La Junta de Vigilancia para el río San Pedro y el fabuloso embalse.

En diciembre del año 2011, algunos agricultores de San Pedro de Atacama, encabezados por el entonces presidente de la Asociación de Regantes de San Pedro, don Ricardo Vilca, visitaron el embalse Puclaro, de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. El objetivo, según lo señalado por el dirigente, fue aprender como formar esta Junta de Vigilancia ya que “porque nosotros no tenemos idea, y por eso que estamos aquí. Espero que con esta gira que estamos haciendo podamos concretar  nuestro sueño y tener nuestro embalse  y tener una Junta de Vigilancia, y  el día de mañana ser productores de una agricultura en el desierto. Estamos soñando con un embalse para acumular 6 millones de m3,  para la comuna de San Pedro de Atacama, allá tenemos un río, que es el San Pedro y somos dueños de esas aguas en comunidad con Río Grande y  hemos pedido al Gobierno construir un embalse y están los dineros para hacer los estudios para construir esta mega obra de regadío”

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Esto del embalse, según palabras reiteradas en diversas ocasiones por Ricardo Vilca, hace poco reelegido como presidente de los regantes de San Pedro, es su “sueño de toda la vida”
Lamentablemente para él, y para todos los que de una u otra manera intentan hacer agricultura en las duras condiciones del desierto, este sueño puede venir cargado con algunos “detalles” que pueden convertirlo en pesadilla.

Las ofertas del gobierno

Este viaje de los dirigentes a el valle del Elqui tuvo su génesis en julio del año 2011, en una reunión celebrada en San Pedro de Atacama, en la que el ministerio de agricultura realizó “cuatro trascendentales anuncios para la modernización hídrica de la Región de Antofagasta”, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR) e INDAP, en la comuna de San Pedro de Atacama. Se trató de la asignación de $600 millones para la realización del estudio de prefactibilidad del Embalse San Pedro; el financiamiento del programa para la constitución de la Junta de Vigilancia del Río San Pedro, la reparación del estanque Huachar, a través de la alianza estratégica entre ambos organismos, y la condonación de la deuda histórica de los agricultores con INDAP, motivada por el mencionado estanque.

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El hipotético embalse

Según la CNR, el embalse sería una obra que tendría uso múltiple (de riego, regulación de crecidas y generación hidroeléctrica) y además, incluiría el mejoramiento de la red de conducción y distribución de agua, asociada a la zona beneficiada por el futuro embalse u otras obras que cumplan la misma función.
Para el estudio de prefactibilidad de este embalse se ha llamado ya a dos licitaciones, en octubre del 2011 y en junio del 2012,  y ambas fueron declaradas desiertas. Así que al menos según la información encontrada en el portal chilecompra.cl, ese estudio NO se está realizando aún, a menos que se haya adjudicado a alguna empresa, al margen del sistema de compras del estado. Hasta ahora, no hay fecha para la realización de este, y mucho menos para la construcción real del embalse, si es que algún estudio determina que es verdaderamente factible.
En todo caso, considerando la experiencia con otra obra de este tipo en la zona, el embalse de Conchi, nada garantiza que si al fin se construyera, realmente sería siempre destinado a la agricultura de la comuna.

La Junta de Vigilancia

En sus anuncios de julio del 2011, el gobierno conectó la construcción de este embalse, con la creación de la Junta de Vigilancia, un sistema ampliamente resistido en el seno de la organización actual de Regantes de San Pedro, aunque cuenta con el respaldo del presidente Ricardo Vilca.

Esta resistencia se debe sobretodo a que la implementación de una Junta de Vigilancia podría cambiar la actual forma de propiedad de las aguas del río, que es comunitaria, para pasar al sistema de acciones de agua, en que cada agricultor poseería un numero determinado de estas, las que se podrían transar en el mercado, de la misma forma que actualmente se hace en las demás juntas de vigilancia de Chile.

Hoy día, los derechos de agua del río San Pedro, con un caudal que ha descendido a 450 litros por segundo, desde los históricos 1200 litros que recuerda don Ricardo Vilca, son propiedad de la Asociación de Regantes del Río San Pedro y de la Comunidad Indígena de Río Grande. En el caso de San Pedro, las aguas se reparten a través de 7 canales, con 1200 hectáreas cultivables. En cada predio con derecho a riego, sus derechos de agua corresponden sólo a ese terreno y no pueden ni venderse ni intercambiarse. Además cada derecho está asociado al agricultor dueño del terreno, por lo que si este lo vende, el nuevo propietario debe solicitar los derechos de agua de nuevo a la Asociación, la que incluso puede negárselos, basados en los estatutos actuales de la asociación.

Con el sistema de Junta de Vigilancia, la situación cambia radicalmente. Cada agricultor tendría un número de acciones de agua, las que según la legislación actual, podría vender. Pero aun más... el agua que esas acciones representan puede extraerse del río en casi cualquier parte de este, no necesariamente en el predio de propiedad de dicho agricultor. Esto hace posible que estas acciones se concentren en algunos propietarios, pudiendo teóricamente ser comprados por una empresa minera, por ejemplo. Además, el control de la Junta de Vigilancia también está asociado a la cantidad de acciones que se posea, por lo que las decisiones que esta organización tome sobre las aguas, podrían ser fácilmente controladas por un accionista mayoritario.

Si bien la Junta de Vigilancia no está asociada necesariamente al embalse, ambas cosas suelen ir unidas, desde que la mejor forma de garantizar que todos dispongan del agua que corresponde a cada acción, es la construcción de este embalse, sobretodo considerando las condiciones hidrológicas de nuestra zona, tan poco previsibles.

Para hacer más complejo el tema, el gobierno actual pretende avanzar aun más en la privatización de este recurso, usando como justificación, entre otras, la emergencia hídrica que atraviesan algunas comunas, a través de la creación de un banco del agua, para facilitar aun más este traspaso de acciones.

Pueden ver las noticias sobre el Banco del Agua, Aquí»»

Lo que hay detrás

En el fondo, este asunto de la Junta de Vigilancia, según nos comentó un dirigente, que pidió anonimato, “parece más bien ser un nuevo intento de apropiación de este recurso, dentro de otros que ha habido en el transcurso del tiempo”.

Recordemos como ejemplo el asunto del estanque Huachar, un proyecto ideado y ejecutado por INDAP, de cuestionable utilidad, en el que para cobrar los 101 millones 652 mil 527 pesos que quedó debiendo la Asociación de Regantes del Río San Pedro en el año 2003, este organismo de gobierno intentó tomar como garantía los derechos de agua del río San Pedro, los cuales llegaron a embargar en el año 2003. Esta acción solo se revirtió mediante la decidida reacción de la Comunidad Indígena de Río Grande, que comparte esos derechos de agua, y que mediante un recurso legal pudieron detener ese intento, hasta que finalmente el Juzgado de Policía Local de Calama declaró inembargable estos derechos pertenecientes a las comunidades indígenas.
El caso es más complejo aún, considerando que según un dirigente de la época, en declaraciones al diario “La Estrella del Loa”, sostenía que “consideran una injusticia que se les esté cobrando por una obra que no les presta ninguna utilidad”
Nunca se ha profundizado sobre este tema, pero parece muy raro que el organismo estatal encargado precisamente de impulsar la agricultura haya intentado embargar esos derechos y con ello “venga ahora a matar nuestra agricultura”

Finalmente INDAP el año pasado condonó esa deuda, reconocidamente incobrable, pero introduciendo ahora el concepto de Junta de Vigilancia.

Dentro del panorama nacional, el sistema de explotación del río San Pedro es una de las escasas excepciones en que no existen juntas de vigilancia. Pero no en todas las regiones del país existen tantos proyectos mineros y tanta necesidad de agua para sus explotaciones, como aquí.
Si bien el funcionamiento de la Asociación de Regantes no ha estado exenta de críticas a lo largo de su existencia, no parece tan necesario un cambio hacia una Junta de Vigilancia, sino más bien un ajuste y una mayor fiscalización de lo ya existente. En todo caso, lo de la Junta de Vigilancia es una idea del gobierno y no una petición de los agricultores de San Pedro de Atacama.

Quizás no sea casualidad, como nos manifestó el dirigente antes mencionado, que río arriba, en San Bartolo, la empresa BHP Billinton tenga derechos de explotación de una mina de cobre, tema sobre el que volveremos en algún otro momento.

Una experiencia que podría servir de lección, es la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, en la tercera región. Esta organización, o mejor dicho el directorio de esta organización, firmaron en el año 2005 un protocolo de acuerdo con la Compañía Minera Nevada Ltda., acuerdo que comprometía gravemente el goce de los derechos reales de aprovechamiento de aguas de sus miembros, a cambio de 65 millones de dólares en compensaciones. Esto provocó un conflicto con la Comunidad Indígena Huascoaltina, quienes infructuosamente solicitaron la intervención de la Dirección General de Aguas (DGA). Este organismo, si bien reconoció lo argumentos de la comunidad indígena, manifestó que no podía intervenir por tratarse “de un asunto entre privados”.
Todo esto en el marco del conflicto por Pascua Lama y la minera Barrick Gold, de la cual la Compañía Minera Nevada es una filial.
Lo irónico es que en abril de este año, productores de uva de la zona, que forman parte de la Junta de Vigilancia, denunciaron la contaminación provocada en las aguas del río por la empresa minera.

Puede ver esa información, Aquí»»

Para ver más información sobre el conflicto de los diaguitas Huascoaltinos, puede descargar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (.pdf de 767 Kb), Aquí»»

El futuro de nuestra agricultura

La agricultura en San Pedro es una actividad cada vez más agónica. Hay realidades de “mercado” que la hacen muy poco rentable, más aun comparada con la explotación minera y en menor medida, con la actividad turística. Sin embargo, no sólo la agricultura, sino la ecología de toda esta zona, que se mantuvo más o menos estable por milenios, esta ahora directamente amenazada por el uso y abuso de un recurso que aquí, más que en cualquier otra parte, es muy escaso.
De hecho, en agosto de este año, San Pedro se encontró en el listado de 108 comunas declaradas en emergencia agrícola, lo que por un lado es, al decir del gobierno, un refuerzo a la idea del embalse y la Junta de Vigilancia. Lo que no se aclara es que en realidad el estado de emergencia en el caso de nuestra comuna, es debido a la situación catastrófica producida por las lluvias en febrero. Es decir, la emergencia se debe a un exceso de agua y no a un déficit.
La acción de INDAP en esta zona ha sido, como en el caso de Huachar y otras situaciones, bastante poco clara en su interés de potenciar realmente la agricultura. La política de INDAP, manifestada en su acción de embargo del año 2003, no parece haber cambiado mucho con el cambio de gobierno. Nos referimos a la política de realizar proyectos que no necesariamente son muy útiles dentro de la realidad de la zona. Pero ese es un tema que veremos más en profundidad en un siguiente artículo.

Puede descargar el listado de comunas en emergencia (.pdf de 252 Kb), Aquí»»

Otro estudio de la DGA

El 4 de septiembre recién pasado, la Dirección General de Aguas (DGA) organizó una reunión, para realizar lo que se calificó como una consulta ciudadana, dentro del proyecto” Diagnóstico Plan Estratégico para la Gestión de los Recursos Hídricos, Región De Antofagasta”. Este estudio se está ejecutando por la Consultoría en Ingeniería Luís Arrau del Canto E.I.R.L y se desarrollará durante tres años.

Puede ver más información sobre este proyecto, Aquí»»

Esta consulta es parte integral de dicho diagnostico, pero al decir de varios de los asistentes, convocados entre las comunidades indígenas, se trató mas bien de una acción por cumplir dentro del cronograma, mas que una auténtica consulta. Llama la atención, entre varias cosas, que la Asociación de Regantes no haya sido convocada como tal. Si bien la mayoría de la directiva estaba presente, fue porque a su vez ellos forman parte de diversas comunidades indígenas. Tratándose de una reunión de información sobre el tema de gestión de recursos hídricos, parece un despropósito no haberlos invitado.

En dicha reunión, al menos, se le manifestó a la DGA, el director regional Norberto Portillo estaba presente, que la mayoría de los miembros de la Asociación de Regantes no quiere una Junta de Vigilancia del río San Pedro. Esperemos que esa decisión se mantenga y se respete.

Queda también la duda sobre el estudio de prefactibilidad del embalse, ya que algunos de los asistentes nos manifestaron que se les informó que esta misma consultora iba a realizar ese estudio. Suponemos que hay un error, porque hasta donde sabemos, la última licitación sobre el embalse fue declarada desierta y no hay otra en proceso.
Aunque quizás eso explique una discrepancia en la información proporcionada por Director General de Aguas, Matías Desmadryl, el que manifestó que este diagnóstico tiene un costo asociado de 750 millones, siendo que la licitación, según la información del portal chilecompras.cl, era por $150.300.800.

Por otro lado, el ingeniero a cargo de la presentación (el director regional debió ausentarse abruptamente), reconoció en algún momento, ante una pregunta, que efectivamente por los problemas generados por el control de sedimentos, la contaminación química del agua que se concentraría y la alta tasa de evaporación, no era, a primera vista, muy posible que sea muy útil un embalse, al menos para la agricultura. Consultado porque el gobierno está entonces realizando este estudio, el ingeniero manifestó que “la gente quiere el embalse, y el gobierno no iba a ir en contra de eso”

Consultada la DGA, no hemos recibido respuesta hasta la fecha.

Pueden descrgar la presentación de la DGA (.pdf de 5,74 Mb), Aquí»»

Finalmente

En la reunión realizada en julio de 2011, en que el Ministerio de Agricultura presentó la idea de la Junta de Vigilancia y el embalse, además de suavizar todo con la condonación de la deuda por el estanque Huachar, el entonces Seremi de Agricultura, don Manuel Cuadra, refiriéndose a la construcción de un embalse, dijo que “este es un primer paso para tener una obra de ingeniería fabulosa en materia de riego”.

Pueden revisar esas declaraciones, Aquí»»

Aunque estamos seguros de que  cuando él se refería a fabulosa, quería decir extraordinaria, esperamos que no termine convirtiéndose en una obra fabulosa en el otro sentido de la palabra.

El tema del agua y sus conflictos es un tema recurrente en esta zona. Se han obtenido algunos triunfos, como en Pampa Colorada en el 2007, la detención del embargo de los derechos que intentó INDAP en el 2003, o en menor medida en el caso de la Geotérmica del Norte y el Tatio, en 2009. Pero también ha habido derrotas. Lo que está claro es que es un recurso que es muy apetecido y muy escaso. Lo que, en el marco de la sociedad en la que nos encontramos, lo convierte en un bien codiciado y bajo amenaza. Veremos como sigue esta historia, y si la comunidad de San Pedro de Atacama puede hacer valer no sólo los derechos ancestrales de sus comunidades indígenas, sino también la necesidad y el derecho a la supervivencia de toda su población.

Para saber más sobre el asunto de Pampa Colorada, puede bajar un documento (.pdf de 584 Kb), Aquí»»

Para saber más sobre el intento de embargo de INDAP en 2003, puede bajar un documento (.pdf de 890 Kb), Aquí»»