Gobierno buscará normar el Convenio 169 a través de la ley de Concesiones Eléctricas

El convenio 169 de la OIT, la forma en que se aplica y cómo delimitar su campo de acción, se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno y en un cuento de nunca acabar.

A meses de terminar su mandato, lo que se propone el Ejecutivo (y en lo que está trabajando en una mesa de trabajo con comunidades y en otras instancias) es poder establecer límites de una vez por todas. En concreto, cómo llevar adelante la consulta y la participación indígena en los proyectos de inversión.

El problema es que no hay mucho interés de la contraparte en avanzar. Por ahora, los grupos indígenas están cómodos con el actual escenario, pues como no hay un reglamento, el alcance del convenio que protege sus derechos frente a iniciativas de inversión es casi ilimitado.

Así, ha sido la Corte Suprema la que ha tenido que zanjar el tema. Recién el año pasado, tras largo tiempo discutiendo, se llegó al acuerdo de que la consulta indígena se realizaría a través de la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues es este punto en el que, en Chile, se realizan las consultas indígenas.

Toda esta discusión se ha trasladado ahora al Parlamento. En particular, a las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras, donde se tramitan los proyectos de ley de Concesiones Eléctricas y de Carretera Eléctrica. En el primer caso, mañana se votarán las indicaciones a la iniciativa, entre las que se cuenta, precisamente, una propuesta que busca regular la consulta indígena dentro de la ley. Hoy existen dos indicaciones que van en la misma línea: una del gobierno y otra de los parlamentarios de oposición.

Un abogado ligado al sector eléctrico y territorial plantea que introducir una indicación podría no ser un buen camino, pues podría presentar problemas de forma y de fondo. Sobre la forma, la duda es si la indicación que finalmente quede incorporada al texto de la ley obligará a someter a consulta el propio proyecto, pues el convenio establece que deben someterse a consulta todas las normativas que regulen o afecten a las comunidades indígenas.

En caso de que la indicación entre en el detalle de la consulta, podría llevar a grupos indígenas a recurrir al Tribunal Constitucional, como ocurrió con la ley de Pesca, aunque el TC rechazó el requerimiento. 

No es la única duda. “La obligación de la consulta es una norma de aplicación general y sería algo muy especial que una ley particular, como la de carretera eléctrica, contenga un procedimiento de consulta indígena que solo se aplicara a dicho caso”, plantea el socio de Carcelén y Cia, Jerónimo Carcelén.

COMPROMISO
En relación con el proyecto de carretera eléctrica, el gobierno, a través del ministro de Energía, Jorge Bunster, comprometió en diciembre del año pasado el envío de una indicación que introdujera el Convenio 169 y, en particular, el requisito de realizar una consulta indígena, señalando que el Ejecutivo estaba de acuerdo. 

Tras ello, no ha habido novedades por parte del gobierno, aunque en el Parlamento, y en particular en la comisión de Minería y Energía del Senado, se da por descontado que el Ejecutivo finalmente cumplirá con su palabra. En su minuto, Bunster planteó que ese tema es parte del análisis porque cabe la posibilidad de que el trazado de la carretera eléctrica pueda cruzar territorios indígenas, lo que obliga a buscar fórmulas para resolver cómo enfrentar el tema de la consulta y cómo establecer estas normas particulares.