Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños
En una cuenta corriente en dólares en el BancoEstado están depositados los US$ 30 millones que SQM debe entregar a Corfo para que invierta en Innovación y Desarrollo en la Región de Antofagasta. Ninguno de esos dólares se ha podido usar hasta ahora. Y este 11 de abril se sumarán otros US$ 15 millones a esa cuenta.
El Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), que era parte del acuerdo al que el gobierno de Michelle Bachelet llegó con la firma controlada por el Grupo Pampa, ligada a Julio Ponce y a la firma china Tianqi, hasta ahora solo ha sido un dolor de cabeza para la actual administración de Sebastián Piñera.
En una polémica licitación se entregó a fines de 2020 la administración del centro de investigación y desarrollo a un consorcio conformado por las universidades de Atacama, del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma y otras de Estados Unidos como Harvard, Yale y Columbia.
Eso dejó fuera a actores locales como la Universidad de Chile, la Católica, de Concepción y las más reconocidas del norte del país, la Católica del Norte y la de Antofagasta, las que reclamaron públicamente acusando incluso irregularidades en el proceso de otorgamiento y acudieron a la justicia. Hoy esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema.
El proyecto sigue judicializado y hasta hoy no tiene vida el prometido ITL. Para ese centro, SQM tiene comprometidos casi US$ 200 millones hasta 2030, que es cuando vence el actual contrato por su operación en el Salar de Atacama.
Corfo ha defendido la adjudicación, aunque actores políticos, locales y el Congreso han cuestionado la decisión. Desde la entidad pública respondieron a DF MAS que “la creación e implementación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) se encuentra en proceso, toda vez que se requiere la constitución de una nueva persona jurídica, en conformidad con la propuesta seleccionada por Acuerdo de Consejo de Corfo”.
Pero aún es un tema no resuelto. Un cabo sin atar que pasará al próximo gobierno.
El dinero a los atacameños
Pero no es el único dinero de SQM que sigue a la espera de ser gastado.
El mismo contrato con Corfo estipulaba cuantiosos aportes a 21 comunidades indígenas aledañas al Salar de Atacama. Se estima que para ellos hay acumulados desde 2019 unos US$ 30 millones adicionales esperando ser repartidos.
“Nosotros no nos juntamos con SQM. Ellos definen con Corfo quién recibe y en qué proporción los aportes de la explotación de nuestro litio”, explica Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños que reúne a 18 agrupaciones.
Estos meses no han sido fáciles, confidencian conocedores del proceso, porque deben pasar por una serie de trabas administrativas internas de cada comunidad y respetar su autodeterminación.
Además, hay un factor reputacional. Varios de los pueblos atacameños mantienen mejor relación con Albemarle desde hace más años, y han recibido más recursos desde antes.
El “caso SQM” de entrega de platas a políticos de todo el espectro, también golpeó las relaciones con la firma minera. En algunos casos, los representantes de los pueblos atacameños han decidido no avanzar en la recepción de los recursos.
De hecho, el Consejo de Pueblos Atacameños recurrió en contra del contrato de Corfo y SQM por, dijeron, no haber realizado Consulta Indígena de acuerdo al convenio 169 de la OIT. En la Corte de Apelaciones y Suprema le fue mal, pero ahora el Consejo presentó una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reconstruir esas confianzas no ha sido fácil, explican actores del lugar. Sin embargo, hace unos años que Soqui cambió su política de relacionamiento con la comunidad y ahora tiene sendas mesas de trabajo con ellos, además de abrir al público una serie de datos de monitoreo ambiental de la cuenca del salar, una de las demandas más sentidas de los vecinos a las instalaciones industriales de la minera.
Por fuera del contrato con Corfo igual invierte en desarrollo de las comunidades.
Con todo, recién a fines del año pasado, explicado también en parte por los retrasos y complicaciones que generó la pandemia, empezaron a sellarse los primeros acuerdos para que las comunidades reciban los recursos.
“A la fecha se han comprometido recursos por US$ 27,4 millones con aquellas comunidades elegibles por el acuerdo del Consejo y que han manifestado su voluntad en trabajar estos recursos para los proyectos de inversión y desarrollo que ellos autónomamente decidan. Hasta ahora 16 comunidades han suscrito estos acuerdos y esperamos que la nueva administración suscriba acuerdos con las cinco restantes”, apuntaron desde la estatal.
Los que sí han recibido dineros desde SQM a través de Corfo han sido los municipios de Antofagasta, San Pedro de Atacama y Maria Elena, quienes a la fecha totalizan recursos por US$ 8,5 millones, y el Gobierno Regional de Antofagasta, que ha percibido otros US$ 27,6 millones.
Corfo sí ha recibido las rentas y comisiones por el uso del salar de atacama: Desde enero 2017 en el caso Albemarle y abril 2018 en el de SQM, ha recibido US$ 805,2 millones, de los cuales US$ 327,1 millones corresponden a Albemarle y US$ 478,1 millones a SQM.
Los dineros de Albemarle
Con Albemarle la situación es diferente. Aunque también hay retrasos.
La firma estadounidense aporta anualmente más de US$ 10 millones a las comunidades desde 2016, cuando entre ambos llegaron a un acuerdo para invertir en proyectos de desarrollo local, el que fue ratificado en el nuevo convenio con Corfo. En este caso, es el Consejo de Pueblos Atacameños el que recibe los dineros y los reparte en partes iguales con cada una de sus comunidades asociadas.
Donde hay retrasos es en los compromisos adquiridos con Corfo en el nuevo contrato firmado en 2018. Ya están instalados, al menos en el papel, dos centros de investigación que se financiarán con dinero de la minera de capitales estadounidense: uno de Economía Circular en Iquique, que incluye a 11 entidades chilenas, principalmente universidades.
Y el otro, un consorcio de desarrollo de electromovilidad, liderado por la Universidad de Chile.
Para ambos, Albemarle tiene consignados en torno a US$ 40 millones de lo acumulado entre 2018 y la fecha, pero que no se han entregado porque falta una serie de trámites administrativos de instalación de ambos centros.
“En ambos casos estamos en proceso de revisión de los acuerdos a celebrar con las entidades receptoras”, dijeron desde Corfo.
A diferencia de SQM, la relación entre Albemarle y la estatal no es de las mejores. Fuentes al tanto dicen que hace dos años que prácticamente no hablan. Corfo, liderada por Pablo Terrazas, demandó a fines de 2020 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional a Albemarle, por “la sistemática violación del contrato de explotación del litio firmado con el Estado de Chile”, dijo.
En palabras sencillas, hay una diferencia en el pago de la cuota de arrendamiento. Dicho valor está indexado al precio del litio, y Albemarle va haciendo un pago por adelantado.
Sin embargo, si al liquidar el año hay una diferencia, la empresa se la pagaba a Corfo. Justo en 2020 ocurrió lo contrario. El precio del litio bajó y Albemarle reclamó que se le restituyera lo que había pagado de más. Como no hubo acuerdo, la estatal decidió recurrir a la corte internacional.
Según Corfo, en enero de este año se presentó el “memorial de demanda” de Corfo ante la corte internacional. “Se espera que durante el presente año se desarrollen gran parte de las instancias relacionadas con el juicio, resolviéndose la controversia a finales del primer semestre del año 2023”.
Otro tema que pasará a la siguiente administración.
En qué se gastan esos recursos
Aunque se esperaba que los aportes prometidos mejoraran la calidad de vida en estas localidades, ello aún no ocurre del todo. Buena parte de la cuenca del salar no tiene agua potable, la electricidad llega mal y no en todo el territorio, y las conexiones de telecomunicaciones son débiles y en algunas partes inexistentes.
“Lo primero que se hizo con estos contratos es reconocer que nosotros somos las primeras naciones de aquí. Eso es un avance. Pero después, nos pusimos a trabajar con esos recursos en hacer las cosas que el Estado no ha hecho en nuestras comunidades”, declara Salvatierra, del Consejo de Pueblos Atacameños.
Además, explica que ha habido una mejora en relación a temas ambientales. “Esto no ha sido voluntario de las empresas, sino forzado por las demandas de los pueblos que estábamos primero acá y que vemos con tristeza la destrucción de nuestro lugar. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de seguir viviendo y ocupando 1.000 años más el territorio, y para eso hay que respetar el medio ambiente”.
Actualmente, con los dineros de las mineras se está trabajando en tecnologías para llevar agua potable a las comunidades y usar la energía solar para todo, además de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación en las zonas, sobre todo las más aisladas. “Al final nos estamos haciendo cargo nosotros del abandono histórico que hemos sufrido”, apunta Salvatierra.
Los ojos de las empresas y las comunidades están puestos en el próximo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien aún no se ha referido al tema del litio. Y también la atención estará en la nueva Constitución, que podría cambiar la forma de relacionarse de las comunidades y privados con los recursos naturales.
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Publicado el 19 de febrero de 2022
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