Este jueves 22 de mayo el Gobierno dará inicio, en la región del Biobío, al proceso nacional de Consulta Indígena dirigido a nueve pueblos originarios, paso previo para que la administración central pueda enviar al Congreso una modificación a la actual legislación existente desde 1993.
Son once los puntos propuestos, entre los que destaca el legalizar el arrendamiento o venta de tierras a privados a través de la división parcial o total de títulos de dominio que, actualmente, ostenta una comunidad.
Al respecto, el investigador y académico de la universidad de Santiago, Fernando Pairicán, calificó la invitación del Ejecutivo como un absurdo, ya que significa, en el fondo, la pérdida de territorio, el empeoramiento del sistema social, político y de la sustentabilidad cultural mapuche, además de los otros pueblos originarios presentes en todo el país.
“Aquí no existe modernización, más bien es un retroceso acorde a la lógica del modelo económico que busca generar propietarios de tierra. Se están preparando para resolver conflictos futuros por los llamados arriendos a 99 años, donde destacan las casas de autoridades de Gobierno a orillas de lagos de la zona, entonces, lo que se quiere hacer es legitimar la usurpación de tierras a partir de la ley del año 1993, que ha sido utilizada por personas con mayor poder económico para apoderarse de distintos espacios territoriales”, afirmó.
Para el también historiador, la consulta apunta sobre territorios ricos para la agricultura, donde existe una decisión de las empresas del valle central, especialmente vitivinícola, de expandirse al sur debido al problema del cambio climático, por tanto -aseveró- las tierras mapuches irrumpen como sustento de los grandes gremios dedicados a la exportación.
Recordemos que el lunes pasado, familias, comunidades y organizaciones se manifestaron en diferentes ciudades de la región de La Araucanía para rechazar los intentos del Gobierno de modificar la Ley Indígena.
Una de ellas fue la werkén de la agrupación Ad Mapu, Ana Llao, quien indicó que la consulta impulsada por Piñera y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, busca “desproteger nuestras tierras para enajenarlas y convertirlas en bienes transables”.
Precisó que la propuesta es un verdadero retroceso a tiempos de dictadura, de cómo quitar lo que se ha conseguido hasta ahora sobre reivindicación territorial.
“Hoy día el Ejecutivo, con esto, nos está asesinando sutilmente, desde el punto de vista legar y administrativo. Como no nos pueden disparar todos los días por la espalda, lo hacen de frente con esta consulta, pero hay que tener en cuenta que algunos mapuches, a lo único que aspiran es a tener 300 mil pesos a través del arriendo de tierras, esto es algo lamentable, no solo para ellos, si no que también para generaciones futuras. Entonces, disponibles si quieren hablar de tierras, para abrir el espacio y ampliar el territorio, pero un rotundo no para la venta y arrendamiento”, argumentó.
Actualmente en el país existen 2 millones 185 mil personas que declararon ser indígenas en el Censo 2017, donde prevalece la etnia mapuche con un 79 por ciento, luego viene la población Aymara, con más presencia en la Región de Tarapacá.
Al ser consultados sobre el proceso, los representantes indígenas del norte de Chile precisaron que están reuniéndose estos días con el fin de tener una respuesta consensuada al respecto.
El cronograma que tiene el Gobierno para el programa de Consulta Indígena, que comienza este jueves en la Región del Biobío, contempla la entrega de antecedentes para luego, en agosto, obtener deliberación interna de las comunidades. Posteriormente, se llegará a una instancia de diálogo y, en diciembre, se efectuará el proceso de resultados.
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Publicado el 22 de mayo de 2019
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