Este viernes, el Ministerio de Hacienda descartó implementar modificaciones al marco regulatorio del mercado financiero, pese al escándalo que ha desatado el estallido del llamado caso Cascadas, la formulación de cargos que ha hecho la Superintendencia de Valores y Seguros contra Julio Ponce y su círculo de hierro en las sociedades cascadas de SQM, involucrando también en la polémica a importantes corredoras de bolsa como Larraín Vial. Así, y aunque el ministerio público estaría estudiando abrir una investigación por presunto asociación ilícita entre los involucrados, hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que “en Chile las instituciones funcionan. Existe una “súper” (SVS) que va a preocuparse de que en el mercado financiero”.
Pese a la tranquilidad con que el Ministerio de Hacienda se está tomando las cosas, el abogado querellante en el caso Cascadas, Mauricio Daza, quien representa a los accionistas minoritarios de SQM, alertó en entrevista con CNN Chile sobre las dimensiones y alcances que este hecho podría tener, a razón de las empresas y personeros involucrados.
El profesional fue consultado por las responsabilidades que podría tener el ex ministro de Economía, y ex Superintendente de la SVS, Alejandro Ferreiro, quien se desempeñó como director de Norte Grande, una de las sociedades utilizadas por Ponce para controlar SQM. Ante esto, Daza aseguró que “es poco creíble que una persona con la experiencia del señor Ferreiro señale que era normal todas estas operaciones que se hacían a vista y paciencia de todo el mercado. Esta no es una operación, son cientos de operaciones que se concretaron por lo menos el año 2008, incluso antes. No se están investigando por un tema de prescripción”.
El abogado querellante aseguró que este tipo de casos en que personeros de trayectoria política ocuparon cargos en las sociedades vinculadas al caso Cascadas son reiterados y han servido a Ponce para mantener, al menos hasta ahora, cierta impunidad. “Julio Ponce Lerou ha sido una persona muy hábil. No sólo para hacerse de la propiedad de SQM cuando era yerno de Augusto Pinochet sino principalmente durante los últimos 20 años que ha colocado en los distintos directorios de sus empresas a personeros importantes de distintos ámbitos políticos. Está el señor Alejand Ferreiro, que fue ministro de Economía, ex Superintendente de SVS y además fue presidente del Consejo para la Tranparencia. Está Cristián Leay, que fue jefe de bancada de los diputados UDI. Está Hernán Büchi (ex ministro de Hacienda y ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Pinochet). Está Patricio de Solminihac, hermano del actual ministro de Minería”, detalló, agregando que “esta red le ha permitido durar con relativa impunidad”.
“Acá hay un conjunto de personeros que tienen llegada política, en ámbitos políticos, y eso obviamente le ha permitido a Ponce Lerou que no haya sido fiscalizado a la fecha”, aseguró el abogado. Asimismo explicó que, según la ley de mercados y valores, basta que los directores de SQM y las demás sociedades implicadas en el escándalo hubieran estado en posición de conocer estos hechos para que se puedan formular cargos en su contra o se les considere responsables. “Ahora, hay responsabilidad de distintos ámbitos, hay responsabilidades penales, administrativas y también, por qué no decirlo, responsabilidad políticas por quienes sirvieron puestos importantes de ese ámbito en distintos organismos del estado”, agregó Daza.
Además, apuntó a la responsabilidad de las corredoras de bolsa. “También existe una responsabilidad por parte de las corredoras que debe ser investigada. Acá hay importantes corredoras que participaron directamente para garantizar que estos acuerdos que se llevaban a cabo pasaran por bolsa en términos tales que de que pudieran provocar el efecto ilícito buscado”, señaló, poniendo como ejemplo dos casos: Larraín Vial y BanChile corredores.
“Larraín Víal ha sido la que ha estado involucrado en muchas operaciones que hoy día son conocidas a partir de la filtración de los cargos de la Superintendencia pero ojo, que hay una operación en la que intervino un fondo importante que se denomina Linzor que habría operado como palo blanco. Ahí intervino BanChile”, explicó el abogado.
Por último, Daza, quien está pidiendo al menos 10 años de prisión para Ponce Lerou, criticó el desempeño que ha tendio la Superintendencia de Valores y Seguros a la hora de fiscalizar a los involucrados. A su juicio, su actuar “ha sido tardía y además bastante parcial, insuficiente (…). Si es que realmente fueran diligentes, ellos deberían enviar todos esos antecedentes al ministerio publico que es el organismo en Chile encargado de investigar delitos pero qué es lo que hacen… Les niegan la información porque ellos solamente están enfocados, hasta la fecha, en investigar estas sanciones administrativas que se traducen en multas”.
“Acá lo que debió haber ocurrido hace rato era que la Superintendencia remitiese esto al sistema de persecución penal para que lo indague y eventualmente se sancionen estos hechos”, aseguró.
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Publicado el 05 de octubre de 2013
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