El litio refuerza disputas en el desierto de Atacama en Chile

Efectos en los ecosistemas tienen en un constante litigio a comunidades y empresas mineras de litio en Chile

A pesar de haber sido declarado un recurso estratégico, la explotación del litio en Chile está rodeada de dificultades. Por casi cuatro años la actividad ha originado una disputa legal entre las comunidades del desierto de Atacama y SQM, una de las empresas más importantes del país, parcialmente propiedad de la china Tianqui desde 2019.

A unos 1.500 km al norte de Santiago de Chile, se ubica el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Allí, el sol es indolente y termina evaporando todo lo que esté en estado líquido. Este paisaje inhóspito que alguna vez contuvo enormes masas de agua hoy esconde bajo la superficie lo que queda de ella, mezclada con minerales que la vuelven aún más codiciada.

Históricamente el desierto de Atacama ha sido un punto clave para la minería chilena. Primero con el salitre, a principios del siglo pasado; luego con el cobre, que aún sigue siendo la principal exportación del país; y ahora se le suma el litio. Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo después de Australia y la actividad está en expansión.

Con el desarrollo de los autos eléctricos a nivel global, se necesitan grandes cantidades de litio para sus baterías, elevando el valor de este mineral no metálico. Aún así, el costo de la extracción para el medio ambiente se proyecta alto, aunque todavía no se termine de dimensionar su total alcance. Es ese posible daño que despierta preocupación en las comunidades de Chile.

Infracciones

Desde 1980, dos empresas explotan el litio en el salar de Atacama en Chile, que tiene un tercio de las reservas mundiales del mineral. SQM y Albemarle poseen contratos de alquiler allí con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la agencia gubernamental encargada de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad.

Sus operaciones se rigen por las regulaciones medioambientales como las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que entre otras cosas establecen las cuotas de extracción.

En el año 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad estatal que fiscaliza los permisos ambientales, inició un proceso sancionatorio contra SQM porque esta extrajo más salmuera que la cuota fijada dañando así los ecosistemas.

El litio se obtiene extrayendo salmuera, o agua con metales disueltos en ella (como litio y potasio), del salar. Millones de metros cúbicos de este líquido se dejan evaporar con el calor del desierto, en enormes piscinas, para elevar la concentración de litio de 1 a 6%. El proceso termina en una planta cerrada.

La cantidad de extracción de esa salmuera es lo que SQM sobrepasó por lo que para no perder su permiso ambiental debió presentar un plan para resarcir el daño. Este contemplaba la inversión de US$25 millones en un nuevo sistema de monitoreo, entre otras cosas. En enero de 2019 el plan fue aprobado y el proceso sancionatorio no prosiguió.

Pero las comunidades que viven en la zona, encabezadas por el Consejo de Pueblos Atacameños, no estuvieron de acuerdo, ya que para ellas el plan no reparaba el daño que se había provocado. Así, en diciembre de 2019 el Tribunal Ambiental falló a favor de ellas. SQM y la Superintendencia de Medio Ambiente pidieron en la Corte Suprema que se anulara el fallo, pero finalmente desistieron.

La extracción minera en el salar de Atacama siempre ha sido compleja. “El constructo histórico es que el desierto no tiene más atractivo que las riquezas naturales y minerales, dejando de lado la riqueza humana, cultural, y la biológica”, dice Cristina Dorador, experta en ecología microbiana y académica de la Universidad de Antofagasta.

Es por ello que para Dorador el nivel de protección de los salares y la normativa existente no son suficientes. “Estos son sistemas complejos y frágiles que requieren tener una mayor atención científica independiente y con preguntas no solo vinculadas a la industria”, señala.

Las condiciones que se dan en este ecosistema de Chile son únicas en el mundo. Posee un alto endemismo y muchas de las especies han desarrollado adaptaciones a condiciones extremas de temperatura y radiación, como los extremófilos.

Nueva etapa 

En 2018 SQM y Corfo actualizaron su contrato de alquiler en Atacama y uno de los aspectos que este estableció fue el aumento en la extracción de litio, quintuplicando la cantidad.

Consultada por Diálogo Chino, Corfo aclaró que ello no implica aumentos en la extracción de salmuera del salar. “Las cantidades siguen siendo las mismas que las aprobada por la autoridad ambiental”, expresó. Hasta ese entonces, parte del litio no era procesado por sobrepasar la cuota. De ahí saldría la diferencia.

Otro de los puntos actualizados en el contrato es la información exigida a SQM sobre el monitoreo del impacto de sus operaciones en el medio ambiente. Esta debía ser entregada a la entidad estatal este mes de octubre, pero la empresa se adelantó un mes al lanzar una plataforma de monitoreo en línea. Esta, además, es abierta.

El objetivo de la plataforma es dar a conocer tanto los niveles de agua como de salmuera, así como también un plan de seguimiento ambiental e hidrogeológico, explica Javier Silva, gerente de Administración de SQM. En una segunda etapa se publicarán datos de monitoreo de flora y fauna del sector, recolectados desde el 2000, los que también incluirán información de los extremófilos.

Estos son sistemas complejos y frágiles que requieren tener una mayor atención científica independiente y con preguntas no solo vinculadas a la industria

La plataforma de SQM se complementará con otra similar que Corfo está desarrollando internamente y en forma independiente. La misma verificará la consistencia de los datos presentados por SQM y será utilizada por entes fiscalizadores y autoridades de gobierno, realizando un seguimiento de las variables ambientales más importantes.

“La plataforma de monitoreo es la forma de trasparentar lo que hacemos”, dice Javier Silva. “En general existe un desconocimiento sobre el proceso (de extracción de litio) y cómo este afecta al ambiente y la comunidad. En esa línea, la mejor forma es educar para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones”, agrega.

Para Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, la plataforma de monitoreo en línea es insuficiente. “Con ella no se puede tener seguridad de que no se está afectando a la fauna y flora. No se puede saber el estado de esta última, por ejemplo, con solo la descripción de lo que se está secando”, dice. A su juicio el monitoreo debería tener un criterio más pertinente, donde se estudie el impacto de manera macro y a lo largo del tiempo.

Javier Silva cuenta que SQM ha contactado a las distintas comunidades de la zona para presentarles la plataforma y así poder tener en cuenta sus comentarios e introducir mejoras. Lady Sandón confirma la invitación, pero asegura que no está entre las prioridades de la comunidad y, además, la asamblea del Consejo decidió eliminar todo contacto con la empresa.

El cese de la comunicación se ha dado, entre otras cosas, por las posturas radicales que han surgido a lo largo de los años. “Nunca estuvo la voluntad ni la intención de trabajar en conjunto, como ocurrió con otras empresas. Tuvieron cuatro años para acercarse y no lo hicieron”, asegura la dirigente.

A ello se suman las diferencias que dentro de las comunidades ha generado los acercamientos de SQM, las que tuvieron su momento alto en agosto pasado cuando una de ellas, Camar, firmó un acuerdo extra judicial con la empresa.

Además de impulsar que el proceso sancionatorio siga su curso, el Consejo de Pueblos Atacameños está preparándose para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso que se vio detenido por la pandemia.

En la actualización del contrato de SQM con Corfo, también se establecen aportes anuales de fondos para el financiamiento de proyectos de inversión y fomento que promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama.

Corfo afirma que lo anterior tiene relación con “la necesidad de que el Estado acreciente su presencia como garante y fiscalizador, y que se contemple una mirada hacia los salares en su conjunto, correspondiendo no sólo la riqueza mineral, sino también su entorno ambiental y social, propiciando la sustentabilidad de los salares y el valor compartido con las comunidades aledañas”.

Esto sería una forma de mitigar o compensar las externalidades generadas por las actividades de extracción y comercialización del litio.

Pero el problema está lejos de encontrar un punto de equilibrio. En diciembre pasado cuando se rechazó el plan de cumplimiento de SQM, se hizo porque este se basaba en ciencia cuestionable o en incertezas científicas. De momento el salar no cuenta con un modelo hidrológico que permita medir el impacto de la actividad minera.

Junto con SQM y Albemarle, hay dos mineras que extraen cobre en el salar: Zaldívar y Escondida. Esta última, la mina de cobre más grande del mundo, también está en un proceso sancionatorio desde julio. La razón es la disminución de los niveles de agua subterránea bajo lo establecido en su permiso ambiental en el sector de Tilopozo, al sur del salar. La empresa lo niega.