Reunión muy especial, ya que supuestamente estaba dirigida a los socios de la Asociación de Regantes de San Pedro de Atacama, e incluso, según a quien se le preguntara, había sido citada como una Asamblea General de la Asociación.
A pocos días de la reunión informativa de la DGA y la consultora Luis Arrau, que se efectuó el 30 de octubre, en la casa parroquial de San Pedro, en la que los ánimos ya estaban bastante caldeados, se esperaba una reunión agitada, cosa que efectivamente sucedió.
Puede ver un artículo sobre esa reunión Aquí>>
Aunque no al nivel de los temores de don Ricardo Vilca, presidente de la Asociación, que incluso solicitó la presencia de Carabineros afuera de la sede.
Finalmente, la catarsis se produjo. Un sorprendido Seremi de Agricultura, que al parecer venía a una cosa, se encontró con otra.
La reunión comenzó con la introducción de Ricardo Vilca, que manifestó con mucho énfasis que esta era una reunión informativa.
Maria Loreto Pacasse, abogada de INDAP, comenzó la exposición con el tema de las condiciones legales necesarias para construir el embalse. Ella fue un poco más afortunada que la siguiente expositora, Magdalena Donoso, ya que al menos alcanzó a terminar su exposición, aunque interrumpida por frecuentes reclamos de los asistentes.
Entremedio, la primera exigencia de los asistentes fue que no se filmara la reunión. Así que el personal contratado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura tuvo que apagar sus cámaras.
Según la abogada de INDAP, lo que su entidad estaba proponiendo era un estudio para fortalecer la capacidad de gestión de la organización, regularizar los terrenos, diagnóstico organizacional, diagnóstico de las condiciones de los canales, uso del agua en la agricultura y apoyar en la solicitud de declaración de agotamiento del río San Pedro.
También crear un sistema de información geográfica, para saber como esta en la actualidad el río.
Después de la abogada Pacasse, le tocaba el turno a la abogada de la CNR, Magdalena Donoso, que sólo alcanzó a declarar que la CNR quería hacer un programa para constituir una Junta de Vigilancia del río San Pedro. Eso fue todo lo que alcanzó a manifestar antes de que la gente, al grito de “no queremos”, la interrumpiera.
A partir de ese momento los asistentes comenzaron una discusión general, en que hubo muchas intervenciones, en las que la tónica general fue de que en realidad no se necesitaba mayor información sobre la junta de vigilancia, ya que estaban lo suficientemente informados para saber que NO querían eso.
Allí intervino el Seremi de Agricultura, Gerardo Castro, que además de solicitar respeto, indicó que el año 2010, en junio, se había realizado un congreso a la que habían asistido dirigentes de toda la comuna, en la que se habían recogido “las demandas, los deseos, los intereses de los agricultores de esta parte”, entre las cuales, la más importante eran justamente la construcción de un embalse. Es decir, según él, con el tema del embalse, estaban “respondiendo la demanda de la gente”.
Ante esto, se le manifestó que si los regantes habían encargado un embalse, eso debería estar en las actas de alguna asamblea en que, según los estatutos de la asociación, al menos los dos tercios de los miembros estuvieran de acuerdo.
El Seremi desestimó este reclamo, con el argumento de que habían conversado con las directivas, por lo que si había algún problema con la legitimidad de eso, era un problema de los miembros de la Asociación.
No tenemos suficiente espacio para detallar todas las discusiones que se suscitaron, así que nos remitiremos a la grabación de la reunión, para aquel que le interese.
Pueden oír la grabación de la reunión aquí >>
Lo importante es que los asistentes se manifestaron absolutamente contrarios a la instauración de una junta de vigilancia. Incluyendo a Sandra Berna, que se presentó como regante, más que como alcaldesa, aunque igual estaba sentada en la mesa de las autoridades.
De hecho la reunión termino con un masivo NO de los asistentes, cuando Justo Zuleta preguntó, para terminar la reunión, si querían embalse.
Una de las cosas más llamativas, y probablemente lo que más provoco la molestia de los asistentes, es que el tenor de las intervenciones del equipo traído por el SEREMI, fue paternalista de entrada, con la abogada Pacasse, quizás fruto de su inexperiencia, refiriéndose a como se les podía enseñar a los miembros de la asociación a organizarse mejor.
No mejoró mucho el clima las intervenciones del SEREMI, que insistía en que el hecho de que los dirigentes habían solicitado la reunión no hubieran consultado a sus bases no era problema de ñel, además de una actitud ligeramente prepotente.
Como le dijo una de las participantes:
“Me parece indigno, así como un paternalismo, ustedes vengan a hacernos una especie de clase, sobretodo al pueblo atacameño, sobre lo que es regar... Nosotros tenemos reglamentos, tenemos estatutos, tenemos una forma de organización, entonces venir a explicarnos, así como niños, que hay que organizarnos, como hay que regar, para tener frutos, cosas básicas, me parece una falta de respeto...”
Si bien el discurso de los visitantes fue siempre que esta era una reunión informativa, y que el tema de la junta de vigilancia no estaba decidido, parece que nadie les creyó. Sobretodo si la abogada Donoso dijo literalmente al comenzar su presentación:
“La CNR quiere hacer un programa para constituir una junta de vigilancia en el río San Pedro”
Cosa que se hizo aun más evidente cuando la abogada Donoso, en su penúltima intervención, ya mostrando algunos signos de exasperación dijo que: “...Se han dicho muchas cosas del Código de Aguas...Yo vengo a decirles hoy día que este es el Código que hay, la realidad que tenemos hoy en día, y con estas reglas tenemos que jugar... estas son las reglas del juego en este momento...”
“...y quería hacer otro alcance más... ustedes tienen el 89% de los derechos de agua... las mineras y todos las otras individuales tienen solamente el 11%, ¿saben el peso que tiene ustedes? ¿El poder de negociación que tienen ustedes con el 89%? Eso significa que en un directorio ustedes pueden elegir a 6,¡6 de 7 electores!. Su poder es casi absoluto... el estado en este momento está ofreciendo la posibilidad de hacer una junta de vigilancia sin costo para ustedes y creo que están desaprovechando. Muchas gracias.”
Es evidente que el estado, representado por el SEREMI y su equipo, quiere instalar la Junta de Vigilancia. Eso a pesar de que la única justificación para esta, es la existencia de un Embalse que debe ser administrado por una organización de esas características. Pero también volvió a quedar claro que en el mejor de los casos esa obra tardará varios años, al menos 4 o 5 en hacerse realidad. ¿Por qué entonces el apuro en crearla?
Esa, entre otras, es una duda que no fue respondida por la autoridad regional. Incluso ante el emplazamiento hecho por la abogada Nancy Yañez, presente en la reunión:
“Ninguna autoridad a querido nunca constituir una junta de vigilancia en esta región ¿y saben porque? Porque saben perfectamente que acá los problemas de inequidad al interior de las juntas de vigilancia para resolver conflictos, actúa en contra de los intereses de las comunidades locales. Entonces, imponer una junta de vigilancia, que no tiene referencias en la tradición organizacional de las comunidades, que han logrado salvaguardar su estructura comunitaria, que funciona. Y además como decisión ex ante a un tranque cuya factibilidad no esta determinada, la verdad es que es del todo irrazonable.”
Nota: Ex ante se refiere a una acción o suceso que se prevé con antelación (o eso se pretende)
Y dentro de la reunión hubo una serie de afirmaciones bastante irrazonables, sobre todo de parte de la autoridad regional.
Huachar
Uno de los temas, que como fantasma recurrente surcó la reunión, fue la memoria de lo sucedido con el estanque de Huachar, obra impulsada por INDAP en el año 2001-2002 y que terminó por sumir a la Asociación de Regantes en una deuda de más de 200 millones de pesos que llevó en algún momento a que INDAP intentara embargar las aguas del río San Pedro. El SEREMI reiteradamente recordó a la concurrencia que ellos habían condonado esa deuda que se arrastraba por años, en clara alusión a gobiernos anteriores. Cosa que no le sirvió de mucho, porque como le recordó uno de los asistentes, el estaba ahí en representación del Estado, que era quien había impulsado lo del estanque Huachar.
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Este tema también motivo uno de los momentos más lamentables de la reunión, cuando Sandra Berna, que se presentó como regante, aunque estaba sentada en la mesa de las autoridades, no solo recordó el problema, sino que mencionó directamente al dirigente responsable de aquello. Una salida algo extemporánea, sobre todo considerando su experiencia en el mundo político. No es por defender al dirigente, que habrá cometido sus errores, pero casi podría considerarse esa situación como un intento de distraer la atención del punto que se estaba tratando. De todas maneras, ella manifestó su oposición a la Junta de Vigilancia. Claro que a esas altura del debate, no había nadie en el lugar, excepto a los representantes del gobierno, que se animara a manifestar su apoyo a la Junta de Vigilancia. Ni siquiera don Ricardo Vilca, acérrimo partidario del embalse y la Junta, que se limito a dar una tibia defensa de algunos reproches que le hizo la alcaldesa, indicando que sobre eso el no tenia responsabilidad, ya que habia sido cuando su hermano había sido presidente de la Asociación.
Si bien esta era una reunión de la Asociación de regantes, dentro del público asistente había algunos dirigentes que también intervinieron: Es el caso de Wilson Reyes, consejero nacional de la CONADI, Antonio Cruz, presidente del consejo de pueblos atacameños, y varios dirigentes de la comunidad indígena de Río Grande.
Todos manifestaron su rechazo al tema de la junta de vigilancia y por extensión, al embalse.
Antonio Cruz:
“...Las aguas que vienen de este río abastecen todo el Salar. Al descontinuar este curso normal, estaríamos afectando el salar, por lo tanto estaríamos afectando a todas las otras comunidades. Cuando a Socaire le querían llevar, BHP Billiton, minera escondida, 1027 litros por segundo, nosotros recibimos el apoyo de río Grande, para que no se llevarán el agua, y el de todos ustedes. Y cuando Socaire tuvo que decidir, pensó en toda la cuenca. No a las aguas, que no se las llevaran... Porque este tranque, o este aprovechamiento que podría llevarse la minera, va a afectarnos a todos...”
Nancy Yañez
Como ya hemos mencionado, estaba presente en la reunión la conocida abogada Nancy Yañez, del Observatorio Ciudadano, de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos indígenas.
En parte de sus intervenciones, muy celebradas por los asistentes dijo que:
“...Lo que le quiero señalar es lo siguiente... la gran critica ha nuestro sistema de aguas es precisamente que separa de modo antojadizo todas las cuestiones que involucran al agua, y el principal problema es que si eso fuera para un uso eficiente del agua, no habría problema. El punto es cuando, efectivamente, blinda intereses de unos por sobre otros...”
.”..Todos sabemos que hay una demanda por parte de la industria, particularmente de la minería, en consecuencia, eso es una cuestión que debe ser despajada antes de establecer cualquier discusión.. Porque resulta que si el tranque tiene una función multiuso, discúlpeme, pero la verdad de las cosas es que está resolviendo un problema de escasez, no solo para quienes hoy día son beneficiarios de las aguas del río, sino que efectivamente está buscando resolver la problemática de la escasez para generar mayor disponibilidad de agua...”
“Respecto a los derechos de aguas, los pueblos indígenas de Chile, del norte del país, tienen dos derechos fundamentales que han modificado el régimen del código de aguas, y a dado lugar a casos emblemáticos. Uno de ellos en la cuenca del río Loa, que es el caso de Toconce, y otro en la cuenca de quebrada de Tarapacá, que hoy día da vuelta la doctrina jurídica a nivel mundial... el articulo 64 establece que el derecho indígena se funda en la propiedad ancestral. Y la corte suprema ha dicho que es el derecho consuetudinario el que confiere el título que la ley es meramente declarativa de un dominio que preexiste a la declaración judicial que así lo declara. En esto se sigue un criterio que es aplicable no solo para las aguas, sino que también para los territorios.”
“Respecto a los territorios, hoy día, la aplicación del convenio 169 y las jurisprudencias de las cortes internacionales sigue la misma lógica. Ahora, ese es el criterio con que se debe, en definitiva, reflexionar acá... si la comunidad da cuenta que no tiene problemas para gestionar su agua, ¿Por qué imponerle una estructura jurídica que no está basada en su derecho consuetudinario? Por la presencia del embalse, exactamente. Entonces, acá hay un punto que creo que es crucial... primero, las comunidades indígenas tienen una larga tradición, tanto en el diseño de infraestructura para aducción de agua cono en la gestión comunitaria de sus aguas. Muchas de las estrategias de cuenca apelan a los conocimientos tradicionales indígenas y en toda la región andina para establecer mecanismos participatorios entendiendo que estas formulas tradicionales salvaguardan de mejor manera la multiplicidad de usos, no solo productivos. Las Juntas de Vigilancia son funcionales para garantizar los usos productivos del agua, y aquí la gente a sido enfática en señalar que la cuenca provee una multiplicidad de otros servicios, que colisionan con los intereses productivos que pretende resolver el tranque y eso es parte fundamental del problema.”
“Entonces aquí es importante tener en consideración que el código de aguas NO es la única institucionalidad. Es más. El código de aguas, hoy día, se ha supeditado a otros derechos que están reconocidos en el país y que tiene mayor rango que el código de agua. Como el convenio 169. Fíjate que eso ha permitido, precisamente en esta cuenca, ha ido la base para evitar la extracción de las aguas en pampa colorada...”
“... ha permitido impedir la vente de 500 litros de agua por segundo, que la empresa sanitaria, en la cuenca del río Loa, declarada cuenca saturada, pretenda venderle a la empresa minera...”
“... Ninguna autoridad a querido nunca constituir una junta de vigilancia en esta región ¿y saben porque? Porque saben perfectamente que acá los problemas de inequidad al interior de las juntas de vigilancia para resolver conflictos, actúa en contra de los intereses de las comunidades locales. Entonces, imponer una junta de vigilancia, que no tiene referencias en la tradición organizacional de las comunidades, que han logrado salvaguardar su estructura comunitaria, que funciona. Y además como decisión ex ante a un tranque cuya factibilidad no esta determinada, la verdad es que es del todo irrazonable...”
Nota: Ex ante se refiere a una acción o suceso que se prevé con antelación (o eso se pretende)
Finalmente
Varias cosas quedan claras después de esta reunión.
Quizás la principal es que hay una distancia bastante grande entre las dirigencias y los miembros de la Asociación. Esta distancia se expresa, en palabras de la propia alcaldesa, como miembro de la Asociación, en que: “Las dirigencias no bajan la información”
La forma de funcionamiento de las directivas, con poco a nada de traspaso de información hacia las bases y mucho menos una recogida de información desde estas, sufrió una crisis en esta reunión.
Esperamos que la respuesta de las dirigencias sea abrirse a una nueva forma de gestión, para acortar su distancia con dichas bases. Eso lo sabremos con el tiempo.
Esta reunión fue una gran catarsis. La gente gritó, pataleó y se expresó, algunos bastante ruidosamente. Pero en la práctica, está por verse los resultados reales de esta asamblea. De entrada, nos preguntamos si en verdad se dejó firmemente establecido la decisión de No a la Junta de Vigilancia. En términos estatutarios, al no ser finalmente una asamblea general, la decisión de la asamblea, no votada, sino gritada, no obliga realmente a la directiva. De hecho, días después de la reunión, don Ricardo Vilca publicó una inserción en el periódico Lickanckoi en que dice literalmente: “no podemos rechazar la propuesta de construir un embalse para solucionar nuestros problemas de riego” Es decir, el desconoce el NO de los asistentes a esa reunión.
Pueden ver la declaración completa aquí >>
En todo caso, en una conversación sostenida con el dirigente, manifestó que dicha carta era su “apreciación como presidente” y que si “los regantes no quieren Junta de Vigilancia, NO no más”
Además precisó que es partidario de la Junta de Vigilancia sólo en el caso de que la propiedad siga siendo comunitaria: “No se transa ese punto. Si no es comunitaria, yo soy el primero que pongo el grito en el cielo”
Así que más allá de los resultados catárticos de la reunión, el problema seguirá latente.
Una cosa que el SEREMI de agricultura nunca mencionó, fue justamente el tema de la agricultura en San Pedro de Atacama. La profunda crisis de esta actividad en la zona, es un tema que nadie discutió en la reunión. El hecho de que esta actividad este agonizando, no parece entrar en las necesidades de gestión del gobierno. Esto da para un reportaje en si mismo, cosa que esperamos poder desarrollar pronto.
Quedó claro que el interés del Estado, en este caso, no está en potenciar la agricultura, sino en imponer un modelo neoliberal de manejo del recurso hídrico en uno de los pocos, sino el único, lugares donde aun el agua es un recurso que pertenece a la comunidad organizada.
Para lo cual necesitan que la asociación voluntariamente, renuncie a esta prerrogativa.
Recordemos que el Seremi nunca mencionó (ni nadie, en realidad) como argumento, algún estudio o proyecto que justificara la medida del embalse, desde el punto de vista de mejorar la productividad agrícola, ni nunca puso el tema dentro de un proyecto mayor de mejorar la agricultura dentro de nuestra zona.
Si bien la convocatoria fue hecha a través de la Asociación de Regantes, y en la puerta el secretario tomaba los datos de quienes llegaban, no fueron ellos quienes convocaron esta reunión. Según información proporcionada por el presidente de uno de los grupos de regantes, el se enteró, en una reunión realizada el lunes 12, en la que sólo participó la directiva, que la reunión del 10 de noviembre fue solicitada a la DGA por la propia Sandra Berna, para lo cual doña Mirta Solís realizó las gestiones, en Antofagasta. Para esto, doña Mirta no habría ido como representante de la Asociación, ya que ella, si bien pertenece al directorio en su calidad de representante del grupo de regantes Nº3, no es parte de la directiva, ni fue mandatada por esta.