El litigio del litio

Cuando las grandes potencias se afanan en controlar los recursos energéticos y los yacimientos de minerales estratégicos de los países subdesarrollados, en el Cono Sur americano se está planteando una batalla incruenta por el litio; un metal muy cotizado por su uso, entre otros, para la fabricación de baterías eléctricas. Así, Argentina, Bolivia y Chile podrían llegar a controlar juntos el 85% de las reservas mundiales de litio. Aunque para ello los tres países sudamericanos debían reunirse en la capital de Bolivia, el país más desfavorecido de los tres, y firmar "La Paz", superando sus discrepancias internas; en especial Chile y Bolivia, enfrentados en un contencioso histórico por la salida al mar del Estado boliviano, a lo que Chile se opone, contraviniendo la Convención de Jamaica de 1982, en su Parte X, Derecho de Acceso al Mar y desde el Mar de los Estados sin Litoral y Libertad de Tránsito, que consta de ocho artículos, del 124 al 132 a.i. Ambos países deben dirimir sus conflictos y asegurar así el control estatal del preciado metal.

El asunto este del litio ha sido abordado por el periodista Jorge Barreno en un artículo titulado "La guerra del litio en Chile", publicado el 7 de marzo pasado en el periódico español El Mundo, donde el autor describe en términos bélicos un debate que enfrenta dos concepciones opuestas respecto a la gestión y administración de un recurso natural que, a medio plazo, constituirá el corazón de la economía chilena.

Todo ha comenzado por la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de cambiar la legislación en esta materia. A principios de febrero, en pleno receso legislativo de verano, presentó ante el Congreso la "Agenda de Impulso Competitivo", que propicia que los yacimientos de litio se puedan dar en concesión a nuevas empresas multinacionales, "a fin de aprovechar las necesidades de las grandes potencias". Recuérdese que la dictadura militar dividió, por una ley de 1979, los recursos minerales en dos grupos: los "concesionables" y los "no concesionables". En la primera categoría se incluyó el cobre, mientras que los hidrocarburos y el litio se incluyeron en el segundo grupo. De esa forma, y según el artículo 19 nº 24 de la Constitución chilena, la exploración, explotación o beneficios de estos yacimientos solo puede hacerse por el Estado, sus empresas o contratos especiales de operación. Esa decisión se justificaba al considerar al litio un "recurso estratégico" por su uso potencial en centrales nucleares, ya que en ese momento se desconocía que su valor de mercado se acrecentaría enormemente en las décadas venideras, debido a su gran capacidad para almacenar energía, por lo que hoy es absolutamente indispensable en la fabricación de baterías recargables de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, marcapasos, cámaras digitales, vehículos eléctricos y hasta naves espaciales.

Sin embargo, la dictadura introdujo en 1983, de la mano del código minero redactado por José Piñera, una cláusula que abrió la puerta a las empresas privadas al declarar que, en el caso de los minerales "no concesionables", solo el Estado y sus empresas pueden explotar directamente esos recursos, "o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo". Lo que permitió que las empresas que hasta ese momento explotaban el mineral pudieran seguir haciéndolo en plan monopolio. De esa manera, la Sociedad Chilena del Litio (grupo Chemetal) y Soquimich (actualmente SQM) poseen en la actualidad contratos que las amparan para seguir explotando sus yacimientos sin competidores al menos por veinte años más. El caso de SQM es especialmente indecoroso por cuanto en 1987, cuando se privatizó Soquimich, pasó a manos de Julio Ponce Lerou, yerno entonces del dictador (¡lo que demuestra que en todas partes se cuecen habas!).

Actualmente, en lo único que hay acuerdo en Chile es en que la actual situación es altamente desventajosa para el país, aunque la solución propuesta por el Ejecutivo parece estar diseñada a la medida de las grandes compañías multinacionales, como Mitsubishi, Sumitomo, Samsung y Billoré, que durante años han presionado a las autoridades políticas para obtener nuevas concesiones de este mineral. Al hacer del litio un mineral "concesionable" se pasarían a explotar 530.000 toneladas de mineral por empresa, en concesiones a veinte años, con el consiguiente coste para el Estado chileno, que perdería su posición de dominio como potencial explotador del recurso. El argumento gubernamental justifica este cambio legal recurriendo a la vieja metáfora del naturista italiano Antonio Raimondi: "El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro", o sea, en clave chilena, sería que el mendigo deje que le roben el banco a cambio de unas limosnas tributarias: por cada concesión, el Gobierno chileno calcula que obtendrá unos 350 millones de dólares, apenas el 7% de las ganancias de las transnacionales.

Para ayudar al mendigo de Raimondi deberíamos tener en cuenta las reflexiones del economista coreano Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, que es uno de los expertos en economía más citados en la actualidad, en especial por su obra "Retirar la escalera: la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica" (Catarata, Madrid, 2004), donde vuelve a formular la pregunta clave en estas materias: ¿cómo, de verdad, se han hecho ricos los países ricos? Para dar una respuesta recurre a un método inductivo basado en datos históricos y empíricos. De acuerdo con la experiencia, los países industrializados se hicieron ricos gracias a la implementación de políticas proteccionistas, industrialistas e intervencionistas, y no al libre comercio y a la liberalización de los flujos financieros. Todo lo contrario a lo que se ha sugerido desde los centros institucionales que han operado como supuestos "árbitros" en materia económica. A juicio de Chang, las "buenas políticas" y el "buen gobierno" que se han recetado a los países en desarrollo no han sido más que un intento de retirarles la escalera para impedirles acceder al progreso.

Lejos de lo anterior, Ha-Jonn Chang muestra cómo en su fase industrializadora los países desarrollados implementaron un fuerte intervencionismo estatal por medio de diversos mecanismos de política comercial, como aranceles, fomento de la importación de productos empleados para la exportación y regulaciones gubernamentales. Estos programas de intervención fueron bien diseñados y mantuvieron un control riguroso sobre los movimientos de capital internacional. Estos países protegieron su industria naciente dando apoyo decidido a las actividades de interés nacional. Para ello identificaron ciertos recursos claves que decidieron no privatizar, sino incorporar a una "visión de desarrollo general", basada en objetivos concretos y medios adecuados para lograrlos.

En su último libro titulado, "23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo" (Debate, Barcelona, 2012), Chang retoma el postulado de la teoría neoclásica que afirma que los países en desarrollo tienen que permitir el libre flujo de capitales y mercancías para desarrollarse. Y a tal efecto, Chang recuerda el caso del Reino Unido, que desde el siglo XV hasta el XIX fue proteccionista y solo se volvió partidario del libre comercio cuando había logrado asentar firmemente su industria y necesitaba protegerla. Y el ejemplo de su país de origen, Corea del Sur, en donde se aplicaron todas las recetas prohibidas por los países desarrollados: planificación estatal, subvenciones, intervencionismo, etcétera.

No es, pues, una proposición descabellada la que ha propuesto el director de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia de Argentina, Rodolfo Tecchi: la formación de una especie de "OPEP" del litio. En un artículo publicado en el periódico Clarín de Buenos Aires, Tecchi aventuró que, "en un futuro cercano y con una producción plena, Bolivia, Argentina y Chile van a manejar el mercado del litio. Podrían hacerlo en una suerte de OPEP". Para ello antes habría que emprender tareas previas: superar los desencuentros chileno-bolivianos, garantizar el control estatal de los recursos, atraer inversión privada en el ámbito tecnológico, fortalecer la capacidad humana e institucional para sostener estas empresas, etcétera. Si fueran capaces de lograrlo, los países de la "OPEP" del litio controlarían el 85% de las reservas mundiales del mineral, por lo que podrían regular precios y controlar los mercados, tal como hacen los países productores de petróleo.

Se trata, en definitiva, de un objetivo mayor que debería integrarse en un nuevo modelo de desarrollo como el que ha sugerido el gran economista chileno Osvaldo Sunkel: "Un Estado organizado eficazmente alrededor de esta función central correspondería a la nueva etapa del desarrollo latinoamericano, caracterizada por los objetivos de profundización democrática y de superación de la pobreza y la iniquidad... También es necesario para salir de la trayectoria dependiente de productor primario y/o aprovechamiento de mano de obra barata a que hemos vuelto en gran medida, y que requiere de un esfuerzo deliberado de desarrollo y diversificación productiva y exportadora" ("En busca del desarrollo perdido", enero 2007).