En julio de 2023 la Defensoría Regional de Antofagasta y la Municipalidad de San Pedro de Atacama firmaron un convenio de colaboración que permite proporcionar acceso a la justicia para las personas que viven en la comuna y sus alrededores. Con este acuerdo, el municipio brinda un espacio en instalaciones edilicias a los defensoras y defensoras y a la facilitadora intercultural para atender público cada 15 días.
Al principio la atención se efectuaba mediando citaciones a imputados y familiares, pero, con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a esperar las visitas quincenales y hoy se brinda un gran número de atenciones espontáneas de personas que llegan con una serie de consultas.
Esta primera etapa de instalación de la Defensoría Penal Pública en San Pedro de Atacama está circunscrita a una oficina facilitada por el municipio y durante 2023 permitió la atención a un poco más de 70 personas entre julio y diciembre. En cambio, durante 2024 ya las atenciones superan las 200 lo que plantea un gran desafío para la institución.
Además, en estos cometidos quincenales, se suma que la facilitadora intercultural, Marioli Lique Mondaca realiza visitas domiciliarias y ubicación de imputados en sectores aledaños a la comuna de San Pedro de Atacama, lo cual ha permitido mayor orientación tanto a los usuarios como a sus familias. En este proceso se atiende tanto a adultos como adolescentes, imputados y personas que cumplen condena en libertad.
“Si se concreta la idea que tienen el Poder Judicial y las instituciones intervinientes en los distintos ámbitos de justicia sobre la instalación de un tribunal de competencia mixta en San Pedro de Atacama, deberemos pensar en que la presencia de la Defensoría Penal Pública en debe ser más intensa ya que se efectuarán audiencias en la misma localidad, por lo tanto, estamos estudiando las alternativas que podemos diseñar para que eso sea posible”, destacó el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo.
Además, Barrientos resaltó que la presencia de la defensa en la localidad y sus alrededores ha sido muy bien acogida por los vecinos, ya que junto con brindarles mayor cercanía con los profesionales, se concreta un anhelo de acercar la justicia a los lugares más alejados donde muchas veces las personas carecen de los medios para efectuar viajes periódicos o se encuentran en zonas geográficas de escaso acceso tecnológico.
“Debemos tener en cuenta que muchos de los usuarios de estas localidades pertenecen a pueblos originarios por lo que deben contar con una defensa especializada por ello. Además, la prestación de orientación jurídica responde a uno de los valores institucionales que busca brindar una atención atenta a las particularidades de cada persona, especialmente cuando se trata de personas que pertenecen a grupos de especial protección”, finalizó Barrientos.