Ordenan reabrir consulta indígena en proyecto minero de Hernán Büchi

El Comité de Ministros ordenó reabrir la Consulta Indígena en el proyecto minero del ex ministro de Hacienda de la Dictadura, Hernán Büchi, y otros dos socios, por irregularidades en el proceso de evaluación ambiental. Desde la comunidad atacameña ubicada a siete kilómetros de donde se instalarían las obras mineras, manifestaron que es una señal en favor de la empresa porque existían antecedentes suficientes para rechazar un proyecto perjudicial para la población.

Este lunes el Comité de Ministros revisó el proyecto “Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado”, de minera El Delfin S.A, que se ubicaría en la región de Antofagasta, y que ha generado amplio rechazo en las comunidades atacameñas que viven a siete kilómetros de esa zona.

En la instancia se decidió que el proceso de evaluación ambiental reabra la Consulta Indígena, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Es decir, se volverá a consultar a los más de 400 habitantes su opinión respecto de las obras que se instalarían, pese a la clara postura que hasta ahora han mantenido.

Las figuras empresariales involucradas en este proyecto resaltan por su influencia política: el ex ministro de Hacienda del dictador Augusto Pinochet, el economista Hernán Büchi; el ingeniero en minas, dueño del holding de empresas Tehmcorp dedicado al sector metalúrgico industrial y, además, propietario de la Reserva Biológica Huilo Huilo, Víctor Petermann; y, su socio también dedicado al rubro minero, el empresario Claudio Segura. La inversión del proyecto sería de 17 millones de dólares.

Respecto de las obras, se considera la instalación de una mina subterránea para extraer 12 mil toneladas anuales de sulfato de cobre y que contaría con una piscina de ácido para que el mineral alcance mayor pureza, lo que podría generar gases tóxicos.

Las comunidades también advierten que el uso de dinamita para extraer el cobre impactaría en las zonas arqueológicas de San Pedro de Atacama, por ejemplo las ruinas de Tulor. Otro de los sitios que se verían afectados y que no fue considerado en la Evaluación de Impacto Ambiental es el tramo del Camino del Inca que cruzarían los camiones y la comunidad atacameña de Tarajne que no fue situada con las coordenadas correspondientes.

La empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental que fue rechazado por la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, el 22 de febrero pasado, por “no considerar los efectos en las dimensiones antropológicas y en el bienestar social básico de los habitantes de la zona”.

Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, dijo que el Comité de Ministros, encabezado por el ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, dio una señal favorable para la empresa porque se contaba con antecedentes suficientes para rechazar el proyecto.

“Nosotros no queremos volver a dialogar con la empresa ni recibir  compensaciones”, señaló Cubillo apuntando al convenio ofrecido por la minera de destinar un 5 por ciento de las ganancias obtenidas por  este proyecto.

“Es decir se trata de comprar la voluntad de la comunidad”, recalcó.

Judith Cruz, integrante de la Comisión de Tierra y Agua de la comunidad,  señaló que en 2013 la empresa intentó negociar con la comunidad ofreciendo este tipo de compensaciones pero todos se negaron.

Además, comentó que Peine es un pueblo rodeado de mineras donde todos los recursos escasean y eso, precisamente, es lo que ni los empresarios ni el Gobierno entienden. “No sentimos el apoyo del Estado. A veces pensamos que es ignorancia de las autoridades porque esta es un área delicada, somos pueblos pequeños. Acá nada sobra, siempre tenemos escasez”.

“Nosotros queremos vivir acá en un lugar sustentable y con la minera tan cerca no vamos a poder cumplir con lo que añoramos. Esto no es negociable, es un no rotundo”, afirmó.

La abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, Carolina Sagredo, dijo que de manera verbal e informal se comunicó la decisión del Comité de Ministros.

La profesional explicó que las autoridades deben subir el acta oficial sobre lo resuelto este lunes y evaluar el nuevo proceso de consulta indígena, que se extiende por 90 días, mientras la comunidad podría presentar la presentación de otros recursos legales.

“Tenemos que estar a la espera del acto y ahí evaluar si procede acciones legales ya sea contra Tribunales Ambientales o recursos de protección pidiendo derechamente el rechazo del proyecto de una vez por todos”, explicó.

Ante este escenario, las comunidades se manifestaron contra el proyecto a las afueras del Ministerio de Medio Ambiente, en Santiago, y en la seremía de esta cartera, en Antofagasta.  Mientras, en la localidad de Peine realizaron un banderazo para marchar hasta el lugar donde se instalaría la mina que corresponde a territorio ancestral atacameño.