La amenaza de ponerle fin anticipado a contrato clave de la minera obedecería a una decisión política y hace tambalear estrategia diseñada por Contesse y Enrique Correa. Sin embargo, la pugna podría dejar heridos en ambos lados: SQM está controlada en un 70% por manos foráneas y ayer las acciones tocaron su nivel más bajo en 6 años, en tanto que sus bonos se desplomaron.
El martes pasado sesionó el directorio de SQM. Como parte de su política habitual, la renovada mesa de la minera hizo un análisis respecto de los distintos riesgos que enfrenta, pero jamás visualizó que Corfo ya había decidido rechazar la conciliación sobre la pugna por los contratos de arriendo de pertenencias en el Salar de Atacama.
Aunque el comparendo para ponerle fin a la disputa está fechado para el 9 de julio, la estatal ya tiene una decisión tomada: no aceptará la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Humeres, que sugiere un perfeccionamiento de los referidos contratos, además de un pago por US$17,1 millones por parte de SQM.
Son 28.054 pertenencias que la compañía explotaría hasta 2030 –principalmente cloruro de potasio, ácido bórico y productos de litio–, todos minerales que en 2014 explicaron el 39% de sus ventas, aunque los cálculos de la Corporación apuntan a que estos representan hasta el 75% de sus ingresos.
Las razones de la Corporación serían varias. Respecto de los presuntos incumplimientos en que habría incurrido la otrora compañía presidida por Julio Ponce, y según publicó este medio en la edición del miércoles, está la “inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM”, consistentes en la “continua venta a precios de transferencia a empresas relacionadas a precios menores que de mercado” y “medidas para hacer inviable la licitación competitiva del salar a futuro”, considerando la acción de la empresa de inscribir derechos de agua a su nombre fuera de las pertenencias mineras arrendadas, pudiendo afectar la incorporación de terceros una vez terminado el contrato.
Dichos argumentos se resolverán en un juicio frente al cual SQM ya está arropada con el bufete Claro y Cía., pero que –según fuentes conocedoras de este proceso– no explicarían del todo el por qué de la arremetida de la estatal, pues la razón de fondo de la Corporación es que el Gobierno habría tomado la decisión de que aceptar una conciliación con la empresa era inviable, dado el rol de esta en el actual escándalo de la financiación ilegal de la política.
SQM y su filial SQM Salar han admitido aportes millonarios por fuera de la ley a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y políticos de la Nueva Mayoría. A eso se suma que el personaje que controla la empresa –aunque en forma indirecta– es el cuestionado Julio Ponce, forzado a dejar el directorio por la presión de inversionistas extranjeros y multado en US$ 70 millones por ser el ideólogo del esquema de las Cascadas.
Hay fuentes cercanas al Ejecutivo que afirman que la decisión de enfrentar a SQM y Ponce vino desde lo más alto del Gobierno, pero hay otros –con igual nivel de acceso a la decisión– que señalan que fue tomada por Eduardo Bitran, director de Corfo, sin mayores consultas a La Moneda, aunque sí lo habría discutido con Hacienda y el Ministerio de Economía.
Sobre lo que no hay debate, es respecto a que la declaración de guerra del Gobierno a SQM hace tambalear la estrategia histórica del ex gerente general, Patricio Contesse, y Enrique Correa, de tejer lazos y generar alianzas con la Concertación y la Nueva Mayoría para blindar a la empresa de acciones como la tomada por Corfo. Financiar sus campañas era parte de ese esquema. Le terminó costando el puesto a Contesse y el mensaje ahora es que Ponce ya no es intocable.
El factor extranjero
Lo malo es que los pecados de SQM no los estarían pagando únicamente su ex presidente ni su ex gerente general, sino también los capitales extranjeros que representan el 70% de la propiedad de la compañía, un factor que explicó parte importante de la caída de las acciones de SQM (ventas de ADR) y que podría derivar en un potencial conflicto diplomático entre el Gobierno y países como Canadá, donde está domiciliada Potash Corp, dueña del 30% de la minera.
Una fuente cercana al directorio de SQM sostiene al respecto que la situación podría tornarse incómoda para el Gobierno. “Los inversionistas internacionales acuden a sus distintas embajadas u oficinas de negocios cuando ocurren cosas de este tipo. En este caso, parece difícil que no hagan ver su parecer, considerando que toda una compañía está pagando los pecados de un par de ejecutivos que además ya dieron un paso al costado”.
Su visión rememora el conflicto entre Codelco y la británica Anglo American, cuando Jon Benjamin instó al Gobierno a no interferir en una disputa que debía zanjarse entre ambas empresas.
Por esto es que ya se anticipa un escenario de una negociación compleja. En el mundo privado sostienen que es complejo que el Gobierno abiertamente le quite las concesiones y se haga cargo de dichas pertenencias y, más difícil aún, que encuentre un tercero para continuar la concesión. “Esto sería visto como expropiación de propiedad privada y el impacto en activos chilenos afuera sería enorme”, vaticinan algunos en momentos en que La Moneda quiere tender puentes y generar confianzas con el empresariado.
Así es como la Corfo va a un juicio cuyos argumentos son discutidos por SQM. Su gerente general, Patricio de Solminihac, le comunicó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que “opera normalmente tal como ha sucedido en los últimos 20 años. Las diferencias entre las partes, de acuerdo al Contrato, deben ser necesariamente resueltas a través de un proceso arbitral (…) SQM mantiene su posición respecto a que ha cumplido cabal y oportunamente sus obligaciones establecidas en el Contrato”, en un entorno en el cual aseguran que los argumentos de la Corporación son todavía débiles, a pesar de que el impacto en el mercado se ha hecho sentir con fuerza.
Acciones se desploman y tasas de los bonos se disparan
De las cinco acciones que más cayeron ayer en la Bolsa, cuatro tenían relación con la minera. SQM-B (la acción más líquida de la compañía) se desplomó un 18,8%, tocando su nivel más bajo en 6 años, mientras que su filial Soquimich Comercial lo hizo con un 9%. La cascada también sufrió: Nitratos lideró las bajas en la rueda tras contraerse un 16%, seguida por Oro Blanco con un 15,5% y, en menor medida, por Norte Grande con 6,7%. Los ADR en Nueva York sufrieron similar suerte.
Todas, caídas que en un principio motivaron la suspensión de cotizaciones por parte de la Bolsa de Comercio, pero que se reanudaron tras una carta enviada por De Solminihac, de un tenor similar al escrito enviado a la SVS.
Los bonos de la compañía también reflejaron el impacto. Sus tasas –ya castigadas por la cadena de ruidos que ha generado la compañía, a propósito de la investigación del Ministerio Público por delitos tributarios– subieron 40 puntos base en aquellos con duración a cinco años (4,37%); los papeles con plazo a siete años subieron 63 puntos base (4,70%); y aquellos con plazo a 2 años, 20 pb (3,07%).
Bci emitió un informe en el cual señala que esta coyuntura “se suma al escenario de incertidumbre vivido recientemente a nivel de gobierno corporativo. Si bien nuestro P.O. 2015E es $16.000/acción, estimamos que coyuntura actual continuará inyectando presión bajista sobre el precio de la acción. Asimismo, estimamos que actual configuración representa el inicio de un largo proceso judicial”. El precio de la acción es $10.342.
Con este escenario, crece la tensión sobre el control que ejerce Ponce en SQM. Tal como se ha publicado cada vez que las cascadas han metido ruido, se gatilla la amenaza de que el ejecutivo tenga que reponer las garantías de sus deudas, debiendo salir a comprar acciones de SQM en el mercado. La diferencia es que en esta ocasión también cayeron los papeles de la minera –el activo subyacente de la cascada–, lo cual le da cierta holgura, aunque igual supone una luz de alerta para los covenants de la empresa.
Por ahora, las clasificadoras de riesgo se mantienen en silencio.
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Publicado el 19 de junio de 2015
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