Corfo pide hacerse parte en flanco ambiental que enfrenta SQM Salar

Corfo y SQM hace rato que libran una verdadera batalla judicial, con dos juicios arbitrales por contratos ligados a la explotación en el Salar de Atacama. A esta arremetida, la corporación estatal sumó una arista ambiental. El 23 de febrero pasado, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Bitran, envió un escrito en que pidió a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la incorpore como parte interesada en el proceso sancionatorio que lleva a cabo contra la filial de SQM, SQM Salar, que opera en el área comprometida en los contratos con la estatal.

A fines del 2016, la SMA formuló cargos contra la firma por seis faltas ambientales en esta operación, ubicada a 100 kilómetros de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. Dichas faltas, de las cuales tres son graves, dos leves y una gravísima, la exponen a perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a ser clausurada, o pagar una multa de hasta 27 mil UTA, unos US$ 22,3 millones.

Corfo hizo esta solicitud a la SMA en su calidad de dueño de las pertenencias que le arrienda a la empresa. En el escrito se señala que es "titular de 59.820 pertenencias mineras en el Salar de Atacama", dentro de las cuales se ejecuta el proyecto desarrollado por SQM Salar en virtud de un contrato de arrendamiento de pertenencias mineras suscrito el 12 de noviembre de 1993 entre esta empresa y Corfo y de un contrato para un proyecto celebrado en la misma fecha entre Corfo y SQM Potasio".

En su escrito ante la autoridad ambiental, Corfo hace ver que "estas infracciones de SQM Salar S.A. ponen en severo riesgo la estabilidad del ecosistema del Salar de Atacama, de sus salmueras y de las reservas, y constituyen también graves incumplimientos de sus obligaciones contractuales asumidas con Corfo, en especial, la de resguardar la subsistencia e integridad de las pertenencias mineras".

Por lo mismo, solicita que la SMA verifique por un organismo independiente la extracción de los minerales en el salar, así como de las variables más importantes contenidas en el permiso ambiental.

Asimismo, y tal como ocurrió con uno de los juicios arbitrales, se estima que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervenga en este proceso. Según explican desde la SMA, esta instancia se hace parte una vez culminado el proceso sancionatorio.