El fallo de la Corte Suprema que paralizó el
proyecto minero El Morro encendió las luces de alerta en los ministerios que trabajaban en la redacción de un documento que aclararía el proceso de consulta indígena.
En el Ejecutivo hay "dos miradas" respecto de la participación de los pueblos originarios.
Los empresarios no son los únicos "en alerta" ante el silencioso avance de la oposición indígena a proyectos. Desde el Ejecutivo hicieron suya la inquietud de una posible obstrucción a las inversiones y decidieron clarificar el punto de mayor conflicto: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entrega condiciones de consulta especiales a los pueblos originarios. Tarea nada fácil que generó discrepancias entre ministerios y, todavía, una resolución incierta.
Pese a que a fines de mayo el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad -presidido por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y en el que también participan las carteras de Agricultura, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Minería y Desarrollo Social- opinó favorablemente sobre el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), norma que establece principios reformados para la aplicación del 169, todavía falta la firma del Presidente Piñera para que comience a regir. ¿La razón de la demora? Hay varias versiones.
Según dicen fuentes conocedoras de las tratativas, el proceso estuvo marcado por las diferencias de opinión entre los ministerios involucrados directamente en la reglamentación del convenio y cómo integrarían las consultas indígenas a la evaluación de los proyectos.
Por un lado, los ministerios de Energía y Minería habrían expuesto en el Consejo que las consideraciones con los indígenas no debían interferir con las iniciativas productivas , en especial, los proyectos mineros y energéticos. A su vez, desde Medio Ambiente y Desarrollo Social habrían tomado una postura proclive a cautelar los derechos de los pueblos originarios .
"Cómo es lógico, cada ministerio, y los equipos de técnicos de cada uno de ellos, querían hacer valer sus puntos de vista. Eso provocó discrepancias y tensiones, indudablemente que existieron", dice una fuente.
El punto de las discrepancias: La ventana para consultas indígenas
El "cara a cara" entre ministerios, entre otros puntos, se relacionaba con las ventanas que entregaría la nueva reglamentación a las consultas que deban hacer las empresas a los grupos indígenas afectados por algún proyecto.
"Existían sutilezas de texto entre ministerios. Cada uno aportaba para que quedara lo más claro posible la parte del Convenio 169, tanto para indígenas como para inversionistas", dice otra fuente.
"Sutilezas" relacionadas a las oportunidades en que los pueblos originarios impactados por el proyecto consultan a la empresa y solicitan mitigaciones. Involucrados en las conversaciones sostienen que buscaban disminuir las ambigüedades en el documento, evitando que los afectados puedan retrasar la tramitación mediante preguntas no contempladas.
Pero la revisión exhaustiva de las nuevas "reglas del juego" para la relación con los indígenas no estuvo siempre. Si bien el SEA repartió carpetas informativas a los ministerios en diciembre del 2010 con los fundamentos de los cambios en la normativa, un hecho coyuntural transformó en prioridad el estudio del convenio : la ratificación de la Corte Suprema de un fallo que revertía la aprobación del proyecto minero El Morro -controlado por Goldcorp-, acción solicitada por un grupo indígena acogiéndose al Convenio 169.
El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, reconoce que "efectivamente hubo discusiones, eso sí, más en el último minuto que al principio, todo atravesado por una incertidumbre infinita como fue el fallo de El Morro". Esta resolución fue dictada poco antes de un mes de la reunión del Consejo de Ministros.
"Existieron diferencias a nivel de profesionales, pero la verdad es que a nivel de ministerios la información estuvo en diciembre de 2010", añade.
Toro explica que no existieron mayores cuestionamientos al fondo del reglamento, pero sí lo quisieron "releer" en vista del dictamen de la Justicia.
"Buscamos reducir al máximo las dudas en el texto. Y luego de El Morro era razonable intentar disminuir a lo máximo posible la posibilidad del juicio, si bien sigue presente que cualquier persona recurra a Tribunales, que existan normas claras y aceptadas por todos debería disminuir estas acciones", sostienen al interior de un ministerio involucrado.
En esa búsqueda salió al ruedo el Ministerio de Justicia, que si bien no participa del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, fue requerido, según fuentes de Gobierno, para ayudar en la clarificación de la normativa. "Se les pidió colaboración para que revisaran con lupa la redacción del reglamento en lo relacionado al 169, nos sentimos responsables por dejar una norma que disminuya las interpretaciones", agregó una fuente del Ejecutivo.
Personeros de la cartera dirigida por Teodoro Ribera confirmaron su participación en el proceso, aunque la catalogaron de "más bien tangencial y puntual respecto al análisis" del Convenio 169.
El nuevo escenario para el uso del convenio
Pese a las diferencias, las reglas para las consultas indígenas están definidas en su estructura. Así, se establece que los titulares de los proyectos que presentan un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deben consultar a las comunidades indígenas que afecten, para lo cual tendrán un período de 60 días para conversar y alcanzar acuerdos sobre las mitigaciones.
Asimismo, se establecen períodos de 30 días luego de cada respuesta del titular a las preguntas ciudadanas (adendas). "La participación indígena se mantiene durante todo el proceso en ventanas de tiempo definidas, acotadas y razonables, pero durante todo el proceso", explica el director ejecutivo del SEA.
Otra novedad que incluiría el reglamento del SEIA es que para casos de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el director regional del SEA tendrá la facultad durante 20 días de conversar con comunidades potencialmente impactadas por un proyecto, pero que el titular negó su afectación . La autoridad, si establece que existen grupos humanos vulnerados, puede dar fin anticipado a la declaración, recomendando al inversionista que si quiere realizar la iniciativa, deberá presentar un EIA, mecanismo donde se reglamentó la consulta y mitigaciones a los pueblos.
Toro dice que esta herramienta permitiría disminuir los conflictos sin solución, que tendría un impacto en la posterior judicialización de los proyectos, modalidad que fue probada de forma piloto en cerca de 20 casos de la Novena de Región donde existía un conflicto, terminando sólo uno resolviéndose en Tribunales.
Eso sí, advirtió que más allá del nuevo "rayado de cancha", es de importancia que los inversionistas integren el relacionarse con las comunidades para hacer viables los proyectos y no sólo pensar en cómo maximizar utilidades. "Así como el Servicio desde hace dos años ha hecho un análisis crítico de su gestión diciendo públicamente lo que no estaba funcionando bien, también nos gustaría que los inversionistas hicieran un análisis sobre los aspectos en que ellos se han equivocado".
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Publicado el 13 de julio de 2012
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