Comuneros denuncian sobornos de fundaciones ligadas a industria del litio

LA INSTANCIA PARLAMENTARIA SE COMPROMETIÓ A INVESTIGAR

En diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión investigadora del acuerdo Codelco-SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, instancia que este jueves sesionó en San Pedro, junto a expertos, y representantes de las comunidades, quienes aprovecharon la oportunidad para denunciar falta de participación e intentos de sobornos por parte de fundaciones vinculadas a la industria.

En la sesión participaron dirigentes e integrantes de las comunidades de Coyo, Toconao, Larache, Socaire y Camar, los que acusaron haber sido excluidas del proceso y exigieron ser escuchados en la Consulta Indígena que ayer entró en su etapa de deliberación. Asimismo, comuneros denunciaron eventuales sobornos ofrecidos por fundaciones vinculadas a empresas relacionadas con la industria del litio, lo que los parlamentarios se comprometieron a investigar.

En este línea, el diputado Sebastián Videla sostuvo que "las comunidades deben estar en el centro de cualquier proceso de desarrollo. No puede haber acuerdos ni avances si se excluye a quienes cuidan y habitan este territorio".

Fne aprueba acuerdo

Ayer, además, se conoció que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM. Partes que presentaron la notificación a la FNE a fines de julio de 2024 y, en septiembre, el organismo inició el período de revisión de antecedentes. Con la decisión, la FNE ha aprobado la implementación de la asociación sujeta a ciertos protocolos de manejo de información y de funcionamiento, lo que es estándar en materia de control de operaciones de concentración.

"Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado y que se están cumpliendo de manera sistemática las condiciones necesarias para su ejecución", comentó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

La aprobación de la FNE se suma a las ya emitidas por los organismos de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. De este modo, se ha cumplido la mayoría de las autorizaciones regulatorias internacionales requeridas, restando únicamente el pronunciamiento de China.