Se abre el debate ante posible autonomía de los pueblos indígenas

En la reciente presentación del Informe Anual del  Instituto Nacional de Derechos Humanos, su directora Lorena Fries planteó la necesidad de buscar caminos de solución en la relación del Estado chileno con sus pueblos indígenas. Para ella, no se trata sólo de una cuestión de pobreza o integración, sino que se debe ir más allá.

Según indicó, el deber de Consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es sólo un punto de partida de una labor dedicada a resolver de forma adecuada la relación entre el desarrollo sustentable y respeto por los pueblos. Pero la directora fue más lejos y se centró en la necesidad de entregar ciertos niveles de autonomía.

“Esto puede no ser suficiente para lograr soluciones estables y permanentes en el tiempo. Tenemos que hacernos cargo del reclamo por mayor autonomía. Con imaginación y decisión política pueden buscarse bases de entendimiento que impliquen esa mayor autonomía” afirmó y añadió: “Sin duda es un camino complejo, pero encierra más esperanzas que el de la violencia que, de otra manera, corre el riesgo de imponerse progresivamente en particular en la región de La Araucanía”.

Pero Lorena Fries no es la única que ha planteado la necesidad de avanzar hacia la autonomía. En septiembre de este año la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización sugirió declarar la región de la Araucanía como plurinacional y multicultural.

Esto implica que la zona se rija por su propio estatuto en cuando a la denominación de sus autoridades, reconocimiento de formas de organización y participación indígena, y la aprobación de un porcentaje de escaños reservados para ciudadanos indígenas en el Consejo Regional, entre otros temas. El documento de la instancia propone:

“La creación de partidos regionales y la posibilidad de que municipios aledaños de mayoría mapuche en plebiscitos vinculantes pudieran incorporarse, también ayudará a los caminos políticos para una auténtica paz en dicha región basada en la justicia”, y añade que el planteamiento es complementario a la Consulta Indígena de la OIT.

Reacción de los dirigentes indígenas

Sin embargo esta propuesta no fue bien valorada por las organizaciones mapuche de la novena región. El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, afirmó que el Estado y los dirigentes de los pueblos manejan conceptos distintos de autonomía, y añadió que la autoridad está tratando el tema bajo una visión restringida y limitada del derecho de Libre Determinación de los Pueblos, establecido el 2007 por las Naciones Unidas.

“La autonomía que plantea la Comisión Presidencial es simplemente una serie de actos administrativos dentro de la institucionalidad estatal chilena, que es totalmente diferente. El Derecho a la Libre Determinación es un derecho político, y la autonomía son actos administrativos que no tienen que ver con la Libre Determinación” afirmó y añadió que ésta: “no es una reivindicación, ni una demanda, sino un derecho reconocido a nivel internacional y en especial al pueblo mapuche”.

Huilcamán añadió que están trabajando fuertemente para darle forma al derecho de Libre Determinación en Chile, pero que para esto, se requiere instalar una voluntad individual y colectiva; se necesita contar con un grupo de dirigentes con capacidades para gobernar; y hay que definir un estatuto y un sistema de gobierno propio. Todo esto sin transar con el Estado, en un proceso de conformación de un autogobierno mapuche.

A esta visión se suma la de otras organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, la que ha planeado una teoría de la liberación nacional. Si bien la CAM no ha elaborado un documento sobre autonomía, en sus planteamientos ha dejado claro se asumirá con una independencia organizativa y política, la autoafirmación de su identidad y la autonomía de pensamiento, que debe sustentarse en el desarrollo de un proceso de descolonización ideológica.

Por lo radical de estos planteamientos es que a la CAM se le ha caracterizado como una “organización antisitémica”, porque critica la estructura política de la sociedad chilena y llama al pueblo mapuche a crear sus propias fórmulas. De todas maneras, este tipo de planteamientos han generado desconfianzas en la clase más conservadora y tradicional.

Una mirada desde la política latinoamericana

Tito Tricot, sociólogo autor del libro “Autonomía, el movimiento mapuche de resistencia”, sostuvo que la autonomía debiera ser la expresión concreta del derecho a la Libre Determinación y que, si bien es un derecho consolidado, la sociedad chilena no ha dado el paso ante el temor a la disolución del actual Estado unitario.

“El problema es que el Estado chileno y sus clases dominantes son profundamente racistas y etnocéntricas, de eso no cabe absolutamente ninguna duda y ejemplos en la historia de Chile hay muchos, y siguen habiéndolos”, sostuvo.

Además, coincidió con la mirada de la Directora del INDH al afirmar que “nunca se ha entendido que no es un problema de pobreza y de exclusión, al que se le aplica la tradicional mirada paternalista, sino que esto es un tema político”, indicó y añadió que: “Está el temor de que se vaya a crear un Estado dentro de otro Estado y, por eso, se trata de resolver el asunto en términos culturales o económicos”.

Sin embargo, el también docto en sociología y Magíster en Gobierno y Política Latinoamericana afirmó que hay que tener claro que el proceso de conquista implicó que el Estado chileno se instalara sobre el mapuche y su soberanía. En ese sentido, añadió que el debate hoy apunta a negociar o recuperar esa soberanía arrebatada.

“No se trata de expulsar a ese ejército o ese Estado que ocupó el entonces país mapuche, se trata de buscar vías de negociación para tener espacios o territorios donde el pueblo mapuche tenga grados de control”, explicó.

Para el especialista el camino correcto es avanzar hacia el reconocimiento de un Estado multicultural y plurinacional, es decir, un estado donde conviven muchos pueblos. En ese sentido, afirmó, Chile está sumamente atrasado en comparación con otros países latinoamericanos donde, por ejemplo en Bolivia y Ecuador, esta condición está elevada a un rango constitucional.