¿Y la agenda de política indígena?

El tema indígena virtualmente ha desaparecido de la agenda pública. En el discurso del 21 de mayo sólo recibió una mención fugaz. Posteriormente ha acaparado titulares de la ‘prensa policial’ (la cobertura del mal llamado conflicto mapuche) y de la ‘prensa económica’ (para recordarnos una y otra vez los miles de millones de dólares paralizados o postergados “por culpa del Convenio 169 y la consulta indígena”).

La disyuntiva para la Presidenta Bachelet es evidente. O cede a la tentación que ha sufrido todo gobierno en los últimos 20 años (limitarse a administrar la coyuntura), o se atreve a liderar los profundos cambios que requiere la política pública hacia los pueblos indígenas. El segundo camino es espinudo y pedregoso, pero la recompensa final podría ser un lugar destacado en la historia. Pero la Presidenta tiene por delante dos obstáculos internos. El primero y más complejo quedó en evidencia en su consejo de gabinete de hace pocos días: será difícil agregar un nuevo tema a una agenda ya colapsada por reformas ‘estructurales’ en temas muy sensibles para la ciudadanía. El segundo es la percepción transversal de que hoy no existe una política indígena y que tampoco hay un liderazgo claro en el tema al interior del gobierno, por lo que malamente podría aspirar a cosas mayores.

La batalla clave se juega hoy en la institucionalidad y los puentes que existen entre ésta y dos temas muy sensibles y estrechamente vinculados: las reivindicaciones de tierras y el orden público.

La actual administración ha empujado la creación de una nueva institucionalidad compuesta por un Ministerio de Pueblos Indígenas –del que dependería Conadi-, y de consejos que representen a cada uno de los nueve pueblos indígenas y a éstos en su conjunto frente al Estado. La experiencia comparada muestra que esta propuesta es trascendental en la generación de un nuevo entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, situando el diálogo entre ambos a un nivel acorde con la relevancia que asignamos a aquéllos.

Estas propuestas fueron sometidas a consulta recientemente entre los propios pueblos indígenas y el gobierno ha anunciado la presentación de los respectivos proyectos de ley. Sin embargo, el cumplimiento de este compromiso está doblemente amenazado: primero por las críticas que existen al proceso de consulta indígena que se hizo de dichos proyectos, y más recientemente por el trabajo de la comisión presidencial que estudia cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que incluye una revisión del diseño reglamentario de la consulta indígena, lo que a su vez eventualmente podría devenir en ajustes al diseño del futuro ministerio. En buen chileno: la presentación de los proyectos no tiene fecha.

En materia de tierras, las noticias son francamente malas. Salvo una discusión incipiente al interior de Conadi sobre los mecanismos de entrega de tierras –que analiza la posibilidad de hacer aplicable el procedimiento de expropiación, propuesta que sólo puede empeorar la actual situación-, lo que existe hoy es la rutina inexorable de un sistema de compra de tierras con fondos públicos que ha demostrado favorecer la especulación, violencia, corrupción y clientelismo.

Para más remate, en el horizonte se viene una discusión constitucional que sólo puede agregar complejidad a la discusión y eventualmente postergar cualquier avance, pues siempre se podrá argumentar que lo primero es construir los cimientos del edificio.

La verdad es que si esperamos que se produzca una alineación de todos los astros –proceso constituyente, espacio en la agenda pública, consenso político, etc.-, podríamos seguir esperando fácilmente otros 20 años y tal vez mucho tiempo más. Mientras tanto, la situación actual seguirá cobrando víctimas diariamente. Las víctimas más urgentes, por cierto, son los miles de afectados por la situación de violencia y conflicto que se vive en parte de las regiones de Arauco, La Araucanía y Los Ríos, a quienes no podemos fallarles en buscar con ahínco soluciones duraderas.

Menos evidente es el perjuicio que sufren otros cientos de miles de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, cuya calidad de vida y oportunidades de desarrollo también están limitadas con la actual situación. Finalmente, también perdemos todos los chilenos al dejar pasar la oportunidad de abrazar la diversidad y riqueza cultural que representan los pueblos indígenas como parte inextricable de nuestra identidad.

A diferencia de otras áreas de política pública, la ‘comisionitis’ en este tema no debiera asustar a nadie. Dada la naturaleza, historia y complejidad de la cuestión indígena, lo que se necesita es precisamente abrir un diálogo de alto nivel que se proponga mirar cómo debiera ser un Chile del futuro, en que reemplacemos los actuales conflictos por una sana convivencia y en que los pueblos indígenas tengan un rol e influencia determinantes. El gobierno de Michelle Bachelet tiene una oportunidad histórica de convocar y liderar ese proceso de diálogo.