Comunidad de Toconao pide invalidar permiso a Minera Zaldívar

LA COMUNIDAD DE TOCONAO PRESENTÓ AYER UN ESCRITO ANTE EL SEA

Invalidar la renuncia parcial de los derechos de agua de Minera Zalclívar -aprobada este año por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA)y así mantener el área de influencia del proyecto de continuidad operacional de la compañía ­ actualmente en trámite - solicitó formalmente ayer la Comunidad Atacameña de Toconao. 

Con ese objetivo el presidente de esa comunidad, Yermin Basques, en compañía de otros dos dirigentes y el coordinador de Medio Ambiente de la organización, Felipe Lerzundi, llegaron hasta las dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA), en cuya oficina de partes ingresaron la solicitud. 

“Lo que pretende Zaldivar con esa renuncia parcial es disminuir el área de influencia, cambiar la línea base del proyecto y así disminuir los impactos que están siendo evaluados en el Salar de Atacama. Consideramos que esa renuncia fue un acto arbitrario y parcial, ya que no es una atribución de la CEA”, explicó Leizundi. 
Y agregó que según su análisis son cuatro los instrumentos jurídicos que están siendo vulnerados: la Constitución Política de la República, ley de bases del medio ambiente, y los  reglamentos de evaluación ambiental y de Sala. 

PROYECTOS 

La comunidad de Toconao acusa que la resolución de la CEA (N°139/2019) modifica la línea de base de dos proyectos en evaluación: Continuidad Operacional de Compañía Minera Zaldívar y Monturaqui de Minera Escondida. Mientras la primera pretende extender la vida útil de la compañía por 10 años (para lo cual requiere prolongar sus derechos de extracción de agua desde los pozos de Negrillar), la segunda busca extender (aunque a un menor régimen) sus operaciones de extracción del elemento desde la zona de Monturaqui. 

Basques, en tanto, aseguró que sienten vulnerados sus derechos. “Hacemos un llamado al intendente - que formó parte de la Comisión que aprobó esa renuncia -, para que hagan su trabajo como corresponde y lo más importante, que no violenten la institucionalidad ambiental", dijo. 

Finalmente, el grupo se dirigió hasta las oficinas de Contraloría, donde solicitaron su pronunciamiento por lo que calificaron como “toma” de atribuciones por parte de la CEA.