El 17 de enero, Corfo y SQM firmaron un acuerdo de conciliación para modificar los contratos entre las partes, tras varios años de negociaciones. Un pacto para la futura explotación del litio, anunciado como un “éxito” para el gobierno y el Estado de Chile por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Eduardo Bitran, que apunta, dijo, a clausurar “un capítulo extenso de disputa y negociaciones entre ambas entidades”, lo que fue catalogado como un certificado de decencia para Julio Ponce Lerou, según el escritor Paul Walder en su publicación en El Clarin.
El Puelche en reportaje fotográfico y nota informativa publicado en Radio Kvrruf daba cuenta que 18 comunidades lickanantayi de diferentes ayllus ancestrales ubicados en la cuenca del Salar de Atacama, realizaron un corte de rutra el martes 30 de enero de 2017, exigiendo la derogación del Convenio firmado por la Estatal Corfo y la minera Soquimich, ación que fue considerada como el inicio de una serie de movilizaciones.
La madrugada de este miércoles los dirigentes atacameños del Pueblo Lickanantay, Sergio Cubillos y Valeska Pavéz iniciaron una huelga de hambre, quienes aclararon que es primera vez que se ven obligados a tomar esta medida radical porque siempre han estado dispuestos al diálogo, han participado de todas las mesas de trabajo, pero que en esta oportunidad no se respetó a ninguna de las 18 comunidades de San Pedro de Atacama. “No vamos a negociar”, enfatizó Cubilllos, presidente de la comunidad de Peine, quien no descartó asumir una huelga líquida, publicaba así la periodista Natalia Figueroa.
Por ahora los dirigentes se encuentran en la oficina del Consejo de Pueblos Atacameños, en la plaza principal de San Pedro, indicándose que seguirán con otras acciones como cortes de ruta en los sectores aledaños al pueblo como medida de protesta y también con jornadas informativa, las que incluso se han extendido en días anteriores a Santiago.
A continuación, desde San Pedro de Atacama, compartimos artículo de Ramón Balcázar de la Fundación Tanti.
Fin del conflicto CORFO _ SQM ¿Y el salar de Atacama?
Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.
Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública sólo a pocos días de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan. Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM. A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.
Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO. Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.
Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno buscó asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama. Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.
Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo que se materializó el miércoles 17 de enero en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se han hecho esperar. Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.
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Publicado el 01 de febrero de 2018
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