¿Se pierde el juicio en el Salar?

Envie este Reportaje Version de impresion de este Reportaje Publicado el 30 de Agosto de 2020 Visto 558 veces

Un viejo refrán dice que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y la porfiada realidad siempre nos trae a colación estas palabras, sobre todo en este territorio tan lleno de componendas, convenios, litigios más o menos ininteligibles y, no lo vamos a negar: avaricias, codicias y envidias varias.

En las últimas semanas hemos sido testigos, más bien lejanos, de un nuevo conflicto entre comunidades, tribunales, SQM, el Estado y donde ahora el villano parece ser la humilde, pequeña y lejana Comunidad Indígena de Camar.

Camar es la localidad de esta comuna, o como algunos prefieren, esta Área de Desarrollo Indígena, que ha sido una de las más abandonadas y ninguneadas. Ya hemos hablado de eso en alguna ocasión (Camar, ¿la localidad más postergada? (2014) >>) y las cosas no han cambiado mucho desde entonces.

La particular villanía en que parece haber incurrido la pequeña comunidad es haber llegado a un acuerdo con SQM, para retirarse de un proceso legal en el que se había hecho parte el 2019. En este proceso continuarían como partes interesadas la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños.

El comunicado de Camar, destinado a las otras comunidades alrededor del Salar (Peine, Talabre, Toconao) la publicamos AQUÍ>>

La declaración de Peine, aclarando su posición, la publicamos AQUI >>

Esta parte del proceso comenzó con una reclamación que el Consejo de Pueblos (CPA), además de las comunidades de Peine y Camar, presentaron el 13 de febrero de 2019 ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones. Aunque todo el proceso venia del año 2016.

Si quieren conocer más en detalle los pormenores legales y las razones  porque creemos que en realidad no hay mucha posibilidad de sancionar a SQM y menos revocarle la concesión y sacarla del Salar, como han anunciado desde el CPA, pueden leer AQUÍ >>

No hay que confundir este tema con el conflicto que se dio en enero y febrero del año 2018, por el conflicto sobre el convenio Corfo-SQM, que incluyó protestas y manifestaciones en la carretera e incluso una huelga de hambre del ahora presidente del CPA, Sergio Cubillos. En su momento dimos cuenta de estos hechos en las noticias y con un reportaje que se puede revisar (Halur'ckitturis’heelata isa puri, La guerra del agua de mentira (2018) >>) en nuestro sitio

Desde ese conflicto del 2018 es que pueden haber salido los hipotéticos 1.700 millones que se han mencionado en la prensa como pago recibido por Camar.  Serían los montos que le corresponden a Camar por el convenio de CORFO con SQM de los años 2018 y 2019 (U$30 millones en total, que estarían en una cuenta corriente, esperando que el CPA y las comunidades los cobren). Desde ese mismo pozo, la municipalidad de San Pedro recibió este año 1200 millones de pesos.

Sergio Cubillos

Le preguntamos la semana pasada al presidente del Consejo de Pueblos, sobre la situación del juicio contra Superintendencia de Medio Ambiente y SQM y la decisión de la comunidad indígena de Camar de salirse de este proceso tras alcanzar un acuerdo con la empresa.

“Como consejo no podemos meternos en la autonomía que tiene cada comunidad en decidir que hace o como relacionarse con las empresas. Somos respetuosos de lo que ellos están haciendo pero eso no va a impedir que el Consejo continúe. La mayoría de las comunidades están de acuerdo en continuar con el juicio y no dejar de ser parte.”

Incluso confirmó que se busca llegar hasta la revocación de la concesión de SQM, una posibilidad que al menos existe en teoría - una lejana y casi imposible teoría - si se llegaran a comprobar los incumplimientos ambientales de la empresa.

Indicó que no es competencia del CPA los acuerdos que cada comunidad pueda hacer sobre temas que afecten a sus territorios, y aunque eso puede generar algún ruido, la mayoría del Consejo está por la continuidad del juicio contra SQM. Negó además que esta situación pudiera llevar a algún quiebre de la asociación que preside. Tampoco se espera que la comunidad de Camar se vaya a retirar del Consejo e indicó que tampoco se pretende presionarla desde la organización.

Repercusiones internas

De todos modos sabemos que la situación ha provocado variados movimientos y discusiones en las organizaciones y ha revivido viejos espectros, como la separación entre las comunidades, los repartos de ingresos económicos e incluso el rol del Consejo de Pueblos. 

Todo esto, relacionado con intereses corporativos y más bien gremiales, antes que de defensa de territorios, protección del medio ambiente o pervivencias culturales que son temas que nunca han pasado de ser, con escasas excepciones, eslóganes utilizados para conseguir mejores posiciones de negociación con el Estado y sobre todo con las empresas mineras de la zona.

Al margen de la anécdota y de la decisión del CPA, está claro que no hay una sola mirada ante el tema. 
Queda por ver las consecuencias y decisiones que traerá esta situación que una vez mas pone bajo la mira a las comunidades indígenas y sus relaciones con las mineras y el Estado.

Sobretodo considerando que el juicio contra el SMA y finalmente, SQM, ya no parece tener mucho destino, salvo alimentar honorarios de abogados.

Recordemos además que las 18 comunidades y el CPA mantiene un convenio vigente con la otra empresa del Salar (Albemarle) por el cual recibieron el último año 300 millones cada una.

Ya hemos hablado de eso (NEGociACIONES INDIGeNAS 2017 >>)

El desubicado

Un efecto colateral de esta situación fue descubrir que el Consejero de la CONADI Wilson Reyes maneja poca información y la maneja mal, cuando salió a denunciar en redes sociales a varias comunidades a raíz de la noticia, siendo que varias de ellas nunca han sido parte del proceso judicial, excepto como integrantes del Consejo de Pueblos, y además nombrando a Peine, comunidad que ha manifestado claramente que “No estamos realizando ningún tipo de acuerdo ni de negociaciones con SQM Salar” y que “Como Comunidad Indígena Atacameña de Peine, seguimos siendo parte del proceso judicial en contra de SQM Salar y la Superintendencia de Medio Ambiente”

Don Wilson mezcló peras con manzanas, además de convenientemente olvidar sus propias relaciones con las mineras y el Estado, en un ejercicio que varios están realizando. El sería un buen ejemplo de los que hoy se andan rasgando vestiduras y tirando piedras, olvidando sus propios tejados de vidrio. 

Más información

Sobre las relaciones entre las comunidades, el municipio y SQM, también pueden revisar:

SQM y la comuna ¿Vecinos y amigos? (I) El Origen (2015)

SQM y la comuna ¿Vecinos y amigos? (II) SQM y la municipalidad de San Pedro (2015)

SQM y la comuna ¿Vecinos y amigos? (III) Las comunidades, los trabajadores y la minería (2015)

Sobre la forma en que San Pedro está marcado por la minería:

San Pedro Enclave Minero (2015)
 

Documentos relacionados:

Escrito de SMA a Tribunal Ambiental (TA) cumpliendo con lo ordenado, pero sin sanciones (.pdf de 633Kb)

Aceptación de cumplido lo ordenado por el TA a la SMA (.pdf de 174 Kb)

Desistimiento del SMA a juicio en la Corte Suprema (.pdf de 255 Kb)

Desistimiento del SQM a juicio en la Corte Suprema (.pdf de 175 Kb)

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