Una adenda social ante la reformulación del SEIA

Podríamos convenir en una línea base mínima, en donde los problemas ambientales no comienzan ni terminan con el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  No obstante, es un sistema que presenta imperfecciones, cuestionado por variados actores y del cual se ha buscado en múltiples ocasiones perfeccionar, tarea todavía pendiente, pero de ahí a borrar lo ya avanzado, es sin lugar a duda una improvisación, que al calor de los hechos pareciera ser un arte, que el actual gobierno cultiva.

Solo para recordar, en su programa de gobierno, se establecía realizar una evaluación internacional sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un tipo de auditoria externa, cuestión que indudablemente no se ha realizado previo a la elaboración de la actual propuesta de modificación, que por los contenidos que hemos conocido en prensa parece ser una propuesta de bufete de abogado.

Las garantías deben ser para todos los actores involucrados, con certezas tanto para las comunidades, los trabajadores, los inversionistas y los ecosistemas. La propuesta de modificación legal, que ha transcendido en los medios, ha significado para casi todos los actores, con excepción de algunos inversionistas, un incremento exponencial en los niveles de incertidumbre sobre los procesos de evaluación ambiental.

El pretender que con esta propuesta de ley, la aceptación social sobre proyectos de inversión se verá incrementada, es un error o bien una negación de todo sentido común, una muestra más de un gobierno que actúa sin pudor en su quehacer público, teniendo como mantra un frenético y voraz sentido por maximizar ganancias en beneficio de unos pocos por sobre las mayorías, sin importar los costos que esto puede significar.

Este es un proyecto contradictorio en su esencia, solo por enunciar algunas de sus propuestas: eliminación de las oficinas regionales del Servicio Evaluación Ambiental (por oficinas marco-zonales: Antofagasta, Santiago, Valdivia) junto con eliminación del Comité de Evaluación Regional en contraste con los procesos de descentralización y fortalecimiento regional; Mejorar la participación ciudadana en contraste con solo ampliar cobertura y no mejorar calidad (vinculación); divisibilidad de la Resolución de Calificación Ambiental, en contraste con un ingreso subjetivo respecto del proyecto final por parte de los titulares (control y fiscalización).   

Claramente este proyecto de ley reduce, limita y atrofia la Institucionalidad Ambiental, es por eso que independiente de las críticas que podamos tener a la actual normativa, esta propuesta no hace más que empobrecer y coarta las funciones administrativas del ejecutivo en materias ambientales, minimizando e incluso tratando de invisibilizar sus funciones tanto políticas como técnicas.

Este punto es relevante ya que entendemos que el problema que enfrenta el sistema de evaluación ambiental no es precisamente la disputa entre criterios políticos o técnicos (que en muchas ocasiones se busca confrontar) producto de desconocimiento o bien con intencionalidad de ocultar una posición política determinada, claramente el rol de la administración del Estado debe contar con acción y elementos políticos sustentado en una base técnica. El olvidar la esencialidad de la política en el quehacer democrático, provoca como fin último la enajenación de las personas o de la sociedad sobre su propio futuro.

Es relevante el poder distinguir funciones como evaluación ambiental y calificación ambiental, la actual propuesta unifica ambas funciones en una sola instancia administrativa, atomizando el debate técnico respecto a la evaluación del proyecto, junto con concentrar las funciones de calificación en tres organismos a nivel nacional. Esta concentración de funciones es una expresión más de cómo se busca reducir la capacidad del Estado, que tendrá como uno de sus efectos precarizar las condiciones de los funcionarios públicos, incluso provocando el despido de muchos de ellos a todo nivel.

Es a partir de lo anteriormente expuesto, que surge la necesidad de confluir con los actores involucrados, no tan solo para defender lo alcanzado, avanzar en construir una idea que no se aleje de la ciudadanía (de las mayorías), abrir paso a una nueva dimensión de lo que buscamos alcanzar con el sistema de evaluación ambiental, traduciendo entre sí las demandas de los actores, y confluyendo a una necesaria adenda ciudadana ante la reformulación del SEIA.

Debemos instalar y debatir estos temas no tan solo desde una perspectiva, comenzar quizás por el sentido de la participación ciudadana y su carácter vinculante, que los procesos de evaluación y calificación ambiental mantengan concordancia con el proceso descentralización, abrir la discusión respecto a los beneficios tributarios del desarrollo de los proyectos en regiones o comunas determinadas, mejorar la calidad de los proyectos ingresados al sistema de evaluación, evaluar la sinergia de los proyectos en zonas específicas, fortalecer instrumentos de planificación territorial, fortalecer competencias del servicio de evaluación ambiental a nivel regional y nacional junto con los organismos sectoriales vinculados. En definitiva, permitir la adaptación del conjunto de la institucionalidad ambiental a los tiempos actuales, en contraste con una reforma que busca retroceder al siglo XX.

Al parecer, no se aprendió mucho con lo sucedido con la termoeléctrica Castilla, y aquél icónico telefonazo del Presidente Piñera. Hoy se repiten los actores y el libreto, pero ya no con un solo proyecto de inversión como escena de fondo, sino con toda la institucionalidad ambiental puesta en juego, con más incertidumbre que certezas.