provocado un daño evidente e irreversible en los ecosistemas y a las fuentes acuíferas y en el ambiente y en las comunidades, algunos medios denunciaron. “La guerra por el agua”, es uno de los titulares que más se repite cuando se habla de los conflictos socio ambientales en esta zona del norte chileno. Una imagen que supone dos bandos. Dos opciones. El bien contra el mal. Pero en este lugar de clima y condiciones extremas se imponen los matices. El litio no es solo “el oro blanco”. El más ligero de los metales también tiene grises.

Jorge Muñoz Coka dice que la situación es compleja. Que para entenderla hay que estar aquí. El presidente de la comunidad atacameña de Solcor llegó a San Pedro hace 10 años. Aunque su familia es originaria de este pueblo y siempre mantuvo el vínculo, él se crió en la ciudad.

Son las nueve de la mañana en San Pedro, pero el sol pica como si fuese mediodía. Jorge Muñoz Coka- delgado, piel bronceada, cabello azabache bajo los hombros- está parado frente a una casa tradicional atacameña, construida con adobe, piedra, paja, madera de chañar y algarrobo. Los muros color tierra, la puerta calipso como cielo.

—Cuando llegué a San Pedro aprendí a conocer con las manos. A meter las manos en la tierra, a construir en barro, en adobe. También aprendí agricultura— dice distraído por un gato famélico al que ha olvidado alimentar.

Jorge Muñoz Coka también es miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), un espacio diverso compuesto por profesionales y activistas que promueven la defensa de los salares y humedales  de Argentina, Bolivia y Chile. Esta década de descubrimientos ha sido muy importante en su vida porque le ha permitido volver a sus raíces.

En su rol como miembro de la Asociación de Regantes ha podido desmitificar la llamada “guerra por el agua”. Aunque reconoce que las mineras tienen responsabilidad, pues al intervenir el Salar de Atacama altera el equilibrio de la cuenca, ya que se extraen casi 2 mil litros por segundo. La región lleva sosteniendo una sequía y aún hay personas que no tienen acceso al agua potable.

Chile es el único país en el planeta que ha privatizado legalmente el agua. La Constitución actual trata a este elemento como un bien privado, lo que ha provocado una crisis hídrica que tiene al país enfrentando la emergencia climática en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero la única excepción está aquí: todos los miembros de la Asociación de Regantes son los dueños del agua. Aunque sólo los propietarios de predios y parcelas tienen derecho a voto, entre todos deciden cómo administrar.

—Ha sido bastante beneficioso porque es una voz colectiva y ha podido proteger un poco más el agua—, dice Jorge Muñoz. Y explica que ese espacio es uno de los rasgos más culturales que tienen en la zona porque allí se mezclan tradiciones, como la limpieza de los canales; los rituales y pueden observar los beneficios del riego para el cultivo del maíz.

—Si la agricultura no existiera acá, nosotros estaríamos bastante perdidos—dice Jorge Muñoz Coka.
Jorge Muñoz Coka, presidente de la comunidad atacameña de Solcor.Yasna Mussa.

El presidente de la comunidad  de Solcor cree que un punto de quiebre importante fue la creación de la Ley Indígena en 1993. Establecida en medio de la transición a la democracia, a juicio de Muñoz Coka—y también de Sonia Ramos— la normativa dejó fuera muchos aspectos culturales. Se garantizaron beneficios, pero se ignoraron tradiciones, visiones del mundo, organización y representatividad. Para decir que son indígenas en los papeles, dice también Muñoz Coka. Y lo resume en una anécdota:

—Un vecino me contó que cuando se creó la ley mi abuela le dijo: oiga, ¡ahora somos indígenas! Antes, éramos todos atacameños, pero a partir de eso se generó una nueva identidad.

La Carta Magna, redactada bajo la dictadura, no reconoce a los pueblos originarios de Chile. Pinochet impuso la idea de que el país tenía solo una identidad homogénea, por lo que la ley de 1993 intentó remediar en parte esa situación. El 25 de octubre de 2020 Chile aprobó con casi un 80% la posibilidad de escribir una nueva Constitución, la que será redactada por un órgano elegido a través del voto y que cuenta con escaños reservados para los pueblos indígenas.

—El Estado de Chile es muy inteligente para dividir-—me dirá después Sonia Ramos— La visión que yo manejo ancestralmente es de pueblo. La visión que existe en este momento es de comunidad. Pero comunidad significa división, significa un espacio dentro de un territorio y lo que ha pasado, es que el hombre empezó a ver por su territorio, pero no por su pueblo. El Estado de Chile fue súper hábil en ese aspecto porque logró dividirnos.

El tono de Sonia Ramos no cambia en ningún momento. Es dulce incluso cuando describe recuerdos tristes o dolorosos. Como cuando algunas comunidades han quedado sin recursos y desprovistas de todo, mientras pequeños poblados han conseguido el poder luego de negociar con mineras a cambio de grandes sumas de dinero.

Sonia Ramos recorrió esta geografía de la mano de su abuela. En sus recuerdos de infancia se cuela la historia de su pueblo transmitida por generaciones. Cuando comían huevos de parinas con la tranquilidad de que esto no afectaría el equilibrio en el salar, pues a los pocos días el ave rosada pondría otro en su lugar.

—Ese es el conocimiento que manejaban nuestros ancestros y que ahora entran en disputa cuando solo hablan desde Occidente, sin conocer el territorio— dice.

¡No queda nada!

Ingrid Garcés está acostumbrada a ser la excepción. Estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad de Antofagasta en una época en que no era común que las mujeres fueran al aula y mucho menos para estudiar ingeniería. De las cuatro que entraron, ella fue la única en terminar la carrera a tiempo. Comenzó su camino como académica en el Departamento de Ingeniería Química y Procesos Minerales hace más de 40 años, cuando su juventud y carácter también llamaban la atención. En su área, es la única que se ha interesado de manera tan cercana en los salares y en la industria del litio desde una mirada crítica hacia la minería. A causa de ese compromiso decidió unirse a OPSAL Los demás miembros de la organización la mantienen informada desde San Pedro, ubicado a unas 5 horas en auto desde Antofagasta, aun cuando Ingrid Garcés es la única del grupo que se resiste a usar WhatsApp.

—Ellos la están pasando sumamente mal. Como están un poquito aislados del resto de la gente se cree que está muy bien y no es así— dice Ingrid Garcés, describiendo la situación de San Pedro de Atacama en medio de la pandemia de la Covid-19 — Esa es la realidad. Están viviendo una gran sequía. Entonces yo creo que aquí no hay conciencia real del tema del recurso hídrico o de cómo está afectando enormemente.

Garcés asegura que esto se debe a que se han extraído grandes volúmenes de agua, olvidando a las 18 comunidades aledañas al  Salar de Atacama. Tiene la voz enérgica y dice frases directas sin perder su gesto amable. Insiste en que la sustentabilidad es también no abandonar a las personas.

—Solamente hemos extraído el recurso mineralógico, pero lo que queda en el mismo suelo y lo que comparten las comunidades es nada. ¡No queda nada!— dice con espanto.

Fue en un viaje hacia Arica cuando Ingid comenzó a mirar el desierto de una manera distinta. Aunque nació en el norte de Chile, fue durante ese recorrido acompañando a una colega que tomaba muestras para una investigación, cuando comenzó a encantarse con estos depósitos evaporíticos sobre los que hasta esa fecha, en 1984, no habían muchos estudios.

—Tuve la posibilidad de ver que los salares son un ecosistema vivo. No solo con mirar el recurso natural sino que también tienen recursos: por un lado el agua, que es la que le da la vida. Por otro, la biodiversidad que está a su alrededor y, por supuesto, prestan servicio a las personas.

La minería del litio ha generado grandes impactos en el Salar de Atacama, sobre todo en su borde Este, que es la zona más sensible. Ingrid Garcés dice que es ahí donde están los humedales que viven del agua dulce y no del agua salina, pues dan el sustento a la biodiversidad. Por efecto del bombeo los distintos niveles se contaminan y al disminuir el agua dulce, los humedales se secan. Como en un efecto dominó se rompe la cadena y disminuye la fauna, la flora y la población que depende de todos los factores anteriores.

Es una tarde nublada en Antofagasta. De lejos se ve el puerto, desde donde saldrán toneladas de litio. En Europa, al otro lado del mundo, Noruega acaba de anunciar que es el primer país en superar el 50 por ciento de autos eléctricos vendidos. Ingrid Garcés no conduce, pues prefiere el transporte público. Tampoco imagina un auto eléctrico andando por esta ciudad.