“Ha habido mucha desinformación sobre la Reforma al Código de Aguas”, así lo manifestó el ministro de Agricultura, Carlos Furche.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el secretario de Estado desestimó los argumentos expresados por candidatos de oposición, quienes critican que exista un mayor rol del Estado como garante del recurso, apuntando a que esto podría significar inminentes expropiaciones por derechos de uso.
Las declaraciones del ministro provocaron reacciones. La integrante de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, Adriana Muñoz, afirmó que la postergación del debate legislativo obedeció a una presión ejercida desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Según la senadora, esto posibilitó una campaña política-electoral de desinformación destinada a pequeños agricultores y regantes de la zona centro sur del país. Adriana Muñoz indicó que durante estos mítines realizados por candidatos de derecha en zonas rurales, se han expresado miradas muy alejadas de lo que realmente contempla la prenormativa.
“Yo critico al ministro de Agricultura por salir de una reunión con la SNA, porque después del lobby que ahí se ejerció, anunció que se va a congelar la tramitación en el Senado del proyecto que modifica el Código de Aguas, cuestión que es inédita en un país democrático. Lo mismo sucedió con pesca. Cómo un grupo económico puede tener tanta capacidad de presión y sustentado en falsedades argumentos para llegar a paralizar la tramite legislativo”, afirmó.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, manifestó que esta campaña de desinformación ha sido responsabilidad del propio Ejecutivo. Esto, por no exponer a través de las Seremis e Indap, los reales beneficios de la reforma.
“Perfectamente las Seremis y el Indap podría haber llamado a sus beneficiados, que son los campesinos, para explicarles, coordinados en todo el país, cuáles son los alcances de la reforma y cómo esta modificación prioriza a la gente de sectores rurales, el agua potable y los derechos de las comunidades indígenas, porque son actividades de subsistencia, agua potable y saneamiento, riego de pequeños predios que dan el sustento al ciudadano que trabaja en el campo”, subrayó.
Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, manifestó su preocupación por la interrupción de la discusión parlamentaria. Precisó que por primera vez se toca el derecho al agua potable en sectores apartados.
La dirigenta realizó un llamado a los pequeños, medianos agricultores, regantes y comunidad rural del país, a no caer en los argumentos que confunden a la ciudadanía.
“Hacer un llamado a todas las personas, pequeños y medianos agricultores, de que esto no es una amenaza para ellos, al contrario, es una protección. Luchemos para que toda estas modificaciones se concreten, que no se paralicen por motivaciones empresariales o políticas. Eso es un tema, pero la vida es mucho más importante, más relevante, así que hay que ponerse las pilas con esto, vamos por el camino correcto sin desviarnos”, subrayó.
Gloria Alvarado afirmó que se ha distorsionado el otorgamiento de los derechos a este recurso y que, a 36 años de vigencia, el Código de Aguas está obsoleto para enfrentar los actuales problemas de acceso y de seguridad hídrica.
Destacar que según informes de organizaciones ambientalistas, en los últimos 6 años y con el aumento de los conflictos por el agua, el Estado ha gastado más de 92 mil millones de pesos en camiones aljibe para abastecer de agua potable a 175 comunas de Chile. Las cifras son claras y preocupantes: unas 500 mil personas en pleno 2017 carecen del recurso hídrico.
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Publicado el 11 de noviembre de 2017
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