Punta Negra… hasta el fondo

Ahora que se ha asentado un poco el polvo que levantó la conciliación que consiguió BHP Biliton (a.k.a. Minera Escondida Limitada) con el Estado de Chile, por la destrucción del Salar de Punta Negra*, quizás sea tiempo de hacer algunas precisiones y reflexiones sobre el tema.

Bueno, tampoco fue tanto polvo. Un par de grititos. En las redes. O sea, nada.

Para saber más: INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN del 1° Tribunal ambiental (.pdf de 4MB) >>

Procuraremos ir un poco más allá de una superficial discusión sobre indios vendidos y transnacionales depredadoras. Aunque abunden ejemplares de las dos especies.

Primero hay que entender que ninguna minera va a dejar de invertir o producir en un lugar, mientras sus utilidades sean buenas. Bueno, ningún negociante, grande o pequeño, se va a detener mientras gane plata.
Ninguna minera va a derrochar sus billetes, y si se pueden ahorrar gastos, lo van  a hacer.
Siempre sale más barato pagar a algunos políticos, que en realidad son bastante económicos comprados por docena, que asumir un mayor costo por impuestos o por el pago de la materia prima que extraen (royalty).

Siempre es más barato manipular las leyes, las instituciones y algunas organizaciones para salir librados pagando lo menos posible.

Que es lo que vemos que pasó aquí. De una manera astuta, codiciosa y grotesca, pero completamente legal.

Es que por una cantidad ridícula (US$ 81.000.000), comparada con sus utilidades (US$ 30.000.000.000 en 20 años**), la Minera Escondida, es decir la transnacional BHP Biliton, lavó su imagen; evadió cualquier posible costo a futuro, por indemnizaciones o compensaciones ante el desastre ecológico que produjo; y no va a responder de ningún modo por su abuso del agua.

Así quedaron blindados, de aquí en adelante, para no tener que responder por ningún perjuicio causado. Y por una módica suma que es posible que no paguen totalmente.
Además, pueden mejorar su imagen, ya que son “ambientalmente conscientes”, son “minería sustentable”. O alguna otra frase publicitaria del estilo. La sumisa (y generosamente pagada) prensa chilena ya ayudó en eso.
Pero recuerden: Minería sustentable es un oxímoron, como decir “copia original”, “nueva normalidad” o “inteligencia militar”…

De pasada, por el mismo precio, el Estado de Chile reafirmó su propiedad sobre los territorios que han sido reclamados desde hace tiempo por la Nación Lickanantay***, y esto con la anuencia de la organización llamada Comunidad Indígena de Peine (CiP), respaldada por la Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños (AiCPA)

Todos ganan, excepto la causa territorial de la Nación Lickanantay, con organizaciones indígenas reducidas a ser una comparsa del gobierno, actores secundarios o terciarios que está más lejos que ayer de sus reivindicaciones territoriales.

Y sin derecho a reclamo. Porque, ¿Acaso no fueron escuchados? ¿Acaso no va a haber indígenas sentados en las supuestas mesas de trabajo? ¿Acaso de aquí a 15 años no va a haber algún chamán despistado realizando un “paguito a la tierra” cuando corten la cinta de inauguración del “nuevo y restaurado” Salar de Punta Negra?
Eso, si es que alguien se acuerda, dentro de unos años, del famoso salar y de la conciliación. Recordemos que las dirigencias indígenas desde hace largo tiempo han firmado muchos acuerdos extraños, rendiciones y malas negociaciones, de los que nadie puede o quiere acordarse.

Además, se pudo hacer cómplice a gran parte del “mundo científico”, siempre tan frágil y necesitado de financiamiento, para que al menos no salieran a denunciar por ridículo un plan que pretende “reponer” el salar en 15 años.
Quizás fuera posible, pero no con miserables 81 millones de dólares. ¿O quizás en unos 150, 200, 1000 años? Póngale usted su apuesta, es tan buena como la de cualquiera. Incluso con todo el dinero del mundo.
Y es muy probable que en 15 años más ya no gocemos de la compañía de nuestro amable vecino minero.

Honrosa Excepción

Que sepamos, nunca se han recuperado salares en el mundo. Así que ese dinero podría considerarse inversión en  un trabajo experimental. Si no resulta, tampoco va a significar nada. Pero es un dinerillo que va a fluir por consultoras y asesoras, que no le van a hacer asco a estos ingresos.

Después de todo este proceso, ha quedado jurídicamente establecido, en sede ambiental, como diría un abogado, que el propietario, dueño del territorio donde está emplazado el salar de Punta Negra, es el Estado de Chile. Con la aprobación, implícita, pero aprobación al fin y al cabo, de las organizaciones llamadas Comunidad indígena de Peine (CiP) y la Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños (AiCPA).

Quedó establecido, ante el tribunal ambiental, que estas organizaciones y por extensión la Nación Lickanantay, NO tienen derechos territoriales, más que los que el Estado quiera en algún momento graciosamente otorgarles. NO ahora, sino en un hipotético futuro. Y a cambio de NADA.

Las declaraciones de Amanda Barrera, presidenta de la CiP y otros reconocidos líderes de esa comunidad, valoran sobremanera el hecho de no haber recibido ningún dinero, ninguna compensación económica.
Todo este énfasis, claro, genera muchas dudas. Se reclama demasiado que no se ha recibido nada, se repite demasiado “nada para nosotros, todo para el salar”

¿Y la indemnización por daños? La Escondida reconoció que arrasó con el Salar. ¿No recibirá castigo alguno?  Resulta que La Escondida ha estado sacando agua durante 20 años, sin ningún control, sin pagar nada.

No hay que olvidar que la demanda fue por "daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra"

Exigir una indemnización era lo mínimo, considerando que BHP Biliton no es la única empresa con acciones ambientales cuestionables.

Queda el precedente: Destruyo un salar y pago una ridícula cantidad, para reparar lo que todos saben que es irreparable. Y algunos despistados hasta me aplauden.

Por otro lado, si los indígenas son los dueños, algo debieran haber recibido. El no haber recibido NADA, no es virtud, sino otro reconocimiento de que NO son los dueños.

Si se quiere virtud, se reciben los recursos y luego transparentemente se muestra en que se han usado. La mayor parte de los reclamos y críticas que reciben las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas por sus acuerdos con las mineras no es por recibir dinero, sino por pretender ocultar el hecho y además no dar cuenta nunca de lo que se hace con esos recursos.

Si alguien es dueño de un territorio, y de los recursos en ese territorio, debe cobrar por ellos a quien los extrae. Eso es lo que se llama “Royalty”. Solo que el Estado de Chile no lo cobra, por razones que debieran ser obvias (corrupción).
Si las comunidades llamadas comunidades indígenas son las dueñas del territorio, se les debiera pagar a ellas ese royalty.

¿Son o no dueños?

Esa es una discusión que ni siquiera comienza, cuando la CiP junto a la AiCPA ponen una respuesta negativa: NO. No son dueños.

¿Y el salar? Está dentro de la arrogancia humana creer que la naturaleza es una mercancía o una responsabilidad. Dentro de mil o dos mil años, estará ese salar u otros. Con otra ecología, otros parámetros, etc. No lo sabemos. Pero la pregunta no es si va a haber un salar. La pregunta es si vamos a estar nosotros.

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* Para quienes no sepan de que hablamos, aquí hay artículos relacionados:

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** Esta es una burda estimación, a la baja. Nos basamos en cifras de utilidades de 2020, que fueron de US$ 1.499.000.000 (año bajo) como puede verse en el artículo de la Tercera:

Lo dice la Tercera >>

Luego, multiplicamos por 20.
81 millones es el 0.27% de 30 mil millones.

Para terminar de hacerse una idea, las utilidades del primer trimestre de 2021 fueron de US$ 974.000.000

Las ganancias de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, se dispararon en el primer trimestre gracias mayor valor del metal

Nada de esto es información clasificada, ni oculta. Los que negociaron, tenían bien claro de cuanto dinero se estaba hablando.

*** La Nación Lickanantay es una aspiración, un sueño en progreso de muchos atacameños que piensan en la unidad territorial y sobre todo en una unidad cultural de los lickanantay. No todos los atacameños piensan que esta idea de una “Nación” sea factible o necesaria. Se reconocen más bien como miembros de alguna organización llamada Comunidad Indígena, o como habitantes de algún ayllo o localidad, dentro del territorio. Recordemos que entre el 60 y 70% de habitantes de la zona reconocida por el Estado, como propia de la etnia atacameña, no pertenecen a alguna de las organizaciones llamadas comunidades reconocidas por el Estado de Chile.

Si alguna vez llega a conformarse realmente este ideal, está por verse en el proceso histórico de esta zona. Proceso histórico en el que entra esta conciliación.