Tres grandes mineras acusadas de “daño ambiental irreparable” en el Salar de Atacama, llegaron a un acuerdo judicial con el Estado y la Comunidad Atacameña de Peine que las denunciaban. Según la conciliación firmada, las mineras invertirán US$ 47 millones para restaurar el ecosistema dañado.
El lugar afectado es el acuífero Montarqui, Negrillar Tilopozo, ubicado justo al sur del salar, además de las vegas de Tilopozo. Las mineras Escondida (BHP), Zaldívar (Antofagasta Minerals) y Albemarle fueron demandadas por extraer ilegalmente agua del acuífero, superando los límites establecidos en sus permisos ambientales y afectando la biodiversidad y la capacidad de regeneración de este ecosistema.
Según informes de organismos públicos, esto también habría dañado las vegas altoandinas de Tilopozo y los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava, que albergan organismos extremófilos únicos en el mundo. Estos cuerpos de agua también son vitales para los modos de vida y pastoreo de las comunidades atacameñas que habitan el desierto más árido del mundo.
El acuerdo de conciliación, aprobado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, contempla 14 medidas que serán ejecutadas por las mineras para recuperar los ecosistemas dañados y para compensar social, ambiental y económicamente a la comunidad de Peine.
También se creará una mesa de gobernanza con participación de la comunidad indígena de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y representantes de las tres empresas, para dar seguimiento a las medidas.
La resolución fue acordada con un solo voto en contra: el de la ministra Sandra Álvarez, quien criticó que las mineras no se comprometen a dejar de extraer agua del acuífero, por lo que el acuerdo no suprime la causa que ha generado el daño ambiental, que es la sobre explotación de agua por sobre los márgenes definidos en los permisos ambientales.
Acuerdos por daño en salares
La puesta en marcha de la estrategia nacional del litio tiene en alerta a la comunidad ambiental por el daño que esto significará en salares. Pero la minería del cobre también acumula varios casos de daño ambiental sobre estos ecosistemas, donde también se ha llegado a acuerdos judiciales.
Un caso que llegó a conciliación en 2024 es el de la mina Cerro Colorado en Pozo Almonte, de la multinacional australiana BHP. Se demandó a la empresa por daño ambiental permanente, irreversible y significativo en el acuífero Lagunillas del salar de Huasco, al extraer aguas superficiales y subterráneas sin el permiso correspondiente para hacerlo.
La empresa se compromete a cinco medidas como restringir el uso de agua proveniente del acuífero, poner en valor un humedal altoandino similar al dañado, monitorear el estado y recuperación de Lagunillas y compensar la pérdida de captación de carbono de la atmósfera que ofrecía el ecosistema cuando estaba sano.
Otra conciliación se alcanzó con la minera Escondida –también de BHP-, demandada por el CDE y por comunidades indígenas por dañar de forma acumulativa, permanente e irreparable al salar de Punta Negra, a 170 km de la ciudad de Antofagasta.
El CDE constató la disminución severa del agua en el acuífero comprometiendo su regeneración, el deterioro del sustrato o suelo salino, la pérdida de los bofedales y su vegetación y del ecosistema en general, afectando la biodiversidad que allí habitaba y los servicios ecosistémicos que cumplía el salar.
En la conciliación acordada en 2021, la empresa se compromete a tomar 19 medidas valuadas en US$ 80 millones que buscan remediar el daño causado en el ecosistema y restaurar las funciones que se puedan, con una mesa de gobernanza para que las comunidades locales puedan fiscalizar el avance de las medidas.
El CDE presentó como prueba los informes de diversos organismos públicos constatando la disminución del nivel de agua, impactando a la biodiversidad y la capacidad de regeneración del ecosistema, además de las vegas altoandinas de Tilopozo y los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava, que albergan organismos extremófilos escasos y únicos en el mundo. También denuncia la afectación a los modos de vida ancestrales de comunidades indígenas de la zona, también presentes en la demanda.
En el 2020, el CDE también llegó a un acuerdo con Codelco, a quien demandó por daño ambiental en el salar de Pedernales en la comuna Diego de Almagro en Atacama. La empresa SQM también ha llegado a acuerdo con organismos del Estado tras ser demandada por daño ambiental en el salar de Llamara tras incumplir las condiciones de sus permisos.
Tweet
Publicado el 18 de diciembre de 2024
Visto 52 veces
