El caso de la supuesta apropiación indebida de SQM en el Salar de Atacama –perteneciente al Estado y rico en litio-, aún está en desarrollo. Esta semana las senadoras Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC) le pidieron a la Contraloría que investigue a funcionarios de la Corfo por aparente “abandono de deberes” en el caso de sobreposición de terrenos de SQM en el salar estatal. Ante esto, el fiscal de la Corfo, Marco Riveros, informa que “lo que ellas sostienen es muy impreciso. La sobreposición de SQM que ellas consignan se materializó entre 1998 y 2000, y actualmente las pertenencias figuran a nombre de la Corfo, como deber ser y se constata en la Declaración de Mandatario y Entrega de Pertenencias Mineras, que realizó SQM unilateralmente a Corfo el 30 de noviembre recién pasado”.
Si bien Riveros indica que la sobreposición de las 12 pertenencias en cuestión –que significan menos del 1% del salar- fue acometida por SQM entre 1998 y 2000, reconoce que “eso no debió haber ocurrido. Estas pertenencias deberían haber vuelto a nombre de la Corfo al poco tiempo de que ocurrió este hecho, hace más de 10 años”.
Defensa
“Corfo ha actuado como siempre: con la debida diligencia y celeridad, en el resguardo de su patrimonio. Me llama la atención la petición que hacen las senadoras Rincón y Allende a la Contraloría”, dice Riveros, y continúa expresando que “ellas hacen una imputación hacia nosotros bastante grande, de abandono de funciones, cosa que no se configura en ninguna parte, y precisamente si esto está ordenándose es porque hemos dispuesto de esas medidas”. Al ser consultado si acaso estas acciones se tomaron muy tarde, el fiscal sostiene que “no estimo que sea muy tarde”.
No habría mérito para terminar contrato
Según el acuerdo de arrendamiento de la firma que explota litio con la Corfo y que data de 1993, la única causal para terminar el contrato –que es lo que piden las senadoras-, es que SQM deje de pagarle el arriendo a la Corfo, “hecho que no ha sucedido”, dice Riveros. Todas las otras diferencias que puedan suscitarse, indica el fiscal, “tienen que ser sometidas a un arbitraje luego de un largo proceso”.
Otra arista del contrato de 1993, y en la que SQM escuda su accionar de sobreponer o “dualizar” las pertenencias, es que la firma “deberá ejercer todas las acciones y demás derechos que gozan los titulares de pedimentos y concesiones mineras para garantizar y defender cada una de dichas pertenencias durante la vigencia de este contrato”, dice el documento de casi veinte años atrás. En este caso, SQM estimó que había que sobreponer los terrenos para resguardar esas 12 pertenencias que habían sido mal plasmadas en la escritura.
A pesar de sostener que lo que hizo SQM se apega al reglamento, desde la Corfo señalan que han decidido realizar una completa revisión a la situación generada hace 12 años. “Vamos a impulsar que SQM nos rinda cuenta y pediremos explicación”, dice Riveros, quien ya le informó a la empresa de Ponce de esta situación el 30 de octubre de 2012. En todo caso, el fiscal descarta que con esta polémica haya habido “una pérdida de miles de millones de dólares”, como señaló la senadora Rincón, y se pregunta “¿dónde está la pérdida para el Fisco si ellos han pagado siempre? Hemos chequeado constantemente este proceso”.
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Publicado el 21 de diciembre de 2012
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