Anuncian revisión de decretos que regulan la consulta indígena

El rechazo de los pueblos originarios a participar de la llamada 'consulta indígena' por la no derogación de los DS66 y DS40, que la rigen y que transgreden los derechos de los pueblos incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, ha obligado al gobierno a anunciar una revisión de ambos decretos.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Bedenier, y la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, anunciaron este miércoles la revisión de los DS66 y DS40, que regulan la denominada ‘consulta indígena’ tras las críticas recibidas de parte de los pueblos implicados en la misma, muchos de los cuales renunciaron a participar por considerar ambos decretos inconstitucionales por incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, relativo a los derechos de los pueblos originarios y ratificado por el estado chileno en 2009.

Villegas señaló  que “como gobierno pudimos escuchar innumerables demandas y reivindicaciones históricas durante este proceso, sin lugar a dudas la que más se repitió fue la necesidad de revisar lo que establece el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social y el Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente. Es así, como haciendo eco a la solicitud de los pueblos indígenas y atendiendo a sus requerimientos, es que ratificamos la decisión de revisar y modificar los procedimientos de ambos reglamentos”.

Por su parte, Badenier sostuvo que los procesos de consulta deben ser previos al ingreso al SEIA; “Eso genera mejores procesos de participación indígena, en términos de que serán desarrollados por personal capacitado y preparado en temática indígena, no se restringe a los plazos propios de una evaluación ambiental de proyectos, pero fundamentalmente creemos que cuando se hacen procesos de consulta indígena previo al ingreso al SEIA, la capacidad y posibilidad de incidir sobre el diseño y emplazamiento de esos proyectos es mayor”, señaló el ministro.

Cabe señalar que el DS66 de Consulta Indígena aprobado durante el mandato del ex presidente Sebastián Piñera, fue altamente cuestionado por los ahora integrantes del gobierno de la Nueva Mayoría por no ajustarse a las regulaciones de derechos humanos internacionales, por lo que durante la campaña presidencial, Michelle Bachelet, se comprometió a ajustar el susodicho decreto, en conjunto con el nº40 de evaluación ambiental a las directrices que marcan la ONU y el convenio 169 de la OIT.