LAS ACTUALES OPERACIONES EXTRACTIVAS EN EL SALAR DE ATACAMA YA GENERAN UN CONFLICTO AMBIENTAL.
El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), que reúne a las 18 comunidades de la cuenca del salar de Atacama, rechazó la convocatoria del Ministerio de Minería para explorar y explotar anualmente 400 mil toneladas de litio en salares nacionales, como parte de un nuevo Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), en un proceso que se extendería por hasta 29 años.
Llamado de la cartera que sustenta en el aumento que experimentará la demanda de carbonato de litio que al 2030 se cuadruplicaría, alcanzando 1,8 millones de toneladas, mientras que la oferta disponible proyectada sería de 1,5 millones de toneladas de mineral.
Recurso de protección
El abogado del Consejo, Sergio Chamorro, informó que el directorio que preside Manuel Salvatierra, ha expresado "su rechazo absoluto" a la convocatoria del Gobierno, pues pone a disposición recursos que se encuentran dentro del territorio atacameño, para hacer frente a la transición energética. Es así que el CPA se encuentra realizando estudios para presentar acciones judiciales y administrativas.
En ese sentido, el profesional detalló que "no descartamos presentar un recursos de protección masivo, para ir en protección de todos los salares, porque entendemos que la licitación es para todo el territorio nacional. Procederemos con un recurso de protección y tampoco descartamos la invalidación del acto administrativo que convoca al acto de licitación. Esos son los caminos que estamos configurando, porque esto requiere de un proceso de estudio, de análisis interno".
Antecedente
Chamorro dijo además que para este tipo de procesos es fundamental una consulta indígena y que espera que no se repita lo sucedido con el acuerdo Corfo-SQM de 2018, pues es el mismo llamado que hace hoy el Ministerio de Minería, y actualmente, "el Consejo de Pueblos ha sido declarado admisible ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional, para tomar acciones contra el Estado de Chile por haber procedido con la respectiva consulta indígena".
"En este sentido es importante hacerle ver al ministro de Minería, que no vamos a encontrarnos con un convenio 2.0 inconsulto con las comunidades y que a su vez tampoco se aplique el Artículo 15 del Convenio 169 que dice relación con que los recursos que se encuentran en el subsuelo, si bien son propiedad del Estado, al encontrarse en territorio indígena el Convenio es bastante claro respecto de los pasos que debe realizar el Estado antes de convocar a procesos de licitación", agregó Chamorro, quien subrayó que "no descartamos ninguna acción que tenga por objeto invalidar el acto administrativo que convoca a una licitación del litio".
400 mil toneladas adicionales espera explotar cada año el ministerio de Minería con los nuevos contratos.
29 años se extendería el Contrato Especial de Operación del Litio entre el periodo de exploración y de explotación.
25/10 el ministro Juan Carlos Jobet, fue citado a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
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Publicado el 20 de octubre de 2021
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