Nuevas diligencias en el Salar de Atacama: Fiscalía inspecciona operación de Albemarle por denuncia de daño ambiental

El Ministerio Público avanza en una investigación por presunto daño ambiental en el Salar de Atacama, con diligencias en las operaciones de las empresas SQM y Albemarle.

Esta semana, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural(Bidema) de la PDI realizó una inspección en las instalaciones de Albemarle,tras denuncias que apuntan a posibles incumplimientos en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Un mes antes, el 15 de diciembre, se efectuó el mismo procedimiento en la operación de SQM.

Según consignó La Tercera, el proceso liderado por el fiscal Eduardo Peña Martínez y surge a raíz de dos denuncias ingresadas en la Fiscalía Regional de Antofagasta. La primera fue presentada por la diputada de la región, Yovana Ahumada (PSC), mientras que la segunda proviene de un abogado ambientalista cuyo nombre se mantiene en reserva. Ambas apuntan a que las estaciones de monitoreo han evidenciado impactos significativos en las zonas aledañas a los proyectos de extracción de litio.

Como parte de la investigación, la PDI solicitó a Albemarle entregar informes técnicos, planos de las áreas afectadas,fotografías del ecosistema impactado y documentación sobre acuerdos con comunidades atacameñas.

También se requirieron antecedentes sobre la extracción de salmuera y la producción de litio.Las denuncias se vinculan a una solicitud realizada en junio de 2024 por Albemarle al Servicio de Evaluación Ambiental(SEA), en la que pidió revisar la RCA N° 21/2016, relacionada con la modificación y mejoramiento de su sistema de pozas de evaporación solar.

SQM hizo lo propio con la RCA N° 226/2006, vinculada a su operación en el Salar de Atacama. Ambas empresas fundamentaron sus solicitudes en la Ley 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, argumentando que las condiciones evaluadas han cambiado significativamente o no se han verificado, afectando los objetivos de protección ambiental.

Desde SQM afirmaron que sus operaciones cumplen con la normativa vigente y los permisos ambientales. La Fiscalía continúa con la investigación para determinar si existen responsabilidades.