Como todos sabemos, existe un convenio CORFO-SQM, que data desde el 2018, por el cual se les entregaría a las Organizaciones Llamadas Comunidades Indígenas (OLCI) de la comuna de San Pedro de Atacama un porcentaje de las ventas de litio de la empresa.
Esto ya provocó un conflicto por esos días, del cual dimos alguna cuenta en
Halur'cki'ituris'heelata isa Puri (La guerra del agua de mentira)
Al margen de los berrinches de las comunidades, el proceso ha seguido su curso. Al igual que cuando un arrendatario tiene un conflicto con su arrendador y deposita la plata en la tesorería, SQM ha estado depositando los dineros del convenio en una cuenta de CORFO, la que ya suma 45 millones de dólares, o algo así como 35.460.000.000 al cambio de hoy, cuando se escribe este articulo.
Desde el año pasado, Pablo Terrazas Lagos, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, con una diligencia digna de mejor causa, ha sostenido una serie de conversaciones y presiones para que las comunidades hagan uso de este dinero. Aparentemente está un poco urgido por gastar estos recursos, quizás en previsión de un drástico cambio en las condiciones luego de que asuma un nuevo gobierno.
Como podemos ver en la presentación que puede descargar AQUÍ >>, que nos fue entregada por un dirigente que nos pidió reserva de su nombre, CORFO busca un sistema para entregar los dineros a las 21 comunidades que según ellos, están en condiciones de recibirlas.
Para aquellos que conocen el movimiento de las Organizaciones Llamadas Comunidades Indígenas (OLCI) en esta zona, les debe llamar la atención el número 21, ya que son 18 las que integran la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameño (AiCPA) y que son partes de un convenio muy parecido con la otra explotadora del salar, Albemarle.
Es que CORFO hizo aparecer otras tres comunidades en este reparto:
Puna de Tocol, Alis, Celeste y Puques (Esta es una sola)
Tulor y Beter
Agricultores y Regantes Río Vilama.
La mayor parte de este año se ha ido en negociaciones de CORFO con las OLCI, en forma individual, para que vayan aceptando recibir estos dineros y además acogerse al sistema que está implementando la organización estatal, que difiere del convenio firmado con la minera.
La AiCPA queda fuera de este convenio, ya que es una Asociación Indígena, entidades que no están consideradas en el convenio.
Lo que se mantiene, para disgusto de las comunidades, es que las platas deben entregarse a través de proyectos, con la colaboración de un tercero. Eso dice la presentación, aunque no explica quien pudiera ser este tercero. Se habría conversado con alguna entidad internacional, pero sin llegar a definir nada.
Lo otro que llama la atención, es que el reparto no va a ser parejo, como en el caso del convenio con Albemarle. Se va a usar un complejo sistema para determinar montos, basado en la distancia del Salar, la cantidad de socios al 29 de abril de 2020 (No es broma: 2020 fue un año bisiesto) además de una cantidad fija por cada OLCI
Un cuadro como el siguiente:
(Mismo origen que el PPT) puedes descargar una más grande haciendo click en la imagen
Como podemos ver, el factor más importante, en cuanto a aumentar la cuantía del dinero es el número de socios, más que la distancia a la que se encuentran del Salar.
Por ejemplo, Río Grande recibirá US$ 2.346.000, mientras Solor recibirá US$ 1.643.000, aun cuando está obviamente más cerca del Salar. Esa diferencia la hace los 129 socios de Río Grande frente a las 45 de Solor.
Las tres comunidades en formación están consideradas aparte dentro de este cuadro, porque no son parte de la AiCPA
Por otro lado, según sabemos, la fecha de constitución de la organización, como limite para participar dentro del convenio, es un fruto de la imaginación de CORFO, ya que el convenio no indica esa diferencia. Es decir, se podría interpretar que cualquier comunidad, dentro del Salar, que se forme en el futuro, debería ser incluida en este convenio.
En este proceso, se guarda mucho hermetismo sobre cual OLCI ya ha aceptado y cual no. Según algunas versiones, hasta 15 comunidades ya se habrían alineado con el convenio.
Finalmente
No vamos a discutir acá el derecho a recibir esos pagos, o a cambio de qué.
Creemos que en el Salar, mucha de la discusión sobre quien entrega los recursos ha servido como una distracción acerca del tema, mucho más importante, de que se hace con esos recursos y como se da cuenta de ellos. Algo en lo que están de acuerdo todas las OLCI y el AiCPA: El uso de esos recursos no se discute. Tema que debiera cambiar, al menos con el AiCPA, si tienen pretensiones de gobernanza con el territorio. Pero eso lo discutiremos en profundidad en una próxima entrega.
Por otro lado, Albemarle está entregando cuantiosas cantidades a las directivas indígenas hace 5 años y hoy día no aparece cuestionada en ninguna de las movilizaciones contra el extractivismo en el Salar. SQM, que arrastra un pasado bastante oscuro, eso no se puede negar, parece estar convirtiéndose en el pato de la boda. Por otro lado, BHP Biliton, aunque casi liberado después de haber pagado US$ 80 millones a cambio de US$ 30.000.000 de agua y la destrucción de otro salar, sigue presente y con intereses en el Salar de Atacama. No es menor la cantidad de terreno que tiene, con concesiones de explotación, al sur de Solor y Coyo (La laguna Cejar está en terrenos de esas concesiones).
Sin pretender ser demasiado suspicaz, parece que hay, en torno al salar, una lucha corporativa muy fuerte.
Por otro lado, las negociaciones siguen. Mientras escribimos esto, la AiCPA está negociando con SQM el retiro de su oposición a la nueva RCA, a cambio de plata y otras cosas. Estos días, se están realizando reuniones en San Pedro en esa dirección. Sobre todo, habrá que revisar cuales son las “otras cosas”
Pero eso lo comentaremos en los próximos días.