Tal como sucedió hace unas semanas con el proyecto Monturaqui de Minera Escondida, el Consejo Regional (Core) decidió rechazar la "Continuidad operacional Compañía Minera Zaldívar" (Antofagasta Minerals, AMSA).
La razón fue la misma esgrimida para oponerse a la iniciativa de la principal minera privada del país: el proyecto considera extender la operación de extracción de agua desde los pozos ubicados en el sector Negrillar (al sur del Salar de Atacama), situación que no se alinea con la Estrategia Regional de Desarrollo.
El proyecto -para el cual AMSA estimó una inversión de US$100 millones- consiste en la continuidad operacional de Zaldívar, manteniendo la actual tasa de extracción de material de 260.000 toneladas por día (tpd) y su tasa de producción de 176.000 tpa, de esta forma su fase de cierre finalizará en 2031.
La decisión del Consejo, no obstante no es vinculante para ninguna de las reparticiones de gobierno que participan del trámite ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), marca una señal política potente.
"Nuestro pronunciamiento si bien no obliga a ningún servicio, es una postura que se incorpora al expediente y que se tiene a la vista para tomar la decisión final", explicó la consejera regional Sandra Pastenes, quien forma parte de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Core.
Intendente
Según consta en el oficio enviado por el Gobierno Regional al SEA, el pronunciamiento desfavorable se fundamenta en el lineamiento 3 de la Estrategia 2009-2020, denominado "Región sustentable".
De acuerdo al Objetivo 1 de ese lineamiento, el gobierno debe "proteger el recurso hídrico a través de una eficiente administración, en concordancia con las condiciones regionales de extrema aridez y atendiendo a las presiones que se ejercen sobre su oferta limitada y poco conocida".
El oficio, sin embargo, esta vez fue firmado por Katherine López en calidad de intendente (s), debido a que la máxima autoridad regional debió inhabilitarse dada la relación laboral que ligó a la empresa solicitante (Minera Zaldívar) con Marco Antonio Díaz, y que se desarrolló desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 28 de febrero de 2018.
Y es precisamente el accionar del intendente Díaz en relación al proyecto Monturaqui el que generó molestia y cuestionamientos en el Core.
"Nuestro pronunciamiento desfavorable en torno a ese proyecto se materializó el 22 de junio, pero el intendente no remitió el oficio al SEA sino hasta el 30 de julio. Eso significó que la recomendación del Core en torno a rechazar el proyecto quedó fuera y no fue incluida en el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara), que fue publicado el 9 de julio", acusó la core Sandra Pastenes.
Impacto
Según relata, durante la sesión del Core en que se decidió rechazar Monturaqui, el intendente se mostró partidario solo de "observar" el proyecto, acción que les permitiría seguir opinando durante el proceso.
"Pero de manera unánime tomamos otra decisión y no sabemos aún por qué razón ésta no fue transmitida en los tiempos que corresponden al SEA. Yo sé que él no puede estar encima de todo y preocupado de los plazos, pero para eso tiene gente trabajando con él", agregó la consejera.
Respecto de los alcances de este "impasse", el exseremi de Medio Ambiente Felipe Lerzundi, advirtió que primero habrá que ver qué hace el SEA con el pronunciamiento.
"Esta tardanza implicó perder una posibilidad de incidir efectivamente en el destino de la evaluación. Al verlo el Core fuera de plazo y al no firmarlo el intendente sino a tres semanas de que se viera en el pleno, muestra lo poco prolijos y la poca importancia con que está tratando estos temas el gobierno", aseguró.
Respecto de si cree hubo voluntad de retrasar el envío del oficio al SEA, Lerzundi sostuvo que "más bien creo que hay incoherencia entre el discurso de trabajar, proteger y defender el medio ambiente y el poco esmero por hacerlo de forma efectiva. Incluso puede que haya ignorancia de cómo funciona el sistema".
Dominga
Lerzundi advirtió además sobre las posibles implicancias que esta "desprolijidad" puede acarrear para el futuro del proceso.
"Ya vimos como evaluó el Primer Tribunal Ambiental los aspectos de forma en el caso Dominga, sin necesidad de entrar en el fondo. Si se rechazara el proyecto, perfectamente el titular podría argumentar vicios del procedimiento, el Tribunal actuar en coherencia con lo fallado en Dominga y de esa forma revertir el rechazo", advirtió.
Antes de esto, aclaró que debe agotarse la vía administrativa, "lo que sería instalar en La Moneda un conflicto creado en la región, pues la vía administrativa se agota en el Comité de Ministros", cerró.
Este Medio se comunicó con el Gobierno Regional para obtener la versión del intendente Díaz, sin embargo, no fue posible la comunicación.
Trabajo
Desde minera Zaldívar explicaron que una negativa a su solicitud implica pensar en el cierre de la operación en los próximos años. "Esto significa dejar sin trabajo a unas 2.400 personas (entre trabajadores directos e indirectos), suspender operaciones con aproximadamente 240 proveedores locales y dejar de realizar compras locales y pago de patentes en la región; las que en 2017 ascendieron a US$73 millones y US$558.723, respectivamente".
Sostuvieron que sus estudios y modelos hídricos han sido construidos y calibrados con información recopilada por más de 20 años en el sector. Ellos concluyen que aún es posible seguir extrayendo agua en la zona, con los efectos ambientales declarados en el EIA.