Toconao: Una comunidad de banderas negras

La cita es a las cuatro de la mañana en el gimnasio de Toconao.

Hacia el oeste se ve la luna brillar sobre el Salar de Atacama, distante a pocos kilómetros. Llegamos acompañando a un vecino de la comunidad. Hay apenas tres camionetas con las luces bajas esperando.

En silencio.

Estamos a 2,485 metros de altitud, en el borde de Toconao, un pueblo al interior de San Pedro, que es la puerta del Salar de Atacama, en esa parte del delgado mapa de Chile en que la cordillera se extiende al este como si fuese una nariz.

En pocos minutos, comienzan a llegar más camionetas, furgonetas y más autos de los miembros de la comunidad. En sigilo partimos en caravana en dirección a una de las entradas a las faenas de SQM.

Es aún de noche. El salar se ve como un mar oscuro antes de los macizos de la cordillera de la Sal y, un poco más al sur, la Cordillera de Domeyko. Al fondo, al otro lado del acuífero, se divisan las luces de las plantas de SQM y Albemarle que día y noche bombean salmuera del salar.

La caravana serpentea el camino que bordea el lado oriental del acuífero. La luna se ha ido, queda el cielo estrellado. La cruz del sur en el centro. Algunas camionetas llevan banderas negras, otras la Wiphala y otras el pabellón chileno.

Las comunidades de Socaire, Talabre y Camar esperan allá con su contingente.

Están acampadas en las afueras del campamento de SQM, conocido como P2, desde el martes 9 de enero, cuando se inició la movilización de las cinco comunidades lickanantay que se oponen al acuerdo entre Codelco y SQM que ampliaría la cuota de extracción de litio a 300 mil toneladas y perpetuaría a la empresa de Julio Ponce Lerou hasta el año 2060 en el negocio.

Aún es de noche cuando llegamos allí. Hay más de 40 vehículos, gente expectante, mujeres, niños abrigados. Se escucha ‘Por qué no se van’ de Los Prisioneros, luego Ráfaga y a seguir cumbias.

Sandra Cruz Reales, presidenta de la comunidad de Socaire, nos cuenta que “estamos desde el primer día con sistemas de turno de nuestra comunidad”.

Nos cuenta que su comunidad tiene los títulos de dominio de la zona y que en el lugar en donde hoy está instalado el campamento de SQM “alguna vez que nuestros comuneros pensaron un proyecto agrícola maravilloso, pero que hoy no se puede hacer posible”.

“Hemos mantenido la movilización por las demandas territoriales y la crisis del sistema hídrico -según nos cuenta-, porque la extracción de agua para las faenas mineras se realiza principalmente en territorios de la comunidad de Socaire”.

La toma programada para esta jornada se realizó en tres puntos: se mantuvo el contingente principal en el P2, en tanto que otro grupo se dirigió a la entrada al salar en dirección a Baquedano, en las proximidades de Peine; y un tercer colectivo se fue al cruce La Bicicleta, desde donde salen los camiones de SQM.

SE ENTERARON POR LA PRENSA

Meses llevaban esperando ser recibidos por la autoridad los integrantes del Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), conformado por las 18 comunidades pertenecientes a los pueblos atacameño- lickanantay que viven en San Pedro de Atacama, el valle del Loa y alrededores del acuífero.

“Después de una peregrinación de más de 4 meses recién el 14 de diciembre logramos acceder a la ministra de Minería, al señor Pacheco de Codelco y al gerente Ramos de SQM, con quienes acordamos que se concretaría un acuerdo tripartito entre el CPA y ellos”- cuenta Yermin Basques Mondaca, presidente de la comunidad de Toconao.

Los tres ejes de ese acuerdo garantizaban lo que las comunidades exigían: la aceptación de que las comunidades lickanantay son las dueñas ancestrales del territorio; la aplicación del Convenio 169, de la Ley Indígena y la Ley de Medio Ambiente; y, lo más gravitante, -según destaca Basques: “es que esta conversación partía de cero, con niveles de confianza asociados y de transparencia, con una mesa con una declaración de principios”.

Sin embargo, apenas dos semanas después se enteraron por la prensa de que Codelco y SQM anunciaban un Memorandum de Entendimiento (Mou) en el que acordaron concretar una sociedad para la explotación del litio en el acuífero de las comunidades, ampliando a 300 mil las toneladas anuales de extracción.

Quedaron perplejos.

Las autoridades de Codelco respondieron que como se trataba de una negociación entre grandes mineras, era necesaria cierta discreción sobre la participación accionaria.

“Si ves los acuerdos, no hablan de eso. Hablan de niveles de producción de 300 mil toneladas, hablan de que van a mejorar los procesos productivos. El acuerdo habla de muchas cosas que atañen directamente nuestro ecosistema y nosotros no estábamos enterados”- se queja Basques.

Conversamos con el dirigente en medio de la asamblea que decidió la toma. Hecha en el gimnasio del pueblo, asistieron un centenar de comuneros, la gran mayoría mujeres, preocupadas principalmente por la escasez de agua que se está notando en la cuenca.

Tras la discusión, acordaron ocupar la entrada a las faenas al día siguiente y se afanaron en hacer banderas negras para colocar en la fachada de las casas de Toconao.

Luis Buston Liendro, secretario comunidad Lickanantay de Toconao, recalca que “las comunidades del borde sur somos las más afectadas en el tema ambiental y en recursos hídricos”.

Son las comunidades de Toconao, Socaire, Camar, Talabre y Peine.

Respecto del pre-acuerdo, Buston comenta que “no es lo más conveniente para nosotros. Ya tenemos experiencia con las obras realizadas por SQM en el Salar de Atacama. Hay muchas demandas incumplidas, por lo que no era lo que esperábamos”.

El abogado y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Salvador Millaleo, en un foro reciente dedicado a la ética en la actividad minera comentó que “pese a que el acuerdo es presentado como el triunfo más importante del actual gobierno, nuevamente no se tomó en cuenta a las comunidades indígenas afectadas por esta política. Los pueblos nortinos no fueron considerados como contraparte válida”.

A juicio del analista, quien se desempeñó como encargado de temas indígenas al comienzo de la administración de Boric, esto “indica una ausencia de políticas indígenas del gobierno. Los lickanantay no han sido objeto de consulta y participación por el aumento de cuotas de extracción a 300 mil toneladas, lo que efectivamente va a afectar el salar. No ha habido consulta indígena. Tampoco se habla de un régimen de participación en los beneficios”.

UN ANTIGUO PUEBLO AGRÍCOLA

Toconao es un pueblo de no más de diez calles en las que durante el día, bajo las intensas horas de sol no se divisa un alma en las calles. En calle Vilaco, en una cuadra hay 3 casas con banderas negras; en las calles siguientes también hay quienes han puesto su pabellón de luto y unas cuadras más allá, saliendo del pueblo en dirección a San Pedro, también flamean trapos negros contra el acuerdo entre Codelco y SQM.

El último censo de población, realizado en 2017, del total de 607.534 habitantes de la región de Antofagasta, un 6 por ciento vive en áreas rurales y un 14% se identifica como perteneciente a un pueblo originario. Toconao es la comunidad indígena más grande del norte de Chile, integrada por unos mil socios.

La disputa con SQM tiene de fondo los recursos hídricos. Cuando en 2019, SQM estaba presentando su programa de cumplimento ambiental, avaluado en US $25 millones, el CPA ganó una recurso ante el tribunal ambiental, logrando así paralizar la expansión de las operaciones. Luego el CPA exigió la revocación de los permisos ambientales entregados a la minera, momento en que intervino la Superintendencia de Medio Ambiente, la que descartó el plan de cumplimiento de SQM y exigió una nuevo plan de manejo en la evaluación de los impactos producidos por la explotación del salar.

Tampoco SQM ha respetado las cuotas de extracción de salmuera y de agua permitidas para sus proyectos. En 2016, una inspección detectó que la minera extrajo más salmuera del salar de lo permitido entre agosto de 2013 y agosto de 2015, y que se alteraban o no registraban los datos de los pozos y de los umbrales de capacidad de agua de estos.

Conscientes de esta situación la comunidad de Toconao comenzó a diseñar un plan para medir ellos mismos el impacto de la minería en la zona, lo que comenzaron a hacer en el año 2019. Realizaron así un levantamiento técnico que comparó las hectáreas de cultivo agrícola existentes a comienzos de los noventa, que es cuando comenzó la actividad minera en el salar, con las actuales. Las conclusiones dan cuenta de una pérdida de un 70% de desarrollo agrícola en Toconao -nos cuenta Basques- quien llama la atención sobre el daño hidrogeológico de la cuenca del salar.

EL PROBLEMA DEL AGUA

En la asamblea realizada en el gimnasio el tema que más aparece en las intervenciones es la falta de agua. Uno de los comuneros, Marcelo Gavea, nos cuenta que “antes de las mineras vivíamos de la agricultura y los animalitos. Ahora no se pueden criar animales porque el agua es muy poca. Había un río que bajaba por una quebrada, pero se secó. No trae nada de agua desde que llegó SQM”.

Luego interviene Elizabeth Cruz Salinas, que recalca que “estamos acá por el medio ambiente, lo que está pasando con Codelco y SQM que ampliarán la explotación del salar. Dicen que no está relacionado, pero ha bajado mucho el suministro del agua, un elemento tan básico para poder tener agricultura. Si se ve incluso que la fauna está disminuyendo”.

Esperanza Jara, a seguir, dijo que “estoy acá por todo lo que está pasando en nuestro territorio, porque hemos sido vulnerados en nuestros derechos como indígenas, como atacameños que somos. Esto de SQM, Corfo y todos ellos decidieron a espaldas de nosotros y sin tomarnos en cuenta como pueblos originarios que somos”.

Los derechos de agua de pueblos atacameños fueron considerados por la abogada y académica, Nancy Yáñez, hoy ministra presidenta del Tribunal Constitucional; junto al geógrafo y doctor en Antropología, Raúl Molina, en un libro dedicado a la gran minería y los derechos indígenas, publicado en 2008. Los investigadores señalaron que la Dirección General de Aguas (DGA) “privilegia la constitución de derechos de agua a favor de empresas que hacen uso industrial del agua por sobre los derechos fundados en usos tradicionales, al tiempo que carece de mecanismos que le permitan fiscalizar de manera eficiente el impacto del uso industrial del agua en los ecosistemas y en el ejercicio de los derechos de agua ancestrales”(1).

El diagnóstico fue hace 16 años.

Ramón Balcázar, del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA), comenta a partir de datos del Comité de Minería no Metálica (Corfo), la extracción de agua del acuífero de Atacama a partir de la actividad minera es de más de 8 mil litros por segundo, en tanto que la capacidad de recarga es de 6 mil litros/seg., generando un desbalance permanente. “Se han declarado agotadas las cuencas de los ríos San Pedro y Quilapa”- destaca.

No hay estudio oficiales que sean capaces de medir las reservas de agua de la cuenca del Salar de Atacama. Los cálculos que hay son los realizados por las propias mineras que explotan el salar (SQM y Albemarle), datos que son información confidencial.

Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la School of Geographical Sciences and Urban Planning, de la Arizona State University (EE.UU.), comparó imágenes satelitales y espectroradiometría del Salar de Atacama en el curso de 20 años (1997-2017), evidenciando que el aumento de la cobertura espacial de las pozas de evaporación de litio está afectando la cuenca completa del acuífero. Detectaron además la disminución de la cobertura vegetal, aumento de temperatura y descenso en la humedad del suelo.

Ingrid Garcés, investigadora del área de Procesos Químicos y Minerales de la Universidad de Antofagasta, comenta que “sí o sí la minería tendrá un impacto en la zona. No hay sustentabilidad en la minería, hay impacto 0 en el medio ambiente porque al hacer extracciones siempre habrá un efecto, ya sea mayor o menor. En este caso, es mayor el impacto al extraer agua, ya que está relacionada con el ecosistema”.

UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA

Pasadas las 10 de la mañana se despejaron los accesos a las faenas de SQM y se congregan las comunidades en el P2. Se evaluó que el mensaje fue dado en forma contundente, por lo que se concluyó la toma. En una camioneta traen un pan con queso y bebida como desayuno, se escuchan cumbias y se corta a ratos la ruta. Un bus con trabajadores en dirección a las instalaciones mineras queda parado.

A juicio de Millaleo con el acuerdo de SQM-Codelco “se está incubando problemas de índole política jurídica, que la actual política minera no está abordando adecuadamente, lo que abre la posibilidad de que las comunidades interpongan recursos de protección. Para ello, las comunidades atacameñas deben definir una estrategia política y jurídica clara”.

A las 11 llaman por teléfono a Yermin Basques. Es un asesor de la delegación presidencial de Antofagasta. Basques coloca la llamada en alta para que todos puedan escuchar. Se escucha una voz joven, quien cuenta que ya se comunicó con Minería. “Le transmití la solicitud que hicieron. Me iban a buscar una fecha, en la medida en que ustedes conformen una articulación formal”- se escucha al otro lado de la línea.

– ¿Hace cuanto habló con Minería? – pregunta Basques.

– Hace 20 minutos – responde el vocero.

Una desánimo general se extendió entre la multitud. Unos mueven la cabeza y fruncen el ceño, al lado mio una mujer baja el rostro se pone los dedos en las sienes y otros más allá reclaman la falta de atención y agilidad de las autoridades.

Tras una pausa, Basques retoma la conversación diciendo que “esperamos que esto nos permita un mejor nivel de conversaciones. Tienen ustedes la pelota”.

Piden la visita del presidente Gabriel Boric, quien en campaña se comprometió a visitar los pueblos atacameños lickanantay.

La invitación está hecha y es formulada nuevamente.

– Que se cuiden ahí porque el sol está implacable- responde el asesor.

Un chaaa! Generalizado se extendió cuando el sol ya iba para su cenit. Los ánimos oscilaban entre la risa y la molestia.

Primó lo primero.

– Bloqueador no usamos acá porque nuestra piel está curtida – respondió Basques.

Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Yáñez, Nancy; Molina, Raúl. La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile. LOM Ediciones, Santiago, 2008.