Contundente informe de la Cámara sobre rol medioambiental del Estado: Débil, ausente y “nos ha puesto en serio riesgo”

Rio Achibueno

Pascua Lama

Minera Los Pelambres, del Grupo Luksic

Habitantes de Caimanes, afectados por Minera Los Pelambres

Con 71 votos a favor y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó el informe presentado por la Comisión Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes, encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile.

Un documento contundente en donde se hace un diagnóstico del actuar institucional de nuestro país respecto al cuidado del medio ambiente y que se puede resumir en la siguiente conclusión: “El Estado de Chile, ya sea por acción u omisión en materia medioambiental, ante la continua violación de la regulación sobre protección y resguardo del medioambiente, particularmente respecto de la protección de salares, glaciares y cuencas hidrográficas, nos ha puesto en una situación de serio riesgo que requiere no solo de respuestas claras, sino también, de soluciones concretas”.

En ese sentido, si bien la instancia reconoce que nuestro país cuenta con organismos con competencias definidas para representar al Estado en su rol de garante de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente en general, sostiene que “dicha institucionalidad presenta evidentes debilidades”. Estas, se agrega, “están relacionadas principalmente con la ausencia de coordinación entre los distintos organismos; la falta de una correcta fiscalización del cumplimiento de la normativa medioambiental; y la inexistencia de planes de evaluación del trabajo que se lleva a cabo”.

Organismos públicos: Tarea reprobada

La Comisión parlamentaria apunta específicamente a algunos organismos públicos como los responsables, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas.

Respecto del Ministerio de Medio Ambiente se señala que “no siempre ha actuado con la debida prolijidad, coordinación y actitud decidida y comprometida en la cautela del patrimonio ambiental”. La Comisión agrega que “existe ausencia de un órgano rector que estructure y ordene el funcionamiento de todos los organismos públicos involucrados en el tema ambiental”, planteando que éste debiera ser el Ministerio de Medio Ambiente, pero que “a la fecha no se ha empoderado de un rol activo en ámbito de coordinación”.

Sobre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad indica lo siguiente: “Su desempeño y sus resultados a juicio de esta Comisión resultan cuestionables, toda vez que se ha abocado a adoptar decisiones sobre la factibilidad de proyectos medioambientales -entre ellos Hidroaysén y Pascualama-, pero no a coordinar la acción conjunta ni a proponer políticas de Estado en materia de protección y resguardos de nuestros recursos”.

En cuanto a la Superintendencia de Medio Ambiente, el informe plantea que presenta una “clara debilidad” traducida en “la tercerización de los servicios esenciales de control y fiscalización” y “una falencia respecto de la función sancionatoria”.

Algo muy similar a lo expuesto respecto de la Dirección General de Aguas, sobre la cual la Comisión detecta “una falencia en el procedimiento de fiscalización que debe realizar (…) de los derechos de aprovechamiento de Agua, constituidos por las empresas mineras, ligada netamente a la falta de recursos de este organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tanto de recursos financieros como recursos humanos”.

Salares, agua y glaciares

La Comisión se conformó a partir de una denuncia realizada por una organización de la Región de Antofagasta, la que planteó graves hechos relacionados con una ausencia de fiscalización por parte de los organismos públicos, que se generó en una afectación importante en el Salar de Punta Negra, y que determinó tomar medidas urgentes para salvar no solamente los recursos hídricos existentes, sino que también el ecosistema asociado al salar.

Respecto de esto, la instancia cuestionó duramente a la Comisión Nacional del Litio, creada en junio de 2014 mediante por el Ministerio de Minería, la que -se sostiene- “no ha hecho más que poner de manifiesto la débil y fragmentada institucionalidad encargada de velar por el resguardo de salares y cuencas hidrográficas en nuestro país”. “Estos frágiles sistemas están siendo explotados sin contar con estudios acabados del comportamiento de los mismos”, añade el informe.

Entre las principales conclusiones establecidas se cuenta igualmente la nula respuesta del Estado frente al uso y abuso del agua como elemento esencial para el trabajo de extracción de las empresas mineras.
 
En ese sentido, la Comisión sostiene que “gran parte del agua en las regiones del norte ya está utilizada, sólo quedan disponibles ciertos derechos de aprovechamiento eventuales (excedentes por aumento del caudal) -que ya están siendo otorgados indiscriminadamente a privados, sin resguardos ni protección de las cuencas-, otros sobre aguas subterráneas, utilizadas ya por empresas mineras; y algunos para centrales hidroeléctricas que pugnan con el medioambiente local”.

La Comisión establece que “es innegable la relación directa entre el actuar de distintos rubros económicos en Chile, principalmente la industria minera, y el desgaste sostenido y prolongado de los ecosistemas, que han debido soportar el embate del proceso extractivo y las consecuencias de sus actividades derivadas”. Una problemática “conocida por el Estado”, añade el informe, pero frente a la cual “no se han tomado todos los resguardos pertinentes para fomentar el desarrollo económico en armonía con la protección de nuestros recursos hídricos”.

Sobre los glaciares, la Comisión destaca que Chile tiene el 82% de todos aquellos ubicados en Sudamérica. Sin embargo, apunta, “aún no ha sido posible generar un cuerpo normativo con una protección adecuada a la importancia que debiese darse a los glaciares”.

Respecto a la afectación de éstos, se sostiene que ha ocurrido por dos causas. La primera está relacionada con el cambio climático, fenómeno que ha acelerado su derretimiento. En segundo lugar, menciona el desarrollo de la actividad minera, “la que ha generado graves impactos y afectación sobre ellos”, se asegura. En ese sentido se menciona a los proyectos mineros Pascua Lama de Barrick Gold, Pelambres de Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), en la cuenca del río Choapa, en la Región de Coquimbo; Anglo American, con Los Bronces, en la cuenca del río Mapocho, en la Región Metropolitana; y la División Andina, de Codelco Chile, en la cuenca del río Aconcagua.

Sanciones “irrisorias”

La Comisión se pronuncia también sobre la fiscalización de estos proyectos que afectan el medio ambiente, planteando la instancia parlamentaria que los procesos actualmente incluyen “etapas de investigación de larga duración y con sanciones bastante irrisorias en consideración al daño y afectación al ecosistema, considerando que en la mayoría de los casos se trata de daños irreparables”.
 
Respecto a esto último se agrega: “Son sanciones que no generan un impacto en los infractores, en muchos casos, les sale más barato pagar la multa y seguir con su actividad, que dar cumplimiento a la normativa medioambiental”.

El trabajo concluye con una serie de recomendaciones y proyectos de resolución y acuerdo, entre los que se cuentan la creación de un observatorio de contaminación, modificar la integración del Comité de Minería no Metálica y darle urgencia al proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y la protección de los glaciares, entre otros.