"El Negociador del Convenio 169". Pretende imponer "si o si" su fraudulento reglamento
"La incertidumbre para los inversionistas terminará este mes" celebra La Segunda.
En entrevista en el diario La Segunda, de la cadena El Mercurio, el inefable "Asesor de Política Indígena" del Gobierno, Matias Abogabir, amenaza con que este mes de junio "Si o si" impondrá su reglamento de "consulta" y lo ingresará a Contraloría.
Matias Abogabir es presentado por La Segunda como "el negociador del Convenio 169". Para satisfacción de la prensa mercurial el Sr. Abogabir es "uno de los suyos": accionista de Endesa y accionista del oligarca Club de Golf. "La incertidumbre para los inversionistas terminará este més" celebra La Segunda aliviada por las palabras de Abogabir.
Falseando la representatividad de la "mesa" de indigenas del "si o si"
La desfachatez de Abogabir le lleva a inflar el indice de obesidad de la mesa del Gobierno, afirmando están representados "más del 70 por ciento de los indigenas del país".
La representatividad y legitimidad de la "mesa de consenso" del Gobierno fue puesta en duda por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en un informe como Observadores.
Es público que en la "mesa" participó una minoria de indígenas. Y de los que participaban, se retiraron los rapa nui, aymara, quechua y lickanantai. De los que siguen sentados han sido desautorizadas las personas kawesqar y mapuche que siguen arrogándose sin validez la representación de pueblos.
Nada le importa al "Asesor de Política Indígena". Amenazante dice que "si o si" impondrá su fraude.
Campaña del terror de Abogabir:
El "asesor" dice que las consultas pueden "producir una paralización total, incluso del Estado". Para justificar excluir del reglamento todas las medidas "particulares" como los derechos de aguas, concesiones geotérmicas, mineras, o que afecten solo a una comunidad.
"Si o si", el Gobierno de Piñera, con complicidad de abogados de la UDP y consejero indigena vinculados al PS, quiere imponer un "reglamento" de consultas fraudulentas a la medida de Hidroaysen y la gran minería.
Como denunciaron las organizaciones indígenas del Norte, en la "mesa de consenso" se constituyó a espaldas de los pueblos una "comisión facilitadora" controlada por abogados del gobierno y abogados de la UDP asesores del consejero Colin.
Las organizaciones del norte denunciaron que mediante "la constitución de una "comisión facilitadora de redacción" durante la última sesión de la mesa de consenso del gobierno, a petición de la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena, se redujo en forma arbitraria la participación de los pueblos indígenas a un mínimo inaceptable. Dicha comisión no es ni representativa ni participativa, porque solo la constituyen tres miembros de dicha Coordinadora, más siete abogados (2 asesores de pueblos indígenas y 5 abogados de gobierno). Esta comisión se ha impuesto la tarea de consensuar todos los artículos pendientes, en contra de la voluntad manifestada expresamente en dicha ocasión por nosotros los pueblos indígenas del Norte."
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Publicado el 14 de junio de 2013
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