La presidenta de la República, Michelle Bachelet, de manos de un grupo liderado por el ex mandatario, Ricardo Lagos, el “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida”.
El material fue elaborado -de manera reservada- a lo largo de un un año, por Jean Paul Luksic, Bernardo Larraín, Juan Andrés Fontaine y el dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza. Junto a Jorge Bande, Rolando Carmona, Álvaro García, Rolando Humire, Gianni López y Patricio Meller, consigna el DF.
Tras una cita de carácter privado en el Palacio de La Moneda, Lagos indicó que “el espíritu que reunió al grupo de personas que elaboró este documento fue contribuir a que Chile cuenta con una visión compartida sobre lo que se requiere para compatibilizar su gran potencial minero con el desarrollo sostenible del país”.
Luego agregó que “creemos que ello debe ser fruto de un consenso nacional. Por eso el grupo ha querido ser una pequeña expresión de la diversidad nacional. Somos testigos de que el diálogo entre personas que piensan distinto es posible y muy enriquecedor. Además confiamos en que un acuerdo que integre diversas visiones e intereses aumenta su posibilidad de producir cambios que el país requiere”.
En un análisis más detenido el ex mandatario explicó que “vemos una cierta preocupación por cuando no somos capaces de resolver los temas, terminar todos en los tribunales y la judicialización no es el camino adecuado para resolver estos temas, es una carga que cae sobre el poder judicial porque los chilenos no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos. En ese sentido creemos que este documento apunta a esa dirección”.
Por último subrayó que “No pretendemos refundar nada con este documentos, simplemente es entregarlo para la discusión de todos”.
Tras esto, los integrantes del grupo solicitarán reuniones con diversos actores para presentarles estas ideas. Su objetivo es reunirse con más integrantes del gobierno, parlamentarios, actores del sector minero, empresarios, proveedores, trabajadores, dirigentes de las comunidades que alojan a la minería y centro de estudios.
“Promoveremos que la minería se proyecte al futuro con un estilo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo”, asegura el documento.
La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó a su turno que “ahora comienza el análisis y la conversación con los integrantes de la comisión para poder efectivamente llevarlo a la concreción en un ámbito donde prácticamente tenemos coincidencias”.
El informe apunta que “el foco de la estrategia sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento. Para ello se requiere de una institucionalidad pública con la participación de los diversos actores que deben recurrir a implementarla”.
Igualmente se destaca la importancia de una política energética que dé seguridad a los inversionistas y ciudadanos, que de cuenta de la interdependencia entre la minería (ubicación, tamaño y temporalidad de los proyectos) y la generación y transmisión eléctrica y de estas con su entorno ambiental, social y cultural.
Respecto de Codelco, se observó “un importante rol para la estatal, como empresa modelo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo”.
Medio ambiente
No quedó de lado la mención a los temas medioambientales. Y es que el texto apunta que la minería debe proyectarse a futuro con una mirada sostenible, ya que “previene y mitiga los impactos ambientales sociales y culturales”.
Es así como proponen “múltiples cambios institucionales, entre los que destacan: utilizar la evaluación ambiental estratégica como instrumento de ordenamiento territorial, fortalecer y anticipar los procesos de participación de las comunidades afectadas, proveyendo información fidedigna, suficiente y comprensible, contar con una adecuada reglamentación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas”.
También se recomienda aplicar cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que se traduzcan en un mejoramiento del marco normativo para hacerlo más eficiente, eficaz, confiable y transparente. En la práctica se propone revisar la composición de la instancia administrativa resolutiva superior en materia ambiental (actualmente el Consejo de Ministros) de manera de que en su composición adquiera un rol más importante la opinión técnica independiente.
Otra idea apunta a “crear un fondo que permita habilitar a las organizaciones sociales y comunidades indígenas para que participen en igualdad de condiciones en esos procesos”.
Además propone utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de ordenamiento territorial, contar con resoluciones de calificación ambiental claras y objetivas, avanzar hacia una mayor especialización y coordinación entre los servicios públicos que concurren al proceso de evaluación ambiental, entre otros.
Asimismo apuestan por una minería inclusiva, que garantice que las comunidades afectadas y todos los ciudadanos participen de los beneficios que genera la minería. De ahí que propongan que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos mineros queden en las regiones mineras.
Por último se sugiere que el país suscriba el Acuerdo Eiti (por sus siglas en inglés, Extractive Industry Transparency Initiative) que requiere a los gobiernos transparentar las licencias y contratos mineros, la recaudación de impuestos que estos generan y la forma en que estos se distribuyen territorialmente.
Divergencias
Sin embargo el proceso de trabajo no estuvo exento de polémicas. En la presentación del documento, dada a conocer por la Fundación Democracia y Desarrollo que lidera Lagos, se indica que Sara Larraín del Programa Chile Sustentable y Nancy Yañez del Observatorio Ciudadano fueron parte de este trabajo. Luego agregan que ambas indicaron que “asumimos nuestra participación en la iniciativa y valoramos el diálogo generado”.
A continuación se indica que ambas plantearon que “la suscripción de un documento de consenso a la postre no aporta al debate político y mucho menos a la superación de fondo de los conflictos, ya que termina invisibilizando aquellas posturas que resultan más problemáticas”. Por ello, prefirieron no suscribirlo; aunque, sin duda, nos beneficiamos de sus aportes, se puntualizó.
Es así como las representantes de las organizaciones ciudadanas apuntaron que se “falta a la verdad; dado que las verdaderas razones por las cuales, no suscribieron el documento se debe a profundas divergencias sobre el desarrollo minero, lo cual queda en evidencia en el documento “Chile ¿un país minero? tres prioridades para la transformación”.
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Publicado el 18 de junio de 2014
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