La intervención de SQM que cambió la Ley de Medioambiente

En 2008 aparece la huella del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el agresivo lobby sobre autoridades para obtener beneficios. Ese año, Chile dio un paso en la protección del Medioambiente: transformó la Conama en ministerio, creó la superintendencia del ramo y un nuevo sistema de evaluación ambiental. El proyecto del gobierno sufrió drásticos cambios en el Congreso. CIPER comparó una minuta que SQM envió a diputados con las indicaciones que modificaban la ley. Las presentadas por el Ejecutivo y los entonces diputados Chahuán y Cubillos (actual ministra de Medioambiente) son calcadas a la minuta.

El 22 de enero de 2007, el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, le envió un correo electrónico a su secretaria, Katherine Bischop, con el siguiente mensaje: “Por favor enviar esta información a Roberto León por Grillo”. Este es el primer antecedente que se ha conocido de la relación directa de Ponce con uno de los políticos que recibieron financiamiento ilegal de SQM. La investigación de la Fiscalía identificó a “Grillo” como un correo electrónico (grillop10@hotmail.com) utilizado por Ponce Lerou para comunicarse con parlamentarios de su confianza. Uno de ellos era el diputado León (DC).

¿Qué le enviaba Ponce al diputado Roberto León que no podía mandarlo a través de su propia dirección de correo o de uno institucional? El mail contenía los antecedentes del ingeniero agrónomo Horacio Merlet Badilla, el candidato que el controlador de SQM buscaba imponer al primer gobierno de Michelle Bachelet para dirigir la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, que hoy es ministerio) en la Región de Tarapacá, donde SQM tiene sus principales yacimientos de yodo.

Hasta ahora, la responsabilidad por las peticiones y pagos ilegales que se hicieron desde SQM a diversos políticos la ha asumido judicialmente el ex gerente general de la minera: Patricio Contesse González. Yunta histórica de Ponce desde sus tiempos universitarios, Contesse ha aceptado cargar solo con toda la culpa por el financiamiento ilegal a políticos.

Después de casi tres años de ampararse en su derecho a guardar silencio, y para negociar una salida alternativa con una pena mínima, Contesse decidió entregar una versión “descafeinada” a los fiscales, en la que solo ha inculpado a Marco Enríquez Ominami y al PRI del fallecido Adolfo Zaldívar, excluyendo a los más fieles colaboradores de la minera (como Roberto León) y a sus más cercanos, como Pablo Longueira (UDI).

Pero el muro de contención que levantó Contesse para proteger a Ponce, se ha resquebrajado. El mencionado correo electrónico de Ponce a su secretaria es la primera prueba que apunta a la participación directa del controlador de SQM en las instrucciones que desde la minera se transmitieron durante años a dirigentes de casi todo el arco político para allegar beneficios a su negocio.

El plan de SQM de poner a Horacio Merlet en la Conama de Tarapacá en 2007 no tuvo éxito: Merlet fue designado seremi de Agricultura en Rancagua. Pero igual entre 2010 y 2012 Merlet trabajó para SQM. Lo hizo en cuatro proyectos de SQM en Pampa Hermosa, como consultor de Geobiota. Ese proyecto en la Región de Tarapacá ha sido clave para multiplicar las ganancias de SQM, porque le permitió duplicar su producción de yodo. A Ponce Lerou le interesaba instalar a un hombre de su confianza en la Conama para que ayudara a la aprobación ambiental de Pampa Hermosa (vea reportaje de CIPER).

Y en eso sí tuvo éxito Ponce Lerou. Porque ese cargo clave para SQM en la Conama regional de Tarapacá fue ocupado por el socialista Luis Guzmán Contreras, uno de los más estrechos colaboradores de otro dirigente favorecido con el dinero negro de SQM: el entonces senador Fulvio Rossi (ex PS). La anterior investigación de CIPER descubrió que Luis Guzmán intervino para hacer más laxa o simplemente anular la fiscalización a los yacimientos de yodo de la minera en una zona donde el agua es oro.

No sería esta la única intervención de SQM sobre el aparato público a través de parlamentarios que recibieron recursos de la minera. Un año después de que Ponce le envío los datos de su candidato a dirigir la Conama en Tarapacá, desde SQM volvieron a contactar a León para entregarle una minuta con 41 indicaciones que a la empresa le interesaba insertar en un proyecto de ley relevante para su negocio: la nueva institucionalidad ambiental, que entonces se tramitaba en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, de la cual Roberto León formaba parte.

En este nuevo contacto con León también quedó la huella de Ponce Lerou. Así se desprende de un intercambio de correos entre la vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, Pauline De Vidts, y su entonces jefe directo, Patricio de Solminihac, actual gerente general de la compañía. En esos mensajes, fechados en noviembre de 2008, Pauline de Vidts pregunta si deben enviar a León las indicaciones que desean introducir en el proyecto de ley. Patricio de Sominihac le responde que sí y propone que Ponce Lerou se las mande al diputado León.

Ese proyecto –ingresado por el primer gobierno de Bachelet– transformó la institucionalidad ambiental chilena: la Conama se convirtió en Ministerio y se crearon la superintendencia del ramo y un nuevo servicio de evaluación ambiental. La norma que finalmente salió del Congreso resultó mucho menos dura para las empresas que el proyecto inicial. Y SQM jugó un rol relevante para “suavizar” sus artículos.

CIPER investigó el lobby desplegado por los ejecutivos de SQM, con Julio Ponce al frente de la ofensiva, que incluyó reuniones y mensajes enviados a distintos parlamentarios. La minera tuvo éxito: al menos nueve de sus indicaciones fueron recogidas por alguna autoridad y se presentaron para ser votadas por los parlamentarios. En paralelo, la empresa pagaba por su influencia a través de millonarias boletas a dirigentes políticos de la derecha y de la entonces Concertación.

Ante la justicia estadounidense SQM reconoció haber destinado US$14,75 millones para realizar pagos a políticos por fuera de las vías legales entre 2008 y 2014, llegando a un acuerdo con el Departamento de Justicia y con la SEC (la entidad reguladora de valores) para pagar una multa de US$30 millones. Pero en Chile, donde se concretaron esos pagos y la empresa usó sus influencias para modificar la legislación a su conveniencia, el acuerdo fue mucho más austero.

US$4,3 millones ($2.550 millones) es el monto que la compañía acordó con la Fiscalía para zafar de su responsabilidad como persona jurídica de la acusación de cohecho sobre Pablo Longueira. Este último, cuando era senador, recibió de parte de Patricio Contesse una indicación para el proyecto de Royalty Minero que a la postre quedó en la ley prácticamente con la misma redacción con que salió de las oficinas de la minera.

LA PELEA GRANDE

La ofensiva de SQM para incidir en el proyecto que redibujó la institucionalidad ambiental del país, incluyó la coordinación de esa empresa con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con el Consejo Minero. Esa instancia se reunió con parlamentarios y fue el espacio para impulsar los cambios al proyecto de ley que le interesaban a la industria minera. Así lo reconoció a los fiscales la entonces vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, Pauline De Vidts:

“Se creó un grupo regulatorio encargado de hacer seguimiento y revisión de proyectos de ley y normativa aplicable al sector minero. Me integré a este grupo regulatorio por decisión de la administración de la empresa, concretamente Patricio de Solminihac, subgerente general de SQM” (actual gerente general), declaró De Vidts el 28 de junio de 2017.

Lo que a SQM le interesaba era que la nueva Superintendencia de Medio Ambiente tuviera contrapesos y no fuera “juez y parte”. Un anhelo compartido por todos los sectores productivos del empresariado, según la versión de la ex ejecutiva de SQM.

Y tuvieron éxito, porque la misma De Vidts afirmó ante los fiscales: “Esto no venía en el proyecto original y luego fue incorporado”.

Entre las operaciones utilizadas para incidir en la tramitación de la ley, SQM encargó una minuta al abogado Andrés Fernández (entonces asesor externo de la minera en temas ambientales a través del estudio Vial & Fernández) para proponer indicaciones a parlamentarios de su confianza. Fue así como poco después, al menos dos diputados – Roberto León (DC) y el ahora senador Francisco Chahuán (RN)- habrían recibido esa minuta titulada “Diagnóstico y propuestas para el perfeccionamiento del proyecto de ley de nueva institucionalidad ambiental”.

El envío de esa minuta a los diputados Chahuán y León, a través de correos electrónicos, fue solo una mínima parte de la intensa ofensiva que desarrolló SQM en esos días sobre parlamentarios de su confianza para intentar incluir sus indicaciones en el proyecto de ley en trámite.

El 28 de noviembre de 2008, Pauline De Vidts le envió un mail a su jefe, Patricio De Solminihac, diciéndole: “Considerando que estarás de vacaciones la próxima semana te adjunto el documento tal cual lo tenemos ahora para que lo hagas llegar a ambos diputados (Chahuán y León). Las indicaciones no van a cambiar y será más bien confirmación de muchas de ellas, con lo que Libertad y Desarrollo (centro de estudios ligado a la UDI) está presentando por su lado”.

Continúa el mail: “Es más valioso el tiempo que podemos perder si no las entregamos pronto (las indicaciones) para que los diputados las puedan ‘hacer propias’ y así las pueden presentar a la comisión (de Medio Ambiente) de forma oportuna”.

Un día antes, el 27 de noviembre de 2008, De Vidts le había enviado otro correo a De Solminihac para coordinar la ofensiva legislativa. “La Conama presentará a esta comisión el lunes 1 de diciembre sus indicaciones a la ley, las que recogen el 50% de las indicaciones que presentamos como Sonami y Consejo Minero (nos ha ido bien con esto)”.

En ese correo, De Vidts le dice a su jefe que el “grupo regulatorio” (SQM, Sonami y Consejo Minero) se había reunido con varios parlamentarios para hacerles ver sus puntos de interés. Entre ellos menciona a “Aedo, Monckeberg y Chahuán”. Y es precisamente aquí donde vuelve a aparecer la relación privilegiada que existía entre Ponce Lerou y el diputado León: “Dentro de la lista de los miembros de la comisión está Roberto León, por favor dime si crees que sea beneficioso hacerle llegar nuestras indicaciones al proyecto de ley”, escribió De Vidts.

Cuatro horas después, De Solminihac le envió una escueta respuesta: “Sí, pidámosle a Julio (Ponce Lerou) que se lo envíe a Roberto León (…) Yo conozco a Francisco Chahuán bien y me tiene aprecio (ex fiscal de Melón), se lo puedo enviar yo también si lo estimas”.

LAS INDICACIONES DE SQM

La minuta del abogado Andrés Fernández tiene 27 páginas que contienen 41 indicaciones que modifican el proyecto original del gobierno. Cada una de ellas viene acompañada de una explicación que justifica su incorporación a la ley.

CIPER contrastó cada una de esas propuestas con las indicaciones presentada por diputados en la Comisión de Medio Ambiente durante la tramitación de ese proyecto de ley. El resultado: cinco indicaciones se presentaron tal cual las envió SQM y otras cuatro fueron incorporadas a la discusión redactadas de tal forma que tenían el mismo efecto buscado por la minera. Algunas de ellas fueron aprobadas y modificaron el proyecto original en beneficio de los intereses de SQM (vea infografía al final de este reportaje).

En la introducción del informe del abogado Andrés Fernández se plantea que las indicaciones que propone buscan el “bien común”. No hay referencia explícita a que su principal objetivo era “suavizar” la nueva legislación, fundamentalmente para hacer más expedita la inversión en proyectos que podían generar perjuicios medioambientales. Por lo mismo, uno de los fines prioritarios de las indicaciones fue quitarle herramientas a la nueva superintendencia.

Un ejemplo claro es la indicación que SQM envió a sus parlamentarios afines para quitarle a la nueva superintendencia la facultad de interpretar las normas sobre emisiones y planes de prevención y descontaminación. El objetivo de la minera se cumplió: se le quitó la facultad de interpretación a la superintendencia, entregándoselas al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental. Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

La modificación, tal como la quería SQM, fue posible gracias a la sintonía que hubo entre el gobierno y los parlamentarios de derecha que integraban la comisión. Así, el Ejecutivo presentó dos indicaciones junto a los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Marcela Cubillos (UDI, actual ministra del Medio Ambiente), Eugenio Bauer (UDI, ya no es diputado), Alejandro García Huidobro (UDI, actual senador) y Roberto Sepúlveda (RN, ya no es diputado).

Otro de los objetivos de SQM, según la minuta hecha por Fernández que se envió a parlamentarios, era que se hicieran públicos con antelación los programas y subprogramas de fiscalización de la superintendencia y que se publicaran en medios electrónicos. Una indicación del mismo tenor fue presentada por los diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente.Finalmente,SQM obtuvo lo que quería, gracias a una indicación similar presentada por el gobierno que fue aprobada por unanimidad.

En el ámbito de las multas que deben pagar las empresas que incumplan la ley, también se cumplió un objetivo de SQM. El proyecto original establecía que si una empresa se auto denunciaba por infracciones a la ley, se podría reducir su multa hasta en un 50%. Pero aquello no fue del agrado de SQM: la minuta del abogado Fernández propuso que la empresa infractora presentara un programa de reparación que le evitara las multas.

Fue el propio Ejecutivo el que reemplazó el artículo original y lo cambió por otro que estableció que en la primera auto denuncia la empresa infractora estará libre de multa y que, incluso en la segunda o tercera, la sanción se podrá rebajar hasta en un 75%.

Donde hubo prácticamente un calco respecto de la minuta de SQM fue en el artículo 45 de la ley, que establecía que si una empresa era multada por la superintendencia, las personas naturales que la representaran legalmente o que actuaran en su nombre, tendrían responsabilidad solidaria en el pago de esa multa. En su minuta, la minera pidió cambiar esa responsabilidad “solidaria” por una responsabilidad “subsidiaria”, para evitar que el cobro afectara los bienes personales del representante legal de la empresa.

Siguiendo al pie de la letra esa recomendación, los entonces diputados Chahuán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda, presentaron una indicación para cambiar la palabra “solidaria” por “subsidiaria”. Esa indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión y la modificación quedó estampada en la nueva ley.

La actual ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos (UDI), diputada entre 2002 y 2010, quien aparece patrocinando las indicaciones que figuran en la minuta enviada por SQM, respondió por escrito a CIPER:

“Efectivamente integré la Comisión de Medio Ambiente, como también la de Educación y Constitución. No sabría cómo reconstituir la historia de cada indicación que haya presentado en las distintas comisiones durante los ocho años que fui diputada. Lo normal es que las indicaciones se patrocinen por varios diputados”.

El ex diputado Roberto León (DC) contestó el llamado de CIPER y negó haber sostenido conversaciones con ejecutivos de SQM por este tema: “A mí no me llegó absolutamente nada. Tampoco hubo ninguna indicación que yo haya patrocinado en su minuto que haya favorecido a SQM, muy por el contrario”. En eso el ex diputado dice la verdad. En los registros de la tramitación de dicha ley, se observa que no presentó ninguna indicación que coincida con las solicitadas desde la minera, pero sí otorgó su voto a cada una de ellas.

El senador Francisco Chahuán y la ex presidenta de la Conama entre 2007 y 2010, Ana Lya Uriarte, no respondieron a las reiteradas preguntas de CIPER.

En la siguiente infografía se resumen las indicaciones enviadas por SQM (fila de la izquierda) y las que se presentaron en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (fila de la derecha). Se trata de artículos de la ley que creó la superintendencia del ramo y otros que modificaron la Ley 19.300 sobre “Bases generales del Medio Ambiente”.